Los 8 rubros que impiden bajar el gasto público, según el Gobierno

Entre los economistas profesionales, y también entre quienes están dentro de las máximas autoridades del Gobierno, ya no se discute que el principal responsable de la alta inflación que afecta a todos los argentinos -en proporción creciente a medida que se baja en la escala de ingresos- es el abultado déficit fiscal.

Para reducirlo y aliviar la tarea que hace el Banco Central a través de una política monetaria restrictiva, entendida por la fijación de una tasa de interés de referencia muy por arriba de las expectativas de inflación a un año, hay dos caminos posibles, más sus combinaciones: 1. que suban los ingresos tributarios, principalmente por la vía del aumento de la actividad económica; y 2. que bajen los gastos, en ambos casos respecto de la tasa de inflación pasada.

A 16 meses de Gobierno, los datos fiscales correspondientes al primer trimestre mostraron muy modestos progresos: los ingresos totales de la administración nacional, sin sumar los recursos extraordinarios del blanqueo, se elevaron 4 puntos porcentuales menos que la inflación; mientras que el gasto antes del pago de intereses de la deuda se elevaron al compás del alza de los precios.

El resultado de esa combinación determinó que el primer trimestre de 2017 cerrara con un déficit fiscal que representó el 17% del total de recursos fiscales –sin los provenientes de la exteriorización de activos y antes del pago de intereses de la deuda pública- y avanzó a 24% en el caso del rojo financiero. Esto significa que hoy el sector público vive tres meses adelantado sobre su capacidad de generar recursos genuinos.

Qué frena el camino al equilibrio de las finanzas públicas

Economistas del Gobierno señalan la severa rigidez que encuentran para achicar el peso del Estado sobre las finanzas del sector privado, porque es quien a través del pago de impuestos, incluido el inflacionario, y la compra de bonos de la deuda pública, paga cada cuenta de modo directo e indirecto con su actividad productiva y consumo.

En primer lugar advierten que del gasto público total casi la mitad –45%- corresponde a los ámbitos provincial y municipal, donde sobresalen la cobertura de la administración de la educación, la salud y la seguridad pública, además de su gestión; de modo que sólo pueden actuar sobre el 55% restante.

De ahí que sobre 11 rubros que en Hacienda desagregan la composición de las erogaciones del sector público nacional, le quedan 10, de los cuales dos, que representan casi la mitad de ese desagregado, jubilaciones y pensiones y asignación universal por hijo y especial por embarazo, deben aumentar por ley cada seis meses según la tasa de inflación del semestre previo.

"En una economía que muestra una clara desaceleración de la suba de los precios, pasó de un ritmo del 43%  anual en el tercer trimestre de 2016 a menos de 30% ahora, asegura un crecimiento real sostenido hasta 2019 de los ingresos de los jubilados y pensionados, y perceptores de la asignación universal por hijo y especial por embarazo, cuando se proyecta que se estabilice en un rango de 5% por año", dijo a Infobae una alta fuente del gobierno nacional.

El rubro inversiones en infraestructura que representa el 5% del gasto total y el 9% del presupuesto de la administración central, es el cuarto que lejos de bajar forma parte de las prioridades del Gobierno para expandirlo, por las enormes carencias que encontró en todo el país en la provisión a la sociedad de servicios de agua y cloacas, caminos, vivienda, transporte, puertos, y construcciones de establecimientos educativos y hospitalarios, entre otros.

Tres rubros más que en el análisis oficial del control del gasto aparecen como inflexibles para ser recortados en su participación en el total son las correspondientes a Universidades, Salud y Desarrollo Social, que en conjunto explican el 4% del gasto consolidado y algo más de 7% para la Nación.

Así llegan en Hacienda al octavo apartado del gasto que tampoco ofrece en el mediano plazo la posibilidad de disminución: el pago de intereses de la deuda pública que absorbe aproximadamente el 7% del Presupuesto a su cargo, porque el aumento del uso del crédito interno y externo es el camino alternativo que se eligió al de la emisión de dinero espurio del Banco Central para financiar el abultado déficit fiscal que prácticamente se ha hecho crónico en la Argentina.

