La Cámara Argentina de Biocombustibles (Carbio) denunció que el Comité de Prácticas Desleales de la Unión Europea (UE) postergó la reducción de los derechos antidumping contra las exportaciones del biodiésel de soja de la Argentina, luego de que la Organización Mundial del Comercio (OMC) rechazara en octubre del año pasado la apelación que la organización europea interpusiera contra el fallo de ese organismo que consideró elevados, incorrectamente calculados e ilegales aquellos derechos, aplicados desde 2013.
"Esta medida europea revela una maniobra proteccionista para mantener cerrado el mercado con argumentos ilegales y arbitrarios, en perjuicio de la Argentina. El daño comercial generado por esta dilación se calcula en millones de dólares por ventas no realizadas en los próximos meses, ya que las empresas argentinas productoras de biodiésel están preparadas para responder a la demanda europea, tras cuatro años de cierre injustificado de ese mercado", dijo Luis Zubizarreta, presidente de Carbio.
La UE y el gobierno argentino habían acordado un plazo razonable hasta el próximo 10 de agosto para implementar la disminución de derechos antidumping. Ante la falta de votación por parte de los países europeos, no se reducirán los derechos antidumping para esa fecha.
Carbio estimó que la industria perdió exportaciones a la Unión Europea por USD 2.000 millones
De tal manera, resalta Carbio que "la Comisión Europea elaboró un borrador de reglamento para modificar esos derechos pero, al ser sometido a votación, los países de la UE decidieron retrasar la decisión".
En noviembre de 2013 la UE impuso un derecho antidumping que la industria local consideró injustificado y arbitrario, sobre la base de argumentos insostenibles, que determinó que se cerrara ese mercado a las exportaciones de biodiésel argentino a ese destino, a pesar de que la Argentina era su principal abastecedor.
Se estima que con esa decisión perdió ventas por más de USD 2.000 millones, a pesar de que Carbio recuerda que las acciones legales que encaró junto con la Cancillería, tanto ante la OMC como ante la Corte General de Justicia de la UE en Luxemburgo, determinaron en primera instancia que el panel de expertos conformado por la OMC para esta disputa confirmara en marzo de 2016 la ilegalidad de la medida; la cual fue ratificada el 6 de octubre último, luego de la apelación de la UE.
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