El Ministerio Público encabeza un operativo nacional tras recibir amenazas en varios centros educativos, lo que ha impulsado la movilización de la Fiscalía de Adolescentes en Conflicto con la Ley Penal para coordinar acciones de prevención, investigación y respuesta junto a otras entidades estatales, informaron las autoridades este miércoles.
Durante el despliegue, la fiscalía activó la campaña #PrevenciónAcciónJusticiaCivil y unió esfuerzos con el programa Escuelas Seguras de la Policía Nacional Civil, la Procuraduría General de la Nación, la Procuraduría de los Derechos Humanos y la Secretaría de Bienestar Social de la Presidencia.
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Como parte de las pesquisas, la Fiscalía de Adolescentes en Conflicto con la Ley Penal solicitó a un juez la incautación de cuatro teléfonos celulares presuntamente utilizados por menores que han sido señalados, con el objetivo de obtener evidencia y determinar la responsabilidad en los hechos bajo el marco legal correspondiente.
En los establecimientos afectados, agentes de la Policía Nacional Civil y personal educativo realizaron inspecciones de mochilas a raíz de mensajes detectados como “mañana tiroteo” y advertencias para no asistir a clases; estas medidas buscan reducir los riesgos y proteger la seguridad de estudiantes, docentes y personal administrativo.
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Las diligencias continúan bajo las atribuciones legales de la fiscalía para precisar la existencia de delitos y el grado de implicación de los involucrados.
La ministra de Educación confirmó aplicación de medidas
El gobierno activó una respuesta coordinada entre ministerios ante la detección de doce amenazas virales en centros educativos, aplicando protocolos de seguridad reforzados que incluyen medidas preventivas y de reacción inmediata, según declaró recientemente la ministra de Educación, Anabela Giracca, en una rueda de prensa institucional.
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La mayoría de los incidentes, once de los doce casos reportados, se localizaron en establecimientos privados, mientras que solo uno se registró en el sector público, específicamente en El Petén, informó Giracca. La funcionaria explicó que estos llamados retos virales afectan principalmente a zonas urbanas y comunidades con alta conectividad digital.
La titular de Educación manifestó el compromiso gubernamental con la integridad estudiantil y afirmó: “Con la seguridad de un centro educativo no se juega”, en declaraciones a la prensa.
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El modelo de respuesta prioriza la validación y la intervención directa
Cada vez que se recibe una alerta, la coordinación entre las direcciones departamentales, la comunidad educativa y las fuerzas de seguridad se activa en cuestión de horas, con el fin de validar la veracidad de la información y poner en marcha los protocolos de atención.
El sistema busca que la estructura oficial pueda reaccionar con agilidad ante cualquier amenaza y garantizar la protección del alumnado.
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En paralelo, la ministra Giracca subrayó la vigencia de los programas Cuida 1, Cuida 2 y Proesvi, que cuentan con la presencia de pedagogos, psicólogos y especialistas en todos los departamentos. Estos profesionales intervienen tanto en la gestión preventiva de las alertas como en la atención a incidentes ocurridos, cubriendo los aspectos físicos y emocionales que afectan a los estudiantes.
El protocolo oficial define los roles precisos de la comunidad escolar, autoridades locales y cuerpos de seguridad. Giracca enfatizó que “cada alerta se toma con seriedad y se coordina, por supuesto, con las autoridades de seguridad, con las direcciones departamentales y con las comunidades educativas”, según citó la ministra en el comunicado.
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El enfoque gubernamental pretende que la política de Escuelas Seguras consolide dispositivos pedagógicos y psicosociales capaces de prevenir la propagación de estos retos intimidatorios a otros planteles y de mantener ambientes escolares pacíficos.
Los responsables educativos y de seguridad pública evaluaron cada una de las doce amenazas virales detectadas y aplicaron los protocolos preventivos y reactivos previstos por el sistema nacional.
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La interrupción de la cadena de desafíos propagados en redes sociales y la neutralización de alertas en días recientes fueron atribuidas a la eficacia de la estrategia oficial, que incluyó intervenciones inmediatas, comunicación con familias y estudiantes, y una activa presencia de profesionales de contención en los centros afectados, según las autoridades.
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