El Gobierno investiga a un grupo de empresas constructoras de obras públicas

Se trata de una acusación por administración fraudulenta y defraudación al estado que surgió del análisis de todos los contratos de obra pública ejecutados entre 2003 y 2015 en distintas provincias. En las licitaciones de la obra pública hay unas 42 empresas constructoras locales e internacionales registradas. Algunas de ellas están sospechadas por aplicar sobreprecios y por cobrar por anticipado sin haber presentado los respectivos certificados de obra en la Secretaría de Obras Públicas a cargo del detenido ex secretario José Lopez.

La investigación que llevan a cabo las autoridades nacionales abarca la construcción de viviendas; centrales térmicas; represas hidroeléctricas; obras hidráulicas, viviendas, entre otras. "Hemos detectado casos donde se pagó el total de obras que todavía no están terminadas, como el caso de las viviendas construidas por la cooperativa de Milagro Sala en Jujuy y también otros caso de obras que se dan como terminadas y sólo está ejecutado el 80%", dijo a Infobae el subsecretario de Coordinación de la Obra Pública Federal, Ricardo Delgado.

Concentración en pocas manos

La lista de las empresas que tuvo acceso Infobae es similar a la que dio a conocer a la prensa el 18 de agosto de 2015 el ministro de Planificación Federal, cuando sostenía que el empresario Lázaro Báez, socio de la familia presidencial de entonces, había recibido contratos del Gobierno por más de $8.000 millones.

Los datos que maneja ahora el Gobierno de Cambiemos es que "se gastaron unos USD 130.000 millones en la obra pública entre 2003 y 2015", y distintas fuentes oficiales confirman que la empresa más beneficiada en los 12 años del kirchnerismo fue el Grupo Austral con tres empresas: Kank y Costilla, Gotti Hnos. y Sucesión de Adelmo Bancalari.

Las 42 empresas adjudicatarias de la obra pública entre 2003 y 2015
1) AUSTRAL COSTRUCCIONES de Lázaro Baéz
2) CARTELLONE, de José Cartellone
3) COARCO, de Patricio Gerbi
4) COMSA, multinacional origen español
5) CONTRERA HERMANOS, de Juan Touseda;
6) CHEDIACK, de Juan Chediak
7) CPC, de Cristóbal López;
8) CORPORACIÓN AMÉRICA, de Eduardo Eurnekian
9) DURO FELGUERAS, multinacional de origen español
10) DYCASA, de Javier Balseiro
11) ECODYMA, de Juan Scaramellini
12) ELECTROINGENIERIA, de Osvaldo Acosta y Gerardo Ferreyra
13) ELEPRINT S:A de Gustavo Weis
14) EMEPA, de Gabriel Romero
15) ESUCO, de Enrique Wagner
16) EQUIMAC, de Silvio Mion
17) GANCEDO, de Felipe Gancedo
18) GENERAL ELECTRIC, multinacional estadounidense
19) GOTTI HNOS de Lázaro Baéz
20) GREEN, de Carlos Arroyo
21) GUERECHET SA, de Julio Guerechet
22) GRUPO AUSTRAL(AUSTRAL, KANK Y COSTILLA, GOTTI HNOS y SUCECION DE ADELMO BIANCALARI), de Lázaro Báez.
23) GRUPO ROGGIO, de Aldo Roggio
24) IECSA,de AngeloCalcaterra
25) IMPSA, de Enrique Pescarmona
26) ISOLUX, de Luis Delso,
27) JCR, de Juan Carlos Relats;
28) KOOPEX, multinacional de origen polaco
29) LUIS LOSI SA, de Luis Losi;
30) ODEBRETCH, de Marcelo Odebretch, multinacional brasilena
31) PAOLINI, de Julio Paolini
33) PANEDILE, de Hugo Dragonetti
34) PETERSEN, de Enrique Eskenazi
35) PIETROBONI, de Víctor Pietroboni
36) ROVELLA CARRANZA, de Mario Rovella
37) SIEMMENS, multinacional alemana
38) SUCESION DE ADELMO BIANCALARI de Lázaro Baéz
39)SUPERCEMENTO, de Julián Astolfoni
40) TECHINT, de Paolo Rocca
41) TEYMA ABENGOA, multinacional española
42) VIALMANI, de Luis Armani
Fuente: Vialidad Nacional, Ministerio del Interior y Ministerio de Energía y Minería

Lázaro Baéz es el mayor beneficiario de obras, en particular la construcción de rutas que depende de Vialidad Nacional.

Entre las constructoras investigadas está Electroingeniería, la empresa de Osvaldo Acosta y Gerardo Ferreyra, que ganó la licitación de las represas Néstor Kirchner y Jorge Cepernik, en Santa Cruz, por unos USD 4.800 millones. En este caso se estudia rever la licitación en particular porque falta en el total presupuestado el tendido de la red de alta tensión que une las represas con el SIN (Sistema Electrico Nacional). "Esto significa que si las represas estuviesen hoy terminadas no servirían para nada, porque falta la conexión con el SIN que no está presupuestada en los costos de la obra, por lo tanto debería ser el Gobierno el encargado de gastar unos USD 800 millones de más", comentaron fuentes oficiales a Infobae.

