Durante el kirchnerismo, se multiplicó por 24 la cantidad de juicios laborales

Mientras el Gobierno estudia un proyecto de ley para reducir la litigiosidad laboral, desde la Unión de Aseguradoras de Riesgo del Trabajo (UART) aseguran que el incremento de los pleitos judiciales compromete a un sistema que hoy brinda cobertura a cerca de 10 millones de trabajadores.

Un reciente informe del Ministerio de Trabajo al que accedió Infobae destacó el notorio crecimiento del personal cubierto y las empresas aseguradas a partir de 2003, junto la reducción de los accidentes y fallecimientos ligados al mercado laboral. Pero, a la par, los pleitos judiciales se multiplicaron por 24 en doce años.

Es decir que en los últimos años se observó un ritmo creciente en la cantidad de juicios laborales, a una tasa superior que la del incremento de la cobertura, aún cuando la siniestralidad laboral se redujo año tras año.

Fuente: SRT

En ese aspecto, la cartera a cargo de Jorge Triaca señaló que el índice de litigiosidad del sistema trepó entre 2003 y 2015 de 7,3 a 173 juicios por cada 10.000 empleados (+2.369%), mientras que los fallecimientos por accidentes de trabajo y enfermedades profesionales (ATEP) se redujeron a la mitad, de 94,3 a 47 por cada millón de trabajadores. En términos generales, el índice de incidencia por accidentes de trabajo y enfermedades profesionales también retrocedió, de 61 a 43,3 por cada mil trabajadores cubiertos.

En el mismo período, el número de trabajadores cubiertos por ART aumentó por dos, desde poco menos de cinco millones a los casi 10 millones hoy.

El economista Jorge Colina, investigador del Instituto para el Desarrollo Social Argentino (IDESA), advirtió a Infobae que "la litigiosidad por riesgos laborales muestra un crecimiento que no se puede justificar considerando que el sistema viene reduciendo sostenidamente la tasa de accidentes y enfermedades en los lugares de trabajo. Se sabe que gran parte de esa litigiosidad es espuria, es decir, son demandas contra las ART por dolencias de dudosa procedencia laboral, como las lumbalgias y la hipoacusia".

Un informe de la Unión Argentina de la Unión de Aseguradoras de Riesgos del Trabajo (UART) proyecta que en 2016 ingresarán a tribunales unas 113 mil demandas laborales, un 10% más que en 2015, cuando el número de trabajadores cubiertos se mantiene estabilizado por el estancamiento del empleo formal. Entre enero y julio de este año se habían asentado 61.547 demandas judiciales por cuestiones laborales.

"A pesar de las reformas normativas, es decir el ingreso de juicios, no dejó de crecer", dijo a Infobae Mara Bettiol, presidente de la UART. "Este sistema permitió bajar la siniestralidad, aumentar las prestaciones y los servicios, dar certidumbres a empresas y trabajadores y todo eso empieza de a poco a peligrar por el crecimiento exacerbado de la litigiosidad, que no guarda relación con lo que es el funcionamiento del sistema en sí en materia de servicios", explicó.

El abogado laboralista y diputado nacional Héctor Recalde afirmó que "es cierto que aumentó la litigiosidad, pero hay que ver cuántas sentencias condenatorias hubo, cuántas conciliaciones y cuál es el origen de la causa de los pleitos".

El diputado del Frente para la Victoria expresó que "hay abogados que tienen información de las mismas ART de quiénes son los trabajadores que han sufrido accidentes o enfermedades y los buscan para hacer juicio. Pero para inventar un juicio se tiene que contar con la complicidad de abogados de ambas partes, de trabajadores, de los peritos, de los jueces de primera instancia y de los camaristas. Muchas complicidades, ¿no es cierto?"

"El mal abogado laboralista, que es la minoría, aprovecha la circunstancia de que si hay pericias, aunque el empleador gane el juicio igual tiene que pagar las costas de los peritos, pues el perito le cobra al patrón que es solvente y no al empleado que es insolvente", comentó Recalde. El diputado señaló que presentó un proyecto de ley para revertir esta imposición sobre el empleador. "El mal abogado laboralista coacciona al empleador al decirle: 'Usted, por más que gane el juicio va a tener que pagar un 10 o un 20 por ciento. Arreglemos el juicio en esa cantidad y listo", graficó.

