La velocidad excesiva o inadecuada constituye una problemática grave y que se repite en cada rincón del planeta. En Argentina, por ejemplo, aproximadamente la mitad de las infracciones son como consecuencia de sobrepasar los límites permitidos en el velocímetro, que de acuerdo a la Organización Mundial de la Salud (OMS) es la causa de una de cada tres víctimas de accidentes de tránsito en el mundo.
Con el tiempo, los controles fueron creciendo en paralelo con el incremento de esta conducta al volante. El número de multas aumentó mediante la multiplicación de radares instalados en determinados puntos o con patrullas policiales rondando por las calles. Pero ahora, en Francia implementaron una medida diferente. El gobierno de Emmanuel Macron decidió privatizar los radares móviles.
La medida consiste en un nuevo procedimiento de denuncia. Conductores particulares harán el trabajo que también realizan los agentes oficiales, con radares móviles que serán operados de forma autónoma por las autoridades desde vehículos que lleven el equipamiento camuflado. Por ello, los choferes recibirán una remuneración.
Tras un período de pruebas de varios meses (que comenzó en febrero) en la región de Normandía, el plan se extenderá a todo el país. Será oficialmente puesto en práctica el próximo noviembre. La novedosa red de vehículos privados iniciará con 26 unidades, pero irá engrosando la flota hasta llegar a unos 400 coches camuflados distribuidos por el país galo.
La medida fue recibida con discrepancias. Despertó críticas de los usuarios y asociaciones automovilistas, que señalaron un afán recaudatorio detrás de ella. Según un estudio realizado por la revista especializada Auto Plus, de los dos millones de denuncias por exceso de velocidad registradas durante 2016 en Francia, con los vehículos camuflados se alcanzarían los ocho millones por año.
En concreto, la nueva norma reportaría a las arcas públicas ingresos por encima de los 357 millones de euros, debido a que se elevaría el número diario de vigilancia efectiva, pasando de un promedio de una hora y 13 minutos por jornada de los agentes que patrullan con el radar de velocidad operativo, a las seis horas con el nuevo sistema de conductores civiles.
Otro dato que calcularon fue el gasto de capital estatal. Estimaron que la inversión rondará los 53 millones de euros. Una cifra correspondiente por la adquisición de coches, instalación de los radares, gestión de las denuncias y remuneración de los conductores privados. Por último, las autoridades prevén alcanzar una rentabilidad del 85%.
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