Jorge Triaca: "La industria del juicio laboral genera una enorme imprevisibilidad a las empresas y no favorece al trabajador"

La economía argentina no logra reingresar a la senda de crecimiento sostenido, y consecuentemente no genera buenas noticias al mercado de trabajo. Las explicaciones que más se esgrimen por estos días se sintetizan en que prevalece en las empresas un claro estado de "incertidumbre", no tanto sobre las tendencias y efectos de la política de Gobierno, sino principalmente en lo referente a la previsión de la evolución del costo laboral.

No es nuevo que en la Argentina se hable de la supuesta existencia de la "mafia de los juicios laborales", pero muy pocos altos funcionarios se atrevieron a denunciarlo públicamente y sin filtros como hizo a comienzo de la última semana el presidente Mauricio Macri.

A partir de ahí surgió la pregunta: ¿Qué llevó al Presidente a hacer una denuncia de esa naturaleza, en el acto de juramento del nuevo ministro de Relaciones Exteriores?, ¿Fue la llegada a sus manos de causas que amenazan con la quiebra de pequeñas empresas por la incapacidad de responder con sus patrimonios a las demandas de trabajadores despedidos sin causa, pese a que cobraron las indemnizaciones que marca la ley, o de de reclamos de sobre compensaciones por accidentes, incluso de los ocurridos en jornadas de descanso?; o ¿Fue el resultado del primer balance de más de un año de encuentros con los líderes del mundo occidental y oriental, donde Mauricio Macri cosechó enormes elogios por el potencial que ofrece la Argentina, pero en la práctica generó muy poco ingresos de inversiones para la economía real? Parte de las respuestas la dio en diálogo con Infobae el ministro de Trabajo, Jorge Triaca.

– Nosotros, desde el Ministerio de Trabajo, le habíamos presentado al Presidente un análisis de la situación del ámbito del empleo, en el que observamos que hay tres elementos centrales que definen el acceso al trabajo formal, decente, por parte de la gente. En primer lugar observamos que las empresas resaltan que tienen una enorme imprevisibilidad sobre cuál es el costo laboral. Se puede presumir que es el resultado del nivel de salario por categoría ocupacional y las contribuciones patronales; y eventualmente lo que pueda ser una indemnización. Pero lo que termina pasando es que no sucede de esa manera, porque asociado a eso aparecen el segundo factor: un conjunto de vínculos judiciales, o por lo menos estaba diseñado de esa manera, para que ese costo tenga una enorme imprevisión. Si a eso se suma, la tercera causa, el efecto de la inflación y la falta de previsibilidad propia que tiene la Argentina, se explica por qué hay un desincentivo a la creación de puestos de trabajo. Y cuando le ponemos un zoom a eso, lo que vemos es que tenemos una industria del juicio laboral que pasó de 58.000 causas de demandas en 2011 a 115.000 en 2016, solamente en el sector de los accidentes de riesgo del trabajo en el Fuero Laboral Nacional de la Ciudad de Buenos Aires; y el stock de juicios resueltos está entre 35.000 y 40.000 por año, con lo que todo el tiempo se está agregando una masa de 75.000 a 80.000 expedientes, que en algunos casos están bien elaborados, pero en otros se advierten connivencias con peritos que se repiten ante las mismas situaciones, demandas que son resueltas por los mismos jueces y que tiene algunos criterios que son verdaderamente inverosímiles; y también, como consecuencia de eso un aumento de las alícuotas de las ART, que pasaron de un promedio de 2% a casi 4,5%. Eso nos motivó el año pasado a presentar en 2016 un proyecto de nueva Ley de Accidentes de Riesgo del Trabajo que se votó. A partir de ahí vimos que bajó 20% desde marzo, con reducción mes a mes, la cantidad de demandas de riesgo laborales; disminuyó en promedio entre 12% y 15% la prima de riesgo que se estaba pagando. Pero creemos que falta mucho más, porque cuando esa industria del juicio se lleva al ámbito de las Pymes se agrava notablemente, porque deben responder con sus patrimonios y tienen menos posibilidades de hacer todas las previsiones.

-En  el caso específico de la aplicación de la nueva Ley de ART, con un rol más protagónico de las Comisiones Médicas antes de caer en demandas judiciales, aún las provincias están en deuda con la reglamentación para que sean operativas en sus jurisdicciones…

– La provincia de Buenos Aires ya tiene media sanción de Diputados, y está en vías de aprobación por parte del Senado; Córdoba ya se adhirió al sistema; por supuesto la Ciudad de Buenos Aires al ser sede del ámbito nacional está adherida, pero también lo va a ratificar; Mendoza ya lo presentó en la legislatura. De ahí que ya está avanzando en jurisdicciones que en conjunto representan al 70% de los trabajadores.

