– ¿Piensa como el presidente Mauricio Macri que existe una mafia en la justicia laboral liderada por el diputado del FPV Héctor Recalde que funde a las PyMEs?
– Desde mi punto de vista hay dos dimensiones, por un lado, un análisis político que puede dar lugar a distintas interpretaciones. Por otro, está claro que hay abogados que tienen prácticas espurias, que hacen negocios con los juicios laborales, pero el problema pasa por la rentabilidad. El problema no pasa tanto por los que se aprovechan, sino por las fallas del sistema.
– Es decir, caranchos hay.
– Lo que digo que el problema general no tiene que ver con los estudios que viven de los juicios laborales. La verdad es que los estudios de abogados viven de los juicios. El problema es dónde están los elementos que hacen que los juicios sean negocios tan rentables y se desvirtúe todo. Cuando los juicios laborales generan este nivel de rentabilidad, se generan estos problemas. Es como si fuera un plazo fijo en dólares, que te da un 60% de rentabilidad. Es un disparate. Hay gente que se está aprovechando, pero el disparate pasa por otro lado.
– Hay un alto nivel de litigiosidad, y esto perjudica a las empresas. ¿Tiene números al respecto?
– En los últimos días salieron distintos tipos de cifras de todo tipo. Los 110.000 juicios laborales en la Capital, si el 70% son de accidentes laborales, el 30% por despidos en trabajo en negro. Cómo creció más de un 100%. Todos estos números son ciertos. Pero el alto nivel de litigiosidad tiene que ver con las fallas del sistema. Primero, hay un esquema legal que tiene que ver no con las indemnizaciones, que son la justa reparación que merece una persona que sufrió un daño, esto no lo vamos a discutir. El problema está en las multas, no en la indemnización. La multa es el castigo que se le impone a una persona porque hizo algo mal. Florecieron una cantidad de multas en materia laboral que se fueron superponiendo, una sobre otra. Por ejemplo, trabajo en negro, trabajo no registrado. En los últimos 10 años, o incluso más, se fueron superponiendo multas, que terminan dando cifras que son disparatadas, que no tienen que ver con reparación al daño producido, un número exorbitante, lo que hace tan dulce el juicio.
– Y que se llevan puestas a las empresas PyMEs.
– Usted suma a este régimen jurídico una interpretación de jurisprudencia que es a favor de los trabajadores, no estoy hablando de una connivencia sino de una posición ideológica y legítima, apoyada en las normas, liderada por Recalde, pero es la ley que existe. Normas que generan un engendro diabólico y jueces que interpretan la norma. La consecuencia es que una empresa que no tiene capacidad económica importante debe afrontar el resultado de un juicio en tres días. Nos ha pasado, que una empresa tenga que pagar tres millones de pesos como consecuencia de un juicio en tres días. Es algo imposible.
– ¿Entonces qué hay que hacer?
– Hay un esquema distorsionado en la litigiosidad. Hay que eliminar la superposición de multas por trabajo en negro, tenés que ponerle un límite a los honorarios de los abogados, hay que establecer un plazo especial para que las empresas puedan pagar en función a su capacidad económica. Además, hay que evitar el circulo por el cual el trabajador cobra el juicio, toma el dinero que cobró, le da una parte al abogado y se queda con el porcentaje menor. Es algo que se puede evitar. Se puede decir que durante una cantidad de tiempo determinado el trabajador esté obligado a ir a la justicia a explicar qué hizo con el dinero.
– ¿Diría usted que se trata de una industria del juicio laboral?
– Se pueden aplicar medidas concretas para desarmar este negocio basado en la rentabilidad que ofrece este cóctel. En materia de riesgos del trabajo hubo una baja del 30 por ciento de los accidentes de trabajo, por ejemplo, gracias a las reformas recientes. Son reformas que establecieron un monto y un procedimiento por el cual el trabajador tiene que agotar la instancia administrativa sin llegar al juicio.