“Hoy vienen del Gobierno, no manejemos ni hagamos movimientos con dinero”, la advertencia de un jefe piquetero en la causa que investiga extorsiones

“Compañer@s hoy vienen del gobierno. Inspección. Hoy no manejemos ni hagamos movimientos con dinero para evitar cualquier mal entendido”. El mensaje es de Gustavo Vázquez, uno de los imputados en la causa que investiga si referentes de movimientos piqueteros extorsionaban y amenazaban a beneficiarios de planes sociales.

Según confirmaron a Infobae fuentes judiciales, el juez federal Sebastián Casanello y el fiscal Gerardo Pollicita no solo analizan la figura amenazas coactivas, extorsión y administración fraudulenta en perjuicio de la administración pública. La investigación apunta a determinar si pudo existir lavado de dinero.

La preocupación quedó expuesta en un diálogo entre dos de los imputados, Elizabeth del Carmen Palma y Jeremías Cantero el 27 de marzo de 2024. Estaban hablando de las medidas anunciadas por el Gobierno nacional en relación a cooperativas constituidas durante los últimos cuatro años con funcionamiento irregular.

Aparecen entonces el nombre de tres cooperativas. Una de ellas era “El Resplandor”, en donde el Polo Obrero recibiría fondos de las “cápitas” sin registrar contablemente. Para los investigadores, ambos “conocían el origen presuntamente ilícito de los fondos”. Pero después Palma habla con otra persona, aún no identificada. Y ahí aparece el siguiente diálogo:

-“A mí me preocupa, primero que todo, El Resplandor, porque ahí hay compañeros que cobran lo de Veredas Limpias, que igualmente me parece que es la más limpia de todas (…) y después también me preocupan las otras, porque por más que vos digas que no son Asociación Civil Polo Obrero tiene la dirección de acá, de la Asociación Civil Polo Obrero”, dice Palma.

-“No nos van a meter en cana. Nos van a dar de baja las cooperativas y yo no sé cómo carajo vamos a hacer”, le contesta una persona aún no identificada.

-“Nos pueden investigar por lavado de plata, te doy un ejemplo (…). Lo que podemos tener, es las cosas legales correctas”, dice la mujer.

-“Sí… hay que ver hasta qué punto. Lo más correcta que se pueda”, le responden.

-“Me preocupa más El Resplandor, porque ahí cobran compañeros de Capital, ¿sí? O sea, ¿cómo justificamos la plata que entra?”, se preguntó.

Según otras conversaciones que obran en la causa del 1 de abril, dos delegadas del comedor La Carbonilla señalan que tenían unos 300 mil pesos del dinero de “cápitas” y que el propio referente del comedor, Vásquez, ya había retirado dinero anteriormente de allí para él mismo, señala la investigación.

En la causa declaró un testigo que declaró que a uno de los comedores asistían unas 150 personas y que las “cápitas” eran del 2% del Plan Potenciar Trabajo. Bajo ese escenario, solo en ese comedor, la recaudación mensual por este concepto sería de entre $234.000 y $540.000, según se trate de “beneficiarios comunes” —que cobran $78.000— o “esenciales/nexo” — que perciben el doble—.

Vázquez también aparece en otra de las conversaciones con Cinthya Delgado, delegada, que sustentan la acusación. Es cuando Vázquez se queja porque los beneficiarios quieren acceder a la comida que reparte el comedor: “Que paren un poco, porque se están llevando un plan, se están llevando comida, van al comedor ¿y encima les tenemos que dar más cosas? (...) Si quieren venir, que vengan y si no, que se vayan todos a cagar, punto. Porque vos sabes cómo está la cosa, que está re difícil”... Y un rato después pregunta: “Che ¿y yo puedo retirar algo? ¿hay algo para mí?”. La mujer le dice que sí, que vaya, “así te llevas tu pollo, tu carne, todo, ravioles, lo que es fresco”.

La causa se inició a raíz de las denuncias que recibió el Ministerio de Seguridad el 20 de diciembre, en una de las primeras movilización contra el Gobierno Nacional para que, anónimamente, las personas pudieran denunciar aprietes de las organizaciones sociales para participar de las movilizaciones.

La hipótesis de la causa plantea que si a personas vulnerables se les exigía dinero en concepto de “cápitas”, “cuotas”, “alquiler de comedor”. El Gobierno entregaba comida a las organizaciones, pero la denuncia sostiene que había “cobros” por la entrega de alimento o la obligación de vender la comida por la zona, quedándose los acusados con la ganancia. Otra forma de recibir alimento estaba condicionada a la participación de movilizaciones de agrupaciones políticas y, en algún caso repartir, volantes de candidatos a comicios electorales del año pasado.

“Buenas noches compañeros. Estos son los que no van a retirar la mercadería de Nación porque tienen cero movilizaciones”, dice uno de los mensajes que emitió a un grupo de Whastapp Patricia Iramain, una de las delegadas imputadas en la causa, tal como reveló Infobae.

El referente del Polo Obrero, Eduardo Belliboni, que no está imputado en la causa, sostuvo esta mañana: “No te puedo negar que haya algún caso de alguna persona que haya hecho eso, no sé ni quién es. No voy a decir que es imposible, puede haber gente que tenga esa característica de rastrera, de amenazar gente”. Pero rechazó las acusaciones y aseguró: “Tengo la conciencia limpia, vivo en Burzaco hace 50 años. A mí no me llamaron porque saben que no soy un delincuente”.

Con la gestión de Javier Milei, el Gobierno Nacional reemplazó el Plan Potenciar Trabajo por nuevos programas sociales —Programa Volver al Trabajo y Programa de Acompañamiento Social— y ordenó el cese de las actividades de las Unidades de Gestión y Unidades de Certificación del Potenciar Trabajo, algo que gestionaban las propias organizaciones.

En ese contexto aparece uno de los diálogos en donde aparece uno de los acusados hablando a fines de marzo con otra persona sobre distintos tipos de manifestaciones o protestas públicas a realizar. “La verdad que hacer una acción en la 9 de julio, donde tengamos un cuarto de la capacidad que solemos mover, que es lo que estamos moviendo, es mostrar mucha debilidad. (…) Lo que hay que asumir es que tenemos menos capacidad de movilización. Porque ellos la quieren picar, que a todos nos gustaría picarla, la verdad que a mí me encantaría pudrirla, pero el otro día cuando se pudrió, la mitad se fue a la mierda”

Desde el inicio, el Gobierno tensionó la relación con los movimientos sociales. De hecho, Belliboni impulsó sin suerte una denuncia contra Javier Milei por una imagen recreada de Milei como Terminator-. Mientras tanto, las organizaciones sociales protestan contra la administración social, denuncian el recorte fondos y hasta impulsaron denuncias contra la ministra de Capital Humano Sandra Pettovello.

Hace unos días, en otra causa que también tiene en sus manos el juez Casanello, la fiscal Paloma Ochoa ordenó al Ejecutivo informar qué recursos destina a las organizaciones comunitarias que dan de comer en los barrios y qué destino tuvieron los fondos del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD). La denuncia había sido impulsada por Juan Grabois.