Una observación objetiva permite decir, sin riesgos, que hay dos AFA analizables.
Una es la que gestiona la Comisión Regularizadora, que dispone en lugar de administrar. Y, por tanto, proyecta el futuro institucional cual autoridad sin plazo para ejercer su mandato. Se trata de un error objetivo: la FIFA puso como plazo máximo el 30 de junio de 2017 para cumplir con sus obligaciones.
Luego está la otra AFA, la de los dirigentes de clubes de todas las categorías que comienzan a inquietarse frente a esta clara intervención del Estado, y demandan por promesas económicas y operativas incumplidas.
La reunión plenaria del Nacional B –la más postergada– a la que fueron invitadas las mesas directivas de las demás categorías, será dura y determinante.
Todo lo que figura en el acta del 23 de agosto, respecto de los pagos y las facilidades operativas para la disputa del Torneo, ha sido hasta aquí un compromiso deshonrado por la Comisión Regularizadora.
Aquel acuerdo prometido, fundamental para evitar el paro y poner en marcha los campeonatos en disputa, obligaba a pagar las cuotas de julio y agosto por 300 millones de pesos entre el 5 y el 6 de septiembre. La AFA no pagó.
También se comprometía, por la misma acta, a lograr una tarifa privilegiada para la transportación de los planteles entre distintos puntos del país. La AFA no cumplió.
Por último el Estado, según la Comisión Regularizadora, asumió la responsabilidad de bajar los cánones que cobra la Policía y reducir al máximo sus dotaciones para bajar los costos. La AFA no cumplió.
Peor aún, aumentaron la cantidad de efectivos y los costos de cada policía por su tarea.
Frente a estas circunstancias, los dirigentes del ascenso en general y de la Primera B Nacional en particular, algo cansados de promesas incumplidas, llevarán a cabo hoy a las 16 una reunión con la decisión de ir a fondo en lo que será "el último reclamo" y, según la reacción de la Comisión Regularizadora, llegar hasta el paro de las actividades, si fuera necesario.
Por cierto que un paro del fútbol en nuestro país es un hecho de significación social. Y requerirá de solidaridades que sólo provendrán de los jugadores de las demás categorías, por cuanto la opinión dirigencial, como siempre, quedará dividida. No parecería una buena decisión hacerlo de manera fáctica.
Mientras esto ocurre aquí, la FIFA ha comenzado a programar su radar en la gestión de la Comisión Regularizadora puesta en la AFA por el gobierno argentino con el respaldo absoluto de la Conmebol. Y fue en Lima, en el marco de un mitin de la FIFA, donde su secretaria general, nacida en Senegal, Fatma Samba Diouf Samoura –mujer de enorme prestigio por sus dos décadas en Naciones Unidas–, se interesó y requirió de Alejandro Domínguez, presidente de la Conmebol, sobre algunas cuestiones que le resultaban, cuanto menos, extrañas.
La gente de prensa de distintos países pudo saber que la funcionaria, además de abordar los 14 puntos de la reestructuración del Estatuto de la Conmebol, habló con Alejandro Domínguez y le requirió un informe sobre algunos temas. Por caso, quería saber si la señora Carolina Cristinziano, secretaria de la Comisión Regularizadora de la AFA, recomendada por él, había viajado a China para asistir a la complementación documental de la transferencia de Ezequiel Lavezzi. Este viaje nunca fue oficialmente admitido. Más, es cierto que a la señora Cristinziano no se la vio por la AFA por lo menos durante dos semanas. También pidió que se le informara respecto de la respuesta de la Comisión Regularizadora al Tribunal de Disciplina de la AFA, sobre la denuncia de los diez puntos realizada por asambleístas por ciertas irregularidades.
Para tales respuestas, la señora Fatma Samoura apeló a Zurich. Tal el nuevo organigrama, la Secretaría General tiene por debajo dos Secretarías Adjuntas: la de Fútbol, a cargo del ex jugador croata Zvonimir Boban, y la de Legales, confiada a Marco Villiger, quien tiene en su cartera los tribunales de Disciplina, Ética y Apelación.
Fue precisamente a éste a quien instruyó para saber más sobre las denuncias que el Tribunal de Disciplina de la AFA le había circulado, a falta de un tribunal de ética que la Regularizadora nunca quiso integrar.
Resultó decepcionante para el secretario adjunto de Legales de la FIFA lo que la Comisión Regularizadora de la AFA le respondió, ya fuera de término, al escribano Fernando Mitjans. Cosas tales como: "Que no habían trabajado por la reformulación del Estatuto de la AFA porque desconocían que las vacaciones de verano en Europa les impedían encontrar las fuentes a consultar (¿?), que el Tribunal de Disciplina no tiene ninguna competencia, que el personal de la AFA lo ponen ellos, que la culpa de que el fútbol argentino esté como está la tienen los firmantes de la denuncia…". Pero lo grave de la respuesta fue que "aún cuando no corresponda responder, lo hacemos en forma supletoria". Un disparate. Se responde, se cae en rebeldía o no se responde. No hay "formas supletorias".