Iecsa, la constructora de Angelo Calcaterra, el primo del presidente Mauricio Macri, es otra de las grandes adjudicatarias que figuran en el listado.

También están Corporación América, de Eduardo Eurnekian con su constructora Helport.

Hay empresas extranjeras como Odebrecht, la filial local de la constructora brasileña, cuyo dueño y presidente, Marcelo Odebrecht, está en prisión preventiva en su país como consecuencia de una investigación por el Lava Jato.

También figuran Cartellone, Rovella Carranza, una empresa que pertenece a Mario Rovella, un empresario que estaría relacionado con el ex secretario de Obras Públicas, José López.

La empresa JCR de Cristóbal López, el Grupo Roggio y el Grupo Pescarmona, también están en el listado que se investiga.

Hay dos empresas que pertenecen a quienes fueron presidentes de la Cámara Argentina de la Construcción: Eleprnit, de Gustavo Weiss, y Esuco, de Carlos Wagner, y se suma Chediak propiedad del actual titular de la CAC, Juan Chediak. Este señaló, la semana pasada, que sabía del sistema de corrupción de la obra pública.

Algunas características de la investigación

Según pudo confirmar Infobae, se investigan obras ejecutadas en distintas provincias y municipios en el marco de normativas y procedimientos específicos de selección y contratación de cada jurisdicción; sobreprecios pagados y pagos adelantados a algunas constructoras sin haber presentado certificados de ejecución de las obras, de acuerdo con análisis de técnicos que trabajaron en la auditoría que realizan desde la Subsecretaría de Coordinación de Obra Públicas Federal que depende del ministro del Interior, Rogelio Frigerio.

En esa línea, estuvo la auditoría que realizó Vialidad Nacional, la cual detectó que hubo preferencias en los adelantos de pagos de manera irregular a empresas de Lázaro Báez, en particular a Austral Construcciones; Kank y Costilla SA y Sucesión de Adelmo Biancalani. El director de Vialidad Nacional, Javier Iguacel, que depende del ministro de Transporte, Guillermo Dietrich, presentó una denuncia en marzo.

En este caso el Gobierno aportó a la Justicia Federal documentos, planillas de cálculo Excel, correos electrónicos y hasta funcionarios de carrera para que presenten declaraciones testimoniales con identidad reservada.
Según esa denuncia, "se solicita investigar a la delegación de Santa Cruz de Vialidad Nacional, pero también a la Secretaría de Obras Públicas y al Ministerio de Planificación, como usina de presuntos hechos delictivos. En ese marco, Vialidad Nacional era directamente controlada por detenido ex secretario de Obras Públicas José López".

En esa auditoría se detectó que el Grupo Austral cobraba a los 25 días de emitido el certificado de obra, en tanto que para el promedio de las empresas viales el atraso de cobros era de más de 160 días desde que se emitían los certificados de obra.

Revisión administrativa de fondo

Como los delitos contra la administración pública siempre requieren de la concurrencia de un funcionario público, al menos, en connivencia con otras personas físicas o jurídicas, el cohecho, la malversación, el enriquecimiento ilícito, el tráfico de influencias, la asociación ilícita y otros hechos análogos de condena penal, existe la posibilidad de que desde el estado se pida la revisión total de todos los contratos de obra pública vigentes.

Con esta revisión administrativa de las ecuaciones del contrato, a saber: moral, social, política, económica financiera, ambiental, tecnológica, tributaria y de mercado, técnicos en ingeniería, derecho, economía, pueden en breve plazo sacar las conclusiones de la legitimidad o inmoralidad del contrato.

Los expertos señalan que este trabajo administrativo debe hacerlo la administración pública por vía de los ministerios respectivos, del Interior, de Transporte y de Energía y Minería, para auditar contrato por contrato su adecuación a la legalidad vigente. Y todos esos contratos deberían ser revisados con profesionales con costo a cargo de las empresas que colaboren y coadyuven con la administración pública para ver la verdad material de la obra y su precio justo y ordenar la rehabilitación o no de la empresa o su lisa y llana expropiación y/o su liquidación por quiebra fraudulenta.

Frente a la gravedad de los hechos algunos expertos en derecho administrativo recomiendan al Gobierno impulsar una ley de Emergencia Ética Contractual para que el Poder Ejecutivo, con respaldo del Poder Legislativo, pueda hacer esas revisiones a contratos que se han tornado inadaptados por ilícitos penales cometidos por funcionarios en concurrencia con empresarios.

Citan como precedentes de esas medidas la revisión de los contratos en 2005; el caso Rumasa en España durante el gobierno de Felipe González, en 1983 y el caso de los Bancos con la crisis de 2008, en los Estados Unidos.