La provincia que el Gobierno busca transformar en un Polo de Energías Renovables

En Tierra del Fuego funciona un régimen de Promoción Industrial que llevó al establecimiento de firmas electrónicas. Ahora buscan reconvertir su economía en productora de energías alternativas

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La energía renovable podría cambiar la matriz de la economía fueguina (Shutterstock)
La energía renovable podría cambiar la matriz de la economía fueguina (Shutterstock)

Aunque todavía no hay un anuncio oficial y la noticia es solo un trascendido, es probable que a partir de enero de 2017 el Gobierno reduzca de 35 a 0 el arancel para importar notebooks, netbooks y tablets que se producen en la provincia de Tierra del Fuego.

Esta podría ser la primera de una serie de reducciones de aranceles para importación que el Gobierno de Mauricio Macri estudia en el futuro. La intención oficial, según pudo saber Infobae, es eliminar definitivamente el Régimen de Promoción Industrial de la Isla de Tierra del Fuego que rige desde 1972 y también la de otras provincias que se benefician con esa ley.

"Estamos estudiado varias ideas y todo va en línea con buscar que haya competencia y que los argentinos no paguemos productos de la industria electrónica un 70% más caros que en Colombia y Perú, y hasta 80% más caros que en Chile, donde no se subsidia a la industria que los produce como se hace en nuestro país". Una de las alternativas que se estudian, según pudo averiguar Infobae, es transformar el Polo Industrial Electrónico en un Polo de Energías Renovables.

En ese aspecto hay que destacar que el Poder Ejecutivo fueguino propuso en septiembre pasado a la legislatura local un proyecto de Ley de adhesión al Régimen de Fomento Nacional para el uso de fuentes renovables de energía, destinadas a la producción de energía eléctrica. La propuesta, que tomó estado parlamentario, fue enviada a la Comisión de Energía. La misma consiste en la adhesión a la Ley Nacional 26.190 y la iniciativa también propone adherir a la normativa modificatoria Nº 27.191.

La propuesta de la actual gestión de la gobernadora justicialista Rosana Bertone declara de interés provincial "la investigación, el desarrollo, la explotación, la comercialización y el uso de energías renovables en todo el territorio de la Provincia, como asimismo la radiación de industrias destinadas a la producción de equipos y componentes para la realización de tales actividades".

Por otra parte, la ley nacional establece que el régimen de energías renovables busca "lograr una contribución de las fuentes de energía renovables hasta alcanzar el ocho por ciento (8%) del consumo de energía eléctrica nacional, al 31 de diciembre de 2017". Las fuentes renovables son aquellas para ser aprovechadas de forma sustentable en el corto, mediano y largo plazo. Son la energía eólica, la solar térmica, la solar fotovoltaica, geotérmica, mareomotriz, undimotriz, de las corrientes marinas, hidráulica, biomasa, gases de vertedero, gases de plantas de depuración, biogas y biocombustibles.

El Gobierno está analizando en profundidad desde el 10 de diciembre pasado cómo funciona este Régimen de Promoción Industrial que, de acuerdo con datos del Presupuesto 2016, costó al fisco unos 30.000 millones de pesos. En esta industria trabajan, según datos de la Asociación de Fábricas Argentinas Terminales de Electrónica (Afarte), unos 18.000 trabajadores, de los cuales 10.000 son empleos directos y otros 8.000 son indirectos.

La industria fueguina emplea a 18.000 personas, pero exige un enorme costo fiscal

En Tierra del Fuego además de notebooks, netbooks y tablets se producen celulares, equipos de aire acondicionado, televisores, microondas, monitores y decodificadores de TV, entre otros productos. Desde comienzos de año las principales empresas como Newsan, BGH y Mirgor vienen conversando con las autoridades nacionales acerca de una mejora de la competitividad del sector para bajar los precios de los productos para el consumidor, pero al parecer el acuerdo no llega.

La baja de la demanda de productos de electrónica en el primer semestre del año se combinó con la incertidumbre sobre la continuidad del régimen de promoción industrial en Tierra del Fuego para que las fábricas radicadas en Río Grande y Ushuaia trabajen a la mitad de su capacidad instalada, de acuerdo con la información suministrada por Afarte.

En el primer semestre el consumo cayó entre 25% a 30%, según explicaron. Después de que las fábricas consiguieran las divisas para producir durante las elecciones presidenciales, a todo vapor acumularon un stock que luego no pudieron vender.

El mayor riesgo de reconvertir la industria electrónica de Tierra del Fuego es que se genere un gran desempleo, con el agravante que muchos de los trabajadores de esa industria solo tienen capacitación técnica y han cursado solo el secundario, por lo tanto se puede dificultar que esos trabajadores pasen a otra actividad. El otro problema es que los salarios que se pagan en la isla en algunos casos superan en casi tres veces los que se pagan en Brasil, Colombia o Chile.

La provincia de Tierra del Fuego es la provincia más joven y nueva de las veintitrés provincias que conforman la República Argentina (sin contar la Ciudad Autónoma de Buenos Aires). Las rigurosas condiciones climáticas, así como la ubicación geográfica de la misma, constituyeron los motivos que sustentaron la creación de la ley de Régimen de Promoción Industrial 19.640 en el año 1972, en la cual se establecía un régimen especial aduanero y fiscal, con el fin de promover el desarrollo económico de la región.

Estas condiciones justificaron la aplicación de importantes incentivos para la radicación de empresas industriales y comerciales en la región, entre los que se destaca la reducción y/o exención de impuestos nacionales, la importación de bienes con arancel cero, la posibilidad de vender al resto del territorio nacional sin el pago de los derechos de importación, con el único requisito de cumplir origen fueguino.

Esta norma se sancionó en el marco de la estrategia de crecimiento basada en un modelo de sustitución de las importaciones, a través de instrumentos legales destinados a la promoción e incentivo del desarrollo regional interno, pero ahora esas condiciones se han modificado y el Gobierno estudia el desmantelamiento de esos subsidios que le resultan muy caros.

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