Concejala Diana Diago denuncia irregularidades en contratos por más de $4.000 millones en alcaldías locales

La concejal Diana Diago, perteneciente al Centro Democrático, lanzó una grave acusación sobre manejos irregulares en la contratación de servicios de salud en Bogotá, y destapó un escándalo que podría comprometer la integridad del sistema de salud capitalino.

Según Diago, las alcaldías locales de la ciudad habrían firmado contratos ascendentes a más de 4.000 millones de pesos con compañías que no poseen la autorización necesaria para ofrecer dichos servicios.

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En concreto, las irregularidades señaladas hacen referencia a los contratos 290 de 2023 (Bosa), 667 de 2022 (Usme) y 519 de 2023 (Sumapaz), poniendo en duda la legalidad y adecuación de estas adjudicaciones.

La concejal enfatizó que “las alcaldías locales no pueden seguir siendo un fortín de los politiqueros para desangrar los recursos de los bogotanos, mucho menos, para temas tan delicados como la salud. Es inadmisible que estos contratos se han celebrado con empresas toderas que buscan presuntamente cualquier documento para ganar licitaciones. Un llamado a los entes de control para que investiguen estas presuntas irregularidades.”

Diago evidenció especialmente el caso del contrato con Entis Laboratorio Ortopédico S.A.S. en Bosa, firmado para la provisión de dispositivos médicos a personas con discapacidad. A través de una solicitud formal, Diago descubrió que dicha empresa no se encuentra registrada en el Registro Especial de Prestadores de Servicios de Salud (Reps), cuestionando así su competencia para ejecutar los servicios contratados.

La respuesta de la Contraloría a una consulta realizada por Diago reitera la obligación legal de verificar que cualquier prestador de servicios de salud esté debidamente inscrito en el REPS, según lo dicta el Decreto 780 de 2016.

“¿Cómo es posible que la alcaldía local de Bosa haya suscrito un contrato con esta entidad que no cuenta con el registro especial de prestadores de servicios en salud?”, interrogó Diago.

La concejal no tardó en denunciar estas anomalías ante los entes de control, exigiendo una investigación exhaustiva y sanciones para los responsables de comprometer la provisión de servicios esenciales para la salud de los bogotanos, en particular de aquellos en situación de vulnerabilidad.

“No hay derecho a que jueguen con la salud de la ciudadanía, especialmente de las personas en condición de discapacidad. Este hallazgo que conlleva una presunta irregularidad en el proceso de contratación, ya fue enviado desde mi despacho a los entes de control para que investiguen y sancionen a los responsables”, concluyó.

El 20 de febrero de 2023, la alcaldía local de Usme firmó el contrato número 667 del año 2022 con la Unión Temporal “Usme sano y salvo”, dedicado a “implementar acciones de promoción y prevención en salud en Usme”.

Este contrato incluyó una variedad de iniciativas, como la prevención del consumo de sustancias psicoactivas, el embarazo adolescente, el apoyo a mujeres embarazadas, niños y niñas migrantes, la provisión de dispositivos de asistencia personal y la oferta de alternativas de salud para personas con discapacidad y sus cuidadores.

Durante su revisión del contrato, Diago detectó que una entidad dentro de la unión temporal había presentado, aparentemente, certificados falsos para llevar a cabo las actividades estipuladas. El contrato original especificaba la necesidad de personal especializado con al menos 2 años de experiencia en “coordinación de proyectos comunitarios y/o de salud con adolescentes y jóvenes”.

Para verificar estas aseveraciones, Diago requirió a la alcaldía local, a través de un derecho de petición, las hojas de vida del equipo del proyecto, señalando específicamente que la coordinadora poseía experiencia relevante en proyectos de salud.

No obstante, al solicitar confirmación mediante otro derecho de petición a la Corporación que supuestamente había expedido el certificado laboral de la coordinadora, la respuesta recibida indicó que nunca habían manejado contratos de salud enfocados en poblaciones vulnerables, personas con discapacidad o sus cuidadores, poniendo así en duda la autenticidad de la documentación presentada