– La denominada industria del juicio no parece nueva, y tampoco se concentra en el ámbito de los accidentes de trabajo, sino también en los despidos con causas, pese a fueron legalmente compensados…

– Totalmente. Una gran parte está vinculada con los accidentes; otra con los conflictos propios que hay en el ámbito del trabajo; pero también a la forma en la que se hacen esos reclamos. Por supuesto que el Presidente lo señala con mucha claridad, esto no es en detrimento de los trabajadores. Si hay un empleador que tiene a parte de su nómina en negro tiene que pagar las consecuencias que le corresponden de acuerdo con lo que establece la ley. Pero cuando se monta una industria, a partir del accidente, de sacar el beneficio, y sobre todo cuando el resultado del litigio laboral no le llega al trabajador, porque el promedio de demora del juicio está entre 3 y 5 años, surge el diseño de una práctica muy pensada a favor del conflicto, no de la resolución. Por ejemplo, había en el SeCLO, Servicio de Conciliación Laboral Obligatoria, 90 días hasta que le daban el turno para poder conciliar la compensación por una situación de despido. Obviamente, mucha gente se impacientaba y terminaba en la vía judicial. Por eso lo que hicimos es bajar los tiempos como dice la ley, a 11 días, de modo que si existe alguna chance de conciliar que sea lo más efectiva posible; se le dio la oportunidad de hacerlo de manera digital. Y ahora estamos llevando el SeCLO a todas las provincias y bajando el costo. La mayoría de la justicia nos está acompañando, pero hay algunos que todavía plantean resistencia.

– ¿Por qué el Presidente denunció, sorpresivamente, la existencia de la "mafia de los juicios laborales", fue el resultado de condicionamientos a promesas de inversiones que recibió en sus relaciones con los líderes mundiales; o por qué le llegaron a sus manos causas que explican el escenario de incertidumbre e imprevisibilidad de los costos laborales que describen muchos empresarios?

– El Presidente no necesita que otro par le diga la situación de imprevisibilidad que mantiene la Argentina, lo tiene claro desde un primer momento. Pero, también todos tenemos claro que lo que estamos haciendo es un cambio cultural, que por tanto es común que la sociedad tarde en aceptarlo; y en entender los beneficios. Porque definitivamente lo que nos ha pasado es que este cambio cultural que proponemos claramente genera oportunidades para algunos de manera más inmediata; para otros a mediano plazo y a otros más lento. Tenemos que tener claro que si recuperamos la cultura del mérito y del esfuerzo; de entendernos y dialogar, que no es algo que subsistía en las pasadas décadas, hace que nos tengamos que plantear objetivos nuevos. Para eso tenemos que generar condiciones macroeconómicas. Resolver la baja de la inflación apunta a eso, aunque sabemos que genera consecuencias. A veces parece más fácil flexibilizar la emisión monetaria que generar competitividad mejorando los procesos productivos; elevando la capacidad de nuestros trabajadores; y con inversión en capital fijo que hace falta. Generar previsibilidad ayuda también a que haya, objetivamente, más oportunidades para la inversión. El año pasado tuvimos en el sector privado asalariado caídas significativas en la construcción, que está muy vinculada a la obra pública; y una caída de la industria manufacturera muy vinculada a la crisis en el comercio con Brasil. Pero en la segunda parte del año eso se recuperó bastante, al punto que se ha llegado a los niveles de comienzo de la gestión, pero con eso no nos conformamos, tenemos que darle un dinamismo distinto.

– ¿Cómo cree que lograrán ese cambio de dinamismo en la generación de empleos privados?

– Trabajamos los acuerdos sectoriales, porque hablamos con la gente de la construcción para que sea un motor de la economía, y si tiene un costo medio de USD 2.000 el metro cuadro, cómo hacemos para bajarlo a los valores que tienen nuestros vecinos, porque la capacidad de su mano de obra no es tan distinta de la argentina; porque los recursos físicos y naturales tampoco son tan diferentes. Ahí surgen los problemas impositivos; de estructura de negocios; el rol de los sindicatos, y se comienza a abordar. Así se hizo con la energía con Vaca Muerta; con las manufacturas de autos y motos; y con cada sector. Esta semana trabajamos con el sector agroindustrial, y también con las ramas de los servicios. Tenemos que ir más a fondo en discutir de qué manera podremos producir más y mejor en la Argentina; ser más competitivos para ofrecer nuestros productos al mundo; para poder enfrentar el desafío de reducir la situación de tener uno de cada tres argentinos en estado de pobreza que exige resolver.

– ¿En esos acuerdos sectoriales apareció la preocupación de los empresarios por las restricciones que les impone la denominada industria del juicio?

– Por supuesto, aparece siempre. Y también aparece para los sindicatos, porque perciben que eso tampoco es un beneficio para el trabajador, porque observan que los juicios se alargan hasta 5 años o más; que existen algunos abogados inescrupulosos; no están percibiendo que esto sea beneficioso para sus afiliados.

-¿Cómo cree que se puede salir de este cuadro, porque la denuncia por sí sola no alcanza?