Si bien es cierto que aún falta la declaración del presidente del Consejo Federal, Pablo Tovillino –listo para regresar tras una intervención– y terminar con el expediente, ello no ha impedido el respaldo de la FIFA a la independencia del Tribunal de Disciplina en el nombre de su presidente, Fernando Mitjans, quien es a su vez vicepresidente del Tribunal de Apelación de la FIFA.
Marco Villiger recibió toda la información y le recordó al escribano Fernando Mitjans que está respaldado, que tiene facultades y competencia para sancionar, remover o ampliar a la Comisión Regularizadora hasta tanto no esté conformado el Comité de Ética de la AFA.
La Comisión Regularizadora de la AFA deberá afrontar, en lo inmediato, dos problemas: el reclamo del Nacional B y sus demás categorías adherentes en pie de guerra, y a la FIFA, que ha comenzado a seguir muy de cerca este proceso al que, en principio, no le había dado más importancia que el de una transición doméstica con ambiciosos matices de la política nacional.
Sin embargo, nada de esto parece alterar el clima interno de la cotidianidad afista. Su gerente general Víctor Taboada lleva a cabo frecuentes reuniones con los gerentes de área. Se para frente a ellos con un mensaje empresarial al que agrega malas palabras, no siempre bien recibidas por las señoras profesionales que allí se encuentran. Su objetivo es modificar el organigrama, quitarle verticalidad y lograr una funcionalidad más transversal. No habla como un ejecutivo transitorio que deberá dejar su función después del 30 de junio de 2017 y que, si fuera por los dirigentes, cuanto antes mejor. El planeamiento va a contramano de lo expresado por FIFA.
No es sólo Taboada. Esta Comisión Regularizadora ha contratado a otros dos auditores. Uno de ellos Chrisitan Ksairi, quien se dedicó en la primera semana de trabajo a ir oficina por oficina para relevar qué hace cada persona, cada empleado. O sea, la parte más débil, más vulnerable. En una de las dependencias, acaso cansados de tanto manoseo, se convocó a un escribano para que labre un acta donde queden reflejadas las requisitorias que, por otra parte, ya habían sido respondidas ante otro veedor en una oportunidad anterior. El señor Ksairi prefirió retirarse y no formular preguntas para llenar su planilla.
Más, lo curioso es que tanto él como cualquier otro nuevo insertado desde la actual administración, cada vez que se dirigen al personal hablan de la AFA utilizando las palabras compañía o empresa…". Son ejecutivos que no han resuelto aún la identidad del lugar en el que trabajan, que es una institución. Y lo peor es que todos los proyectos son a largo plazo.
Es probable que se evite el paro. Por lo menos hasta el martes 27 de septiembre, plazo que podría otorgársele a la Comisión Regularizadora para pagar lo adeudado, que son 300 millones de pesos. Lo que no parece probable es evitar la confrontación.
Los dirigentes quieren que se cumplan los tres puntos impuestos por la FIFA: administrar hasta ordenar con claro balance y rendición de cuentas, reformular el Estatuto -que según la FIFA está muy bien elaborado- y llamar a elecciones. No parecería ser el mismo objetivo de la Comisión Normalizadora que gestiona como si se fuera a quedar por muchos años. Fue muy vehemente, en tal sentido, un dirigente de la B Nacional, de los más pesados y ya líder de la categoría con nueve futuros votos asegurados, decir: "A estos de la Normalizadora o como se llame, que no gestionan, que no hacen nada, que nos mienten descaradamente, los vamos a sacar a patadas… Estos no llegan a noviembre".
Lo que no se entiende, a su vez, es la cantidad de gente que audita a la AFA. Veamos: el Juzgado de la Dra. Servini tiene a tres profesionales que desde hace cerca de dos años investigan el dinero de Fútbol para Todos. Bien. Luego la AFA ha nombrado a otros dos de manera externa. Van cinco. La IGJ tiene a otros dos. Van siete. Y a su vez Fernando Marín, de labor presencial una vez por semana en Viamonte, ha nombrado a otros dos. Van nueve… El circuito parecería tener forma circular: Servini controla a la AFA, la IGJ controla a la Regularizadora y Fútbol para Todos (el Estado) termina, sin proponérselo, controlando a la Dra. Servini, cerrando un círculo de controles que paga la AFA. Y es caro, muy caro…