"Si alguno no se preocupa por bajar el déficit, esto no va a andar". La frase del presidente Mauricio Macri pasó casi de largo durante la firma de un acuerdo sectorial en la Casa Rosada hace poco menos de un mes. Pero no era un mensaje aislado: fue un aviso para los propios.
Con el déficit en la mira, el Gobierno busca dejar en claro que hay que ajustarse el cinturón de cara a 2018. Y cuando la palabra ajuste se asoma, nacen ganadores y perdedores. "Se peinó el presupuesto para evitar que cada ministerio pida plata al Tesoro 'por las dudas'", aseguraron a Infobae fuentes de Hacienda, que busca mejorar la eficiencia del gasto y no solo apuntar con el dedo a quienes subejecutan presupuesto.
Hay tres casos principales cuando se mira el gasto público por jurisdicción de la Administración Nacional: los que reciben menos plata que en 2017, los que reciben más plata pero no compensan con la inflación promedio (en estos dos casos la tijera hizo su recorte) y los que reciben más plata, incluso por encima del nivel de inflación.
El mayor ajuste se lo lleva el ministerio de Energía con un 30% menos al considerar el nivel de inflación, del 15,7% promedio según el Presupuesto. Mientras que en 2017 recibió $125.684 millones, el próximo año el Tesoro le transferirá $101.201 millones. ¿Por qué este ministerio ajusta tanto? La explicación está en el recorte de los subsidios económicos, que se verá expresado en la suba de tarifas de gas y electricidad.
El 90% de esos subsidios económicos se pagan desde el Ministerio por transferencia del Tesoro, algo distinto a lo que pasa en el ministerio de Transporte: de los $93.871 millones que gastará en 2018 en subsidios económicos, la mitad surge del ministerio, mientras que la otra mitad sale del Fondo del Sistema de Infraestructura de Transporte, un fideicomiso creado en 2001. El recorte de subsidios económicos -y la consecuente suba de tarifas en colectivos y trenes– explica el recorte del 19% cuando se mira esa jurisdicción como parte de la Administración Nacional.
Hay otros ministerios que ajustan en menor medida, aunque sin el impacto de los subsidios económicos. Por ejemplo, el Tesoro le transferirá $530 millones menos al ministerio de Producción (Francisco Cabrera) el año que viene, una caída del 6% nominal y de casi el 20% real. El ministerio del Interior reduciría su gasto público en un 12% real, mientras que el ministerio de Agroindustria un 16 por ciento.
Luego de ver a los ganadores, ¿cuáles son los ministerios ganadores? Jorge Triaca, al frente del ministerio de Trabajo, está contento: recibirá un 6% real más, al ponderar el gasto público con la inflación. Lo mismo le sucederá a Carolina Stanley, del ministerio de Desarrollo Social. Pasará de recibir $144.001 millones a $174.571 millones en 2018 por parte del Tesoro, un aumento real del 5 por ciento. Todo esto, desde ya, si esta parte del proyecto de Cambiemos se aprueba tal como está en el Congreso, donde la "ley de leyes" se discutirá después de las elecciones legislativas del 22 de octubre.
A contramano de los subsidios económicos, el Presupuesto 2018 prevé un aumento de las asignaciones. El gasto social aumenta del 73 al 76% su participación en el gasto primario. Esto quiere decir que el Gobierno destinará más dinero a los programas sociales, como la Asignación Universal por Hijo (AUH).
El ministerio de Educación y el de Ciencia y Tecnología también le ganarán a la inflación: sus presupuestos aumentarán en un 5% y 2% en términos reales, respectivamente.
En total, el gasto público aumentará un 16% al ver el número total de la administración nacional y sale "empatado" con la inflación.
Hay un dato no menor: el 61% del crecimiento de ese 16% está explicado por el gasto público del ministerio de Trabajo, mientras que los servicios del pago de la deuda pública contribuye en un 17% al crecimiento total del gasto de la administración pública.
Gabriel Caamaño, socio gerente de la consultora Ledesma, aseguró a Infobae que otra de las formas de seguir de cerca a los ganadores y perdedores dentro de la administración nacional es comparar la variación nominal de cada jurisdicción contra el PBI nominal, estimado en un 20,2% para 2018. "Si esa variación es mayor al 20%, ese ministerio aumentará su peso en el PBI", ejemplificó.
Al considerar este dato, el incremento nominal del 28,1% de servicios de la deuda pública es el que más aumenta su peso con respecto a la economía.
Más allá del ajuste que haga la Administración, el Gobierno apunta como logro que dejó de financiarse con emisión. Pero el gran déficit que ocupa a Hacienda son las provincias, que significan casi un 4% del PBI. Es por eso que se busca una Ley de Responsabilidad Fiscal en el Congreso. La gran incógnita es si será suficiente.
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