Jorge Colina puntualizó que "contribuye a la exacerbación de la judicialidad el hecho de que los peritajes judiciales en muchos casos son hechos con poca profesionalidad y además los peritos cobran porcentajes de los montos que ellos mismos deciden otorgar a favor de las personas que demandan contra las ART. El sistema está funcionando mal y debe ser remediado. Definitivamente pone en riesgo el financiamiento no tanto del sistema sino del sector productivo argentino que es quien sostiene el sistema con los pagos de las alícuotas".

El estudio de la Secretaría de Riesgos del Trabajo detalló que "las empresas más grandes son las que mayores medidas de seguridad implementan, sin embargo, es donde mayor cantidad de juicios se produce". La estadística oficial mostró que dos de cada tres empresas con juicios tiene un tamaño mayor a 100 trabajadores.

Fuente: SRT

AMPLIA COBERTURA

El informe oficial especificó que el sistema de riesgos del trabajo atiende 659.000 casos de accidentes y enfermedades profesionales al año, lo que representa que anualmente se pierden 18 millones de jornales en forma directa, con un promedio de recuperación del trabajador de 33 días.

El informe realizado por la Secretaría de Riesgos del Trabajo (SRT), que depende de la cartera laboral, indicó que hacia diciembre de 2015 el sistema ofrecía cobertura a 9.869.790 trabajadores, incluido el personal de casas particulares, mientras que el número de empleadores asegurados ascendía a 978.677.

Fuente: SRT

Los datos más recientes brindados por la SRT refirieron que hasta mayo de 2016 los trabajadores cubiertos ascendían a 9.742.328, con un aumento de 1% respecto de mayo de 2015, y los empleadores asegurados sumaban 1.513.900, un 10% más que en el mismo período del año pasado. En el fuerte aumento del número de empleadores incidió la regularización del personal doméstico a partir de la sanción en 2013 de la Ley del Régimen Especial de Contrato de Trabajo para el Personal de Casas Particulares.

La última reforma legal importante en el sistema de ART se hizo en octubre de 2012, para dar respuesta a los principales cuestionamientos de la cobertura. Por eso es que se incrementaron notablemente las prestaciones, se llevó a un índice semestral de actualización automática de las mismas y se incorporó un esquema de opción entre la acción civil en materia de riesgos del trabajo.

"Después de cuatro años de esa reforma se pueden ver, por un lado, un esquema que funcionó, que fue el de la opción civil: se despejó la problemática de demandas que iban en cabeza de los empleadores, pero se redireccionaron las demandas hacia las ART. Entonces, mayoritariamente los trabajadores optaban por el sistema de ART, pero una vez adentro del sistema cuestionaban la aplicación de algunos aspectos de la ley", comentó Mara Bettiol, de la UART.

Hécor Recalde recordó que "la reforma de la Ley de Riesgos del Trabajo fue consensuada entre el gobierno nacional, la UART y la UIA" y que si bien puede existir una "patología" en el sistema que deriva en litigiosidad, "lo importante es determinar cuál es la patología y combatirla" con un trabajo de campo antes de emprender reformas en la legislación.

ESTUDIAN CAMBIOS EN LA LEGISLACIÓN

El Gobierno adelantó que evalúa un proyecto para reformar la actual Ley 26.773 de Riesgos del Trabajo de 2012, que incluirá la modificación del sistema sin alterar el mecanismo de aseguradoras ART, con el objetivo de reducir los costos para los empleadores, debido a que según la visión oficial el aumento sostenido de la litigiosidad obstruye la reducción del empleo no registrado y la generación de nuevos puestos laborales.

En julio pasado, en el marco de la Jornada Nacional de Justicia Laboral por el Desarrollo Industrial, el ministro Jorge Triaca afirmó que el Gobierno "está buscando mecanismos que permitan dinamizar el empleo en la Argentina".

"Vamos a trabajar con todos los sectores porque este sistema requiere de revisiones que permitan reducir la litigiosidad que afecta el costo empresario", agregó Triaca.