-Lo que estamos haciendo va en ese sendero. Empezamos resolviendo la situación de los accidentes de riesgo de trabajo con la nueva Ley de ART; estamos avanzando con la elaboración de un proyecto de Ley de Prevención de Accidentes, junto con los sindicatos, como estableció la Ley de ART.

– ¿En qué consiste la nueva Ley de Prevención?

– Definir las enfermedades que se generan en el trabajo, y qué se puede hacer para que no se produzcan; políticas preventivas en las empresas, con diferenciación entre las pequeñas, medianas y grandes; es decir trabajar para que el impacto del siniestro laboral sea el menor posible.

– Los industriales advierten que en la denominada industria del juicio laboral las causas se concentran en el ámbito del Fuero Laboral Nacional de la Ciudad de Buenos Aires, independientemente del lugar de dónde ocurrió el siniestro, fenómeno que agrava los costos de las empresas, en particular de las Pyme, ¿es así?

-Eso ocurre porque el Fuero Laboral Nacional está en la Ciudad de Buenos Aires; la mayoría de las empresas tienen registrado su domicilio legal acá; y, justamente porque hay una industria asociada, hay muchos que compran los juicios afuera y lo traen a la Ciudad de Buenos Aires.

–  ¿Están trabajando en alguna iniciativa para la desconcentración de los Fueros Nacionales Laborales?

– Hay varias. El ministro de Justicia (Germán Garavano) está trabajando en este tema. Pero una de las cosas que tenemos que hacer es completar la cantidad de Fueros vacantes; son más de un tercio de los juzgados en el área laboral; y también perfeccionar a nuestros jueces y darles las herramientas para que lo puedan llevar adelante. Estamos trabajando y le hemos pedido a la Corte Suprema de Justicia la posibilidad de tener un cuerpo especial para los temas que tienen que ver con los accidentes de trabajo.

EL AUMENTO DEL DESEMPLEO

– Ministro, el Indec informó el resultado de la Encuesta Permanente de Hogares correspondiente al primer trimestre: aumentó el desempleo a 9,2%, porque se incrementó la oferta y bajó la demanda, ¿cuál es su reflexión?

– Estamos viendo que hay un aumento de la actividad. Pero también vemos que la dinámica del empleo y desempleo no es muy distinta de la que teníamos hace dos o tres años atrás. Claramente, eso no nos satisface, porque lo que queremos es un crecimiento en el empleo que tarda en alcanzarse.

– ¿Cómo cree que se puede conseguir eso?

– Definitivamente con crecimiento y el desarrollo de una economía más sana. Creemos que estamos haciendo las cosas para resolver algunas cuestiones que generan la imposibilidad de conseguir un trabajo decente; como terminar con esta industria del juicio; parte tiene que ver con bajar los costos de la judicialización; y también con las cargas tributarias vinculadas al trabajo, siempre siendo cuidadosos, porque las contribuciones patronales sobre la nómina son los que financian el Sistema de Seguridad Social; y parte con las mejoras en los convenios sectoriales, trabajando rama por rama, cómo podremos producir más y mejor.

–  La Argentina arrastra un número muy alto de empleo en negro, en torno a un 33% a 35% entre los asalariados; y 50% en los trabajos por cuenta propia, ¿están trabajando para reducir esos niveles de informalidad laboral?

–  Ahí está el verdadero desafío en la Argentina en el ámbito laboral. Hoy hay casi 4 millones de personas en la informalidad laboral, es decir de trabajadores sin aportes y contribuciones al Sistema de Jubilaciones; no tienen cobertura de obra social. Eso es una situación en la que si queremos la construcción de un país con una sociedad más justa, tenemos que darle espacio para que todos tengan un trabajo decente. Hacer eso requiere que miremos las restricciones, las rigideces que tienen muchas de las normas que definimos a la hora del trabajo; que entendamos que estamos en un proceso de una economía que no alcanza los niveles de productividad que se observa en la actividad formal, pero que también requiere ser contenida. Por eso estamos trabajando con organizaciones sociales en la emergencia social de la economía popular. Pero también tiene que ver cómo construimos espacios de formalidad con sectores que necesitan una mira específica, sin descuidar que siempre hay "vivos" que contratan en negro; que sacan ventajas en no pagar impuestos; y que ahí la tarea de fiscalización del Gobierno nacional y de los provinciales tiene que ser más eficiente, ya empezamos a utilizar nuevas tecnologías como drones, webcam en los inspectores para despejar cualquier duda en su comportamiento, pero también para que se pueda constatar online en los relevamientos. Y también entender que lo que está pasando hoy en el mundo con el empleo global, porque los cambios tecnológicos hacen que cada vez las ocupaciones habituales, con tareas repetitivas en manufacturas son reemplazados por cambios tecnológicos. Frente a eso creemos que hay que responder con más capacitación, con más conocimiento, con más acceso a oportunidades de desarrollo de nuevas habilidades.