En los últimos años fue muy común observar que la elaboración del Presupuesto de Gastos y Recursos del Sector Público Nacional no seguía pautas reales, sobre todo del lado del gasto, el correspondiente a 2016 que presentó en septiembre 2015 el entonces ministro Axel Kicillof y el secretario de Hacienda, Juan Carlos Pezoa, no fue la excepción. Así surge con claridad de la comparación de esas previsiones, con las ajustadas por el nuevo equipo en esas carteras que integran Alfonso Prat-Gay y Gustavo Marconato, para tomar como base del Presupuesto 2017.
El mayor desvío negativo se comprueba en la estimación de los gastos corrientes, porque de $1.515.099 millones autorizado para el corriente año por el Congreso Nacional a fines de 2015, hace apenas cinco días se conoció que ahora ese monto subió a $1.903.730 millones.
De esos casi $389.000 millones de diferencia, unos $89.000 millones corresponden a la grosera subestimación de los compromisos a pagar de servicios de intereses y comisiones de la deuda pública, interna y externa; y el resto a otras erogaciones, pago de jubilaciones y salarios, transferencias a provincias y salarios en la administración central.
El Presupuesto 2016 fue subestimado en casi 5% del PBI, y ocultaba un déficit financiero de esa magnitud
De ahí que a través de la Decisión Administrativa 1.019 que publica hoy el Boletín Oficial, el jefe de Gabinete, Marcos Peña y el ministro de Hacienda y Finanzas, Alfonso Prat-Gay, debieron autorizar una nueva modificación del Presupuesto 2016, ahora por $95.397 millones, para poder pagar vencimientos de intereses y comisiones de la deuda pública interna y externa.
El monto a pagar de intereses no previsto es equivalente a poco más de 1,2% del PBI estimado para el corriente año
Dado que como ha sido habitual en la mayor parte de las modificaciones presupuestarias dispuestas desde el inicio del año, esa ampliación de las erogaciones no tiene una contrapartida de ingresos presupuestarios subestimados, ese faltante se cubrirá con aplicaciones financieras, esto es con el aumento de la deuda pública en el equivalente a unos USD 6.200 millones, porque significa mayor déficit financiero del Sector Público Nacional.
Cabe recordar que los datos preliminares de la deuda pública al cierre del primer semestre habían mostrado un incremento de USD 4.900 millones.
Semejantes desvíos y subestimación del gasto público total para el corriente fue del orden de los $530.000 millones, equivalente a 4,8% del PBI esperado para este año.
MÁS EMISIÓN DE DEUDA DE CORTO PLAZO
En línea con lo anterior, el Boletín Oficial de hoy también publica dos nuevas ampliaciones de la emisión de deuda pública a corto plazo por parte de la Tesorería General de la Nación, por USD 500 millones y USD 200 millones, respectivamente, con vencimiento antes de fin de año.
La primera ampliación de deuda fue reglamentada a través de la Disposición 32, que será totalmente suscripta por el Gobierno de la Provincia de Buenos Aires. Vence el 21 de noviembre próximo.
En tanto que la segunda extensión de deuda autorizada fue instrumentada por la Disposición 33 y será suscripta por el Gobierno de la Provincia de Córdoba, en ese caso con vencimiento el 19 de diciembre del corriente año.
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