Diana Karina Barreras Samaniego, integrante de la LXVI Legislatura de la Cámara de Diputados por el Partido del Trabajo (PT) y representante del Distrito 3 de Hermosillo, Sonora, fue recientemente señalada en el debate público tras la resolución del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) relacionada con violencia política de género, lo que llevó a que fuera conocida en redes sociales bajo el apodo “Dato protegido”.
El caso surgió cuando Karla María Estrella Murrieta, ciudadana de Hermosillo, publicó en la red social X comentarios que, según el Tribunal, atribuían los logros políticos de Barreras a la intervención de una figura masculina, reforzando estereotipos de género. Esa narrativa fue denunciada ante instancias electorales como violencia política contra las mujeres en razón de género. Como parte de la sanción impuesta, Karla Estrella debe publicar un extracto de la sentencia y pedir disculpas durante 30 días en su perfil, señalar de manera reiterada el término “Dato protegido” para salvaguardar datos personales, además de tomar cursos de género y mantenerse inscrita en un registro de personas sancionadas. La sentencia ha sido criticada por sectores de la opinión pública, que la consideran una medida de censura y abuso de poder frente al derecho a la libertad de expresión.
Respecto a los datos públicos que sí pueden ser difundidos, la información oficial indica que Diana Karina Barreras tiene 42 años, es originaria de Hermosillo, Sonora, fue electa por mayoría relativa y representa al PT. Su último grado de estudios es licenciatura en Derecho, y cuenta con experiencia legislativa previa como diputada local.
¿Cuál es su sueldo?
En cuanto a su remuneración económica, el ingreso mensual neto estimado asciende a 153 mil 500 pesos en 2025. El monto se compone de una dieta neta de 79 mil pesos, 45 mil 786 pesos en concepto de asistencia legislativa y 28 mil 772 pesos por atención ciudadana, conceptos estipulados en el Diario Oficial de la Federación.
A estas cifras se suman prestaciones como seguro médico mayor, fondo de ahorro institucional, aguinaldo de 40 días de dieta bruta y seguro de gastos funerarios. Estos ingresos corresponden exclusivamente a su función como diputada federal, sin considerar otras fuentes privadas o patrimoniales.
La discusión sobre el caso “Dato protegido” y la resolución del TEPJF ha abierto un debate sobre los límites entre la crítica legítima, la protección de datos personales y la violencia política de género en redes sociales y espacios públicos.
Pese a la controversia, la diputada sigue defendiendo que atribuir los logros a las relaciones personales u otra cosa fuera de las capacidades de las mujeres que se dedican a la política se debe considerar un acto de violencia política de género.
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