Para dar un marco de previsibilidad y certidumbre tras el fallo de la Corte Suprema que suspendió el tarifazo de gas, el Gobierno acelera los tiempos y convocará durante la próxima semana a una audiencia pública para las tarifas de electricidad, antes de que el máximo tribunal falle sobre este servicio.
Esta audiencia se llevaría a cabo en la misma semana que la audiencia pública del gas aunque en un día diferente, por lo cual se espera que sea entre el 13 y el 16 de ese mes. La cita se repetirá en la Usina del Arte, el centro cultural que el gobierno porteño tiene en el barrio porteño de La Boca.
Esta audiencia de septiembre se hará sobre la generación (precio mayorista de la electricidad), transporte y distribución, aunque sólo enfocada en las boletas bajo la órbita de Edenor y Edesur, que operan en la Ciudad y en el área metropolitana de Buenos Aires.
El Estado Nacional, a través del Ente Nacional Regulador de la Electricidad (ENRE), sólo tiene competencia sobre estas dos empresas de distribución, y no sobre las que operan en el interior del país. Para estas tarifas quedan dos opciones: que los gobernadores acuerden con el Gobierno y convoquen a audiencias públicas provinciales, o esperar a que la Corte Suprema defina cómo se hará en esos casos.
El gobierno kirchnerista subsidió en los últimos años a la generación eléctrica a nivel nacional, pero el subsidio en la distribución sólo benefició a las empresas que dependen del ENRE. Por ejemplo, en Capital Federal se pagaba siete veces menos por la luz que en Córdoba. ¿Por qué? Porque el valor agregado de distribución (VAD) varía de forma significativa de acuerdo a cada jurisdicción.
La suba de las tarifas de luz están frenadas por una disposición de la jueza federal de San Martín, Marina Forns, quien a principios de agosto ordenó a la Compañía Administradora del Mercado Mayorista Eléctrico (Cammesa) que se abstenga de aplicar los incrementos hasta que se realice la correspondiente audiencia pública.
La disposición llegó ayer a la Corte Suprema para que tome una decisión de fondo, y como en el caso del gas, el tribunal se lo giró a la procuradora General de la Nación, Alejandra Gils Carbó, para que emita un dictamen.
Como se espera un fallo similar al de esta semana, el Ministerio de Energía y Minería decidió adelantarse y llamar a una audiencia pública. Es que con su dictamen, los magistrados determinaron que la audiencia es requisito obligatorio previo a los incrementos de los servicios públicos.
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