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Los responsables del Gobierno de monitorear el comportamiento de las finanzas públicas cuestionan las severas críticas que reciben de encumbrados economistas porque no se reduce el gasto en personal: "llegan a decir que en el estado sobran un millón de empleados; pero tenemos 750 mil, porque de unos 3,5 millones en el consolidado, más de 2,7 millones de empleados están a cargo de provincias y municipios que tienen a su cargo la prestación de los servicios de educación obligatoria, salud y seguridad de las personas. Deberíamos incorporar 250 mil para satisfacer las recomendaciones de José Luis Espert", dijo a Infobae una fuente de la Casa Rosada.

Este ítem que absorbe el 6% del Presupuesto consolidado y casi 11% del correspondiente a la Administración Nacional, acumuló en el primer trimestre de 2017 una suba de nominal de 32%, y disminuyó en términos reales poco más de dos por ciento.

"Queremos mantener nuestro gasto primario constante en términos reales por los próximos años, y que las provincias lo hagan también. Para eso firmamos un acta-acuerdo que pretendemos convertir en una ley de Responsabilidad Fiscal durante este año", dijo Nicolás Dujovne en la presentación del seguimiento de las metas fiscales, las cuales cumplió con la ayuda de los ingresos del impuesto especial al blanqueo de activos.

Según la línea de pensamiento que predomina en los pasillos de la Casa Rosada, por expreso pedido del Presidente, sólo quedan dos áreas del gasto donde se deberá reducir el peso del gasto público: Subsidios económicos y los propios de la gestión de Gobierno, los cuales en conjunto representan un 16% del total a su cargo, divididos casi en partes iguales:

1. Subsidios: Las cuentas del primer trimestre mostraron un estancamiento nominal que implicó una disminución en términos reales de un 26% respecto del año anterior, luego de haber logrado que el servicio de agua alcanzara una tarifa que cubre el 100% del costo; en energía eléctrica y gas, con impacto nacional, los aumentos autorizados en audiencias públicas son cubiertos por las tarifas apenas entre un 50% y 45% del gasto en explotación; mientras que en transporte, que es el más rezagado, y con repercusión sólo en el área metropolitana de Buenos Aires, el boleto apenas cubre el 35%. En todos los casos se prevé llegar al 100% de cobertura tarifaria en 2019: "Nos van a pedir que suspendamos las audiencias públicas para que no avancemos con el plan de suba gradual de las tarifas, aun en años de elecciones, porque son las que autorizan los aumentos", destacaba con cierto sarcasmo la fuente de Gobierno a Infobae.

2. Gestión: Este apartado es el que ofrece más potencial de recorte, de hecho en el primer trimestre se redujo en términos reales en un 14%, pero su impacto en el total es muy limitado, dado que representa menos del 7% del conjunto del gasto de la administración central, y comprende no sólo al Poder Ejecutivo, sino también al Legislativo y Judicial. En este punto se menciona la reducción en 2016 del déficit agregado de las empresas públicas de 1,5% del PBI a 0,73%, y se prevé achicar el rojo a 0,5% del PBI en el corriente año".

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De ahí que concluyó la fuente que "el principal camino para sanear las desequilibradas cuentas públicas recae sobre el logro de la meta de desaceleración de la inflación al rango de un dígito porcentual bajo y la reactivación de la economía sobre bases sólidas, como son la inversión pública y privada y las exportaciones, para que puedan contribuir al crecimiento del empleo y de los salarios, y de ese modo al objetivo de tender a la pobreza cero".

Sin embargo, diversos economistas del sector privado sostienen que "con un crecimiento sustentado en la inversión y las exportaciones, y conforme a las metas del Gobierno de un sendero del PBI sostenido en torno a 3%, que se reduce al 2% en términos por habitante, es casi imposible bajar el déficit fiscal a un rango inferior a 3% del PBI en cuatro años. En el primero no se avanzó por efecto de la reducción de la presión tributaria. Quedan tres".

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