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En el mismo sentido, el jefe de Gabinete Marcos Peña responsabilizó a la Justicia laboral y a la "litigiosidad" como la causa del estancamiento en la creación de puestos de trabajo, en sintonía con el presidente Mauricio Macri, quien aseguró que "no hay una Justicia laboral equitativa".

El diputado Recalde, no obstante, cuestionó este análisis del oficialismo: "No es cierto que la Justicia del Trabajo, como dijo el Presidente de la Nación, tenga una inclinación absoluta a favor de los trabajadores. Investigué cuántos fallos plenarios dictó en los últimos diez años la Cámara Nacional de Apelaciones de la Capital Federal, con consenso de las diez cámaras y de cumplimiento obligatorio: hubo diez a favor del empleado y diez a favor del empleador, aún cuando el Derecho del Trabajo es un derecho que tutela al más débil".

El documento "El estado del Estado", elaborado por el Gobierno, indicó que "la cantidad de juicios laborales notificados a la Superintendencia de Riesgos del Trabajo se duplicó entre 2010 y 2015, de 53.000 a más de 100.000. Este aumento en la litigiosidad no se correspondió con un aumento en los incidentes en el lugar de trabajo, que de hecho bajaron casi a la mitad entre 2003 y 2015. La litigiosidad, sin embargo, aumentó un 2.300%".

Aquella reforma de 2012, que buscaba reducir los juicios, terminó incrementándolos, porque estableció una aplicación retroactiva de la ley bajo el nuevo esquema prestacional a contingencias anteriores.

Otro aspecto que se cuestionó era la utilización del baremo y el listado de enfermedades. "El baremo es una tabla que tiene porcentajes de discapacidad para cada daño. Los peritos de distintas jurisdicciones aplicaban cualquier otro criterio: las ART y las comisiones médicas ponían un porcentaje de discapacidad y los peritos ponían otro", expresó Mara Bettiol, de la UART.

En consecuencia, el Gobierno evalúa una nueva norma que estipule la no retroactividad de la ley y que especifique la forma en que se aplica el índice RIPTE (remuneración imponible promedio de los trabajadores estable). También contempla la unificación del criterio de utilización del baremo como herramienta de equidad.

Entre otros aspectos están el de precisar el esquema de procedimientos para determinar las incapacidades, de modo que las comisiones médicas sean la autoridad administrativa previa al inicio de cualquier juicio, en calidad de cosa juzgada. Otro punto a definir es el de la regulación de todo el funcionamiento pericial en materia de honorarios y de utilización del baremo y el listado de enfermedades.

Jorge Colina, de IDESA, consideró que el costo por juicios laborales es un obstáculo para la creación de empleo y recordó que "en algunas ramas de industria manufacturera las alícuotas que las ART le cotizan a las empresas son de dos dígitos. Eso es un costo laboral muy elevado". Añadió que "lo que se busca es ordenar procurando desmontar esta estructura perversa de incentivos en donde el aventurerismo judicial remunera a abogados, peritos e intermediarios de manera espuria".

Un informe de IDELAS, el Instituto de Estudios Laborales y Sociales de la UCES, identificó numerosos costos laborales, particularmente por las cargas fiscales, que también son un escollo a la expansión del empleo: "Uno de los beneficios de un cambio de régimen sería el incentivo a la disminución del empleo precario, tanto de modo contratado, como principalmente en negro, amén que contribuiría al aumento del salario promedio y de la productividad laboral, pero también que el costo inicial es elevado para el Estado y los sindicatos, porque verán disminuidos en una etapa inicial sus ingresos, hasta que aumente más que proporcionalmente la totalidad de aportantes".

El estudio de IDELAS indicó que "una de las razones que se esgrimen a menudo como impulsor del empleo contratado o a tiempo parcial de prueba extendida vía agencias de empleo es la resistencia de gran parte de la sociedad (…) a plantear un cambio de las normas laborales, en particular en lo vinculado con la eliminación del denominado impuesto al trabajo que constituyen las elevadas cargas patronales para el Sistema de Seguridad Social, el PAMI, ART, Obras Sociales sindicales y en algunos casos cuota sindical, porque no pueden ser tomadas a cuenta de pago de otros impuestos, como principalmente el IVA".