Cambio en el blanqueo: los familiares de funcionarios públicos ahora pueden entrar al sinceramiento

El Gobierno publicó un decreto en el Boletín Oficial que permite a padres, cónyuges e hijos que sinceren bienes y dinero antes de que los funcionarios hayan llegado a la función pública

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Se presentó una nueva modificación a la Ley de Blanqueo en el Boletín Oficial.
Se presentó una nueva modificación a la Ley de Blanqueo en el Boletín Oficial.

La ley lo prohibía, pero ahora un decreto terminó de definir el escenario para los familiares directos de funcionarios públicos. Finalmente, los padres, cónyuges e hijos podrán sincerar tanto dinero como bienes en el Blanqueo de Capitales, según determinó el Gobierno.

El decreto 1206/16 que se publicó en el Boletín Oficial modifica en el artículo 83 la Ley de reparación histórica a jubilados y blanqueo de capitales, que había prohibido su participación en el "sinceramiento fiscal". Eso sí, el decreto es claro: los "bienes que acrediten" deben estar incorporados en su patrimonio con anterioridad a la fecha en que los funcionarios asumieron en el poder.

Diego Fraga, abogado y socio del estudio RCTZZ, aseguró en diálogo con Infobae que esta resolución "permitirá a los parientes directos de los funcionarios públicos ingresar al régimen de sinceramiento en la medida en que puedan demostrar que ese patrimonio lo poseían antes de haber asumido los cargos".

El especialista destacó que incluye a hijos menores emancipados, porque los hijos ya lo podían hacer según la anterior reglamentación. Y agregó: "Mantiene a salvo la cuestión más importante, que es que el origen de los fondos no sea espurio".

Este cambio definió lo que en los últimos días se había rumoreado en estudios de abogados y contadores sobre una posible flexibilización del blanqueo de capitales. El decreto está firmado por el presidente Mauricio Macri, por el jefe de Gabinete, Marcos Peña, y por el ministro de Hacienda y Finanzas, Alfonso Prat-Gay.

El sinceramiento fiscal vence el 31 de marzo de 2017, y la AFIP se encuentra en una segunda etapa de detectar los bienes no declarados que tienen los argentinos en el exterior, poniendo sobre todo la lupa en las propiedades.

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