El 20 de febrero de 2025 quedó marcado como la fecha en que los gobiernos de Estados Unidos y Canadá oficializaron la designación de algunos cárteles mexicanos como organizaciones terroristas.
Tráfico de fentanilo, trasiego de migrantes y lavado de dinero son algunas de las actividades ilícitas que las administraciones de Donald Trump y Justin Trudeau le han atribuido a estos grupos que, aunque tienen su base en México, operan de manera transnacional.
Más allá de las declaraciones emitidas por ambos mandatarios, así como por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, conviene explorar cuáles serán los efectos que tendrá esta nueva clasificación en contra de las agrupaciones delictivas.
Consecuencias por parte de EEUU
El Departamento de Estado emitió la orden para que los cárteles de Sinaloa (CDS), Jalisco Nueva Generación (CJNG), del Golfo (CDG), del Noreste (CDN), Unidos (CU) y la Nueva Familia Michoacana (LNFM) se inserten en la categoría de Organizaciones Terroristas Extranjeras (FTO, por sus siglas en inglés) y Terroristas Globales Especialmente Designados (SDGT).
Una de las principales implicaciones de esto es que los grupos y sus integrantes quedarán aislados del sistema financiero estadounidense, lo que bloquea su acceso a los recursos que necesitan para desempeñar sus actividades.
Específicamente, el Código de Estados Unidos señala que el secretario del Tesoro podrá exigir a las instituciones financieras del país que bloqueen todos los bienes y propiedades relacionados con estas organizaciones. Asimismo, se le prohíbe a las y los ciudadanos estadounidenses realizar cualquier tipo de transacción con los individuos o grupos designados.
La legislación también establece que los integrantes de las FTO son “inadmisibles” en su territorio e incluso pueden llegar a ser deportados en caso de que ya se encuentren en suelo estadounidense.
De forma adicional, los lineamientos del Departamento de Estado precisan que es ilegal que cualquier persona en EEUU proporcione apoyo material o recursos a una organización terrorista, lo que contempla todo tipo de propiedades (tangibles o intangibles) y servicios, incluidos instrumentos monetarios o valores financieros, alojamiento, capacitación, asesoría, casas de seguridad, documentación falsa, equipos de comunicación, armas, sustancias letales, explosivos, personal y transporte.
Efectos según la legislación de Canadá
El ministro de Seguridad Pública, David McGuinty, fue el encargado de ratificar la aplicación de esta medida para Canadá, con la diferencia de que en la lista de cárteles considerados como organizaciones terroristas no figura el Cártel del Noreste.
Uno de los principales intereses del gobierno canadiense en relación con los cárteles mexicanos recae en el lavado de dinero, pues las autoridades han identificado sofisticados mecanismos para hacer que los recursos obtenidos de actividades ilegales se inserten en el sistema financiero.
Según declaraciones compartidas por el ministro a la prensa, la designación de estos grupos como organizaciones terroristas “le dará a nuestras autoridades policiales mayores competencias para rastrear el dinero, seguir los activos y desmantelar las actividades de los cárteles”.
Entre las herramientas que contempla el Código Penal de Canadá para combatir a grupos terroristas destaca la prohibición para cualquier ciudadano —incluidos los que se encuentran en el extranjero— de comerciar, realizar transacciones, prestar servicios, transferir bienes o poner de cualquier otra forma bienes a disposición de las personas incluidas en la lista. Bajo la misma narrativa, todos los designados bajo esta categoría se enfrentan a la congelación de sus activos.
Otra de las sanciones que el gobierno canadiense impone en esta materia se refiere a la restricción para exportar armas o explosivos a cualquiera de las personas identificadas como integrantes de estos grupos. Igualmente, queda prohibido proporcionarles “asistencia técnica relacionada con el suministro, fabricación, mantenimiento o utilización” de material bélico.
Finalmente, de manera similar a lo que ocurre en EEUU, “las personas que solicitan la entrada a Canadá son rechazadas si se descubre que son miembros de organizaciones dedicadas al terrorismo”.
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