El juzgado Civil y Comercial N°7 de Mercedes decretó la quiebra de Lácteos Conosur S.A., razón social de la tradicional empresa láctea La Suipachense, con una trayectoria de más de 70 años en el mercado. La compañía viene de atravesar un fuerte conflicto gremial y los 140 trabajadores de la planta industrial de la localidad bonaerense de Suipacha quedarán sin trabajo.
La resolución judicial expresó que “la inhabilitación de la empresa fallida es definitiva” y dispuso la inhibición general de bienes de la compañía. A su vez, determinó la inhabilitación del empresario venezolano Jorge Luis Borges León, a cargo de la administración de la compañía “que cesará de pleno derecho al año de la sentencia de quiebra salvo que se dé alguno de los supuestos de reducción o prórroga previstos por la ley concursal”. También lo obligó a requerir “autorización judicial expresa” para salir del país.
La decisión judicial también incluye la “clausura de lestablecimiento” de Suipacha, que incluirá “la incautación de libros y documentación que se encuentre en el lugar”, entre otras medidas. El juez interviniente también obligó a Borges León a “la inmediata entrega a la sindicatura de las llaves del establecimiento y las claves de acceso digital”.
De este modo, La Suipachense se suma a otra empresa del sector que corrió la misma suerte días atrás. Alimentos Refrigerados Sociedad Anónima (ARSA), la proveedora de los yogures, flanes y postres de la marca SanCor, fue declarada en quiebra el pasado 6 de noviembre. La decisión judicial fue tomada por el juez Federico Güerri, titular del Juzgado Comercial 29, quien dispuso la liquidación final de la compañía y el cierre definitivo de todas sus instalaciones.
La principal planta de ARSA operaba en el partido bonaerense de Lincoln, donde empleaba a 180 personas. Además, otras 200 trabajaban en la fábrica y el centro de distribución que la firma mantenía en Córdoba. Su red logística abarcaba 165 distribuidores y permitía el abastecimiento semanal de 70.000 comercios en todo el país.
La quiebra de La Suipachense llegó tras la intimación judicial a la empresa para presentar un plan de acción a fines de octubre, tras tres meses de parálisis de sus actividades.
El final de la compañía Suipachense tuvo como antecedente una larga crisis que detonó a principios de septiembre pasado, cuando la dirección echó primero a 9 trabajadores administrativos y amenazó con despedir a otros 60 empleados más. En ese momento se detuvo la actividad de la fábrica y sus 140 empleados salieron a manifestarse junto a los vecinos de Suipacha y de la vecina Chivilcoy, según informó el sitio Bichos de Campo.
El pedido formal de quiebra, informó, fue formulado el 27 de octubre pasado por Julián Coronel, un abogado históricamente vinculado a Atilra, y a la vez apoderado también de Watt’s, una de las firmas acreedoras. Para ese momento, la planta láctea llevaba tres meses de inactividad y sus empleados habían armado un campamento a las puertas del establecimiento, reclamando por una definición.
“La empresa cuya quiebra se solicita se encuentra con un cese en su producción desde hace aproximadamente 3 meses, circunstancia que no sólo se encuentra denunciada en el expediente sino que es pública y notoria, resultando de ello la delicada y grave situación de los trabajadores a cargo de la empresa, con la consiguiente nula generación de ingresos de la concursada, hecho que además complejiza al extremo el restablecimiento de su puesta en funciones denunciadas en el plan de acción”, señaló el fallo judicial.
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