El cuartel general de los servicios de inteligencia venezolanos se encuentra en un inmenso edificio con forma de pirámide llamado el Helicoide, que antes fuera un shopping y que actualmente funciona como centro de interrogatorio de manifestantes y presos políticos. A principios de abril, cuando lo llevaron con los ojos vendados y las manos atadas con cordones de zapatos y lo metieron en una celda de ese edificio, el estudiante de ciencias económicas de 30 años ya sabía lo suficiente sobre ese infame edificio como para estar aterrado.
"Vas a morir en este lugar", recuerda que le dijo el guardia.
El estudiante había sido arrestado por arrojar piedras durante una marcha. Dice que en las 12 horas que pasó en el Helicoide, los guardias lo golpearon en el torso, lo picanearon, y encendieron en el interior de su celda una especie de pólvora que tenía el efecto del gas lacrimógeno, que lo obligaba a mantener la cara pegada contra el piso para evitar inhalar los vapores.
Según el Foro Penal Venezolano, durante las pasadas 10 semanas de protestas las fuerzas de seguridad arrestaron a más de 3200 personas, un tercio de las cuales permanecen detenidas. Las denuncias de maltratos y abusos bajo custodia policial aumentaron astronómicamente, según diversos grupos de derechos humanos. Según Nizar El Fakih, director del grupo de derechos humanos Proiuris, durante los últimos dos meses de protestas contra el gobierno fueron detenidas casi tantas personas como en todo 2014, un año que en Venezuela había sido de gran agitación.
Algunos manifestantes dicen ser "levantados" por fuerzas de seguridad que los maltratan y los hacinan en centro de detención abarrotados. Los peores abusos parecen ser cometidos por los servicios de inteligencia y los militares, cuyos prisioneros han recibido golpizas regulares y a veces otras formas de abuso físico y sexual, según entrevistas con ex detenidos, abogados defensores y organismos de derechos humanos. Y si bien en el pasado las fuerzas de seguridad venezolanas ya habían sido acusadas de excesos, la actual escalada de acusaciones han encendido todas las alarmas de los activistas de los derechos humanos.
El estudiante de economía, que aceptó hablar de manera anónima, dice que durante el interrogatorio en el Helicoide los agentes de inteligencia le preguntaron si era militante de los partidos opositores y revisaron sus cuentas en las redes sociales. Recuerda que en determinado momento, después de que le descargaron tres veces un arma paralizante en el cuerpo, terminó rogando que le prestaran un celular para llamar a su madre. "¿Te pensás que estás en Disneylandia?", lo chuzó uno de los guardias.
El estudiante finalmente fue trasladado a una comisaría, donde pasó 29 días esposado a otro detenido, antes de ser liberado bajo el cargo de desorden público. Dice que los únicos abusos físicos graves los recibió en el Helicoide, un nombre recurrente en las denuncias de maltratos.
Muchos de los detenidos dicen no haber participado en hechos de violencia. A principios de mayo, dos efectivos de la Guardia Nacional se abalanzaron sobre Ana Rosa Cisneros, una madre soltera de 41 años, cuando salía de una farmacia en las inmediaciones de una protesta. "Quedé en medio de los gases lacrimógenos y las balas de goma, y ni siquiera estaba protestando", dice Cisneros. "Me llevaron arrastrando del pelo hasta un patrullero, mientras me pegaban y me insultaban."
Cisneros es empleada de limpieza de un restaurante y, según cuenta, se pasó 16 días encerrada con seis hombres en una pequeña celda de un centro de detención. La acusaron de asociación ilícita y debe reportarse todos los meses frente a los tribunales.
Argenis Ugueto, un joven de 27 años, y cinco de sus amigos dicen haber sido arrestados por la Guardia Nacional durante la tarde del 19 de abril, mientras se dirigían hacia una protesta vistiendo gorros y remeras con los colores de la bandera venezolana. La Guardia Nacional, que integra las fuerzas armadas, los acusó de ser "guarimberos", nombre dado a los manifestantes más violentos, que encabezan las marchas. En el cuartel general de la Guardia Nacional en el oeste de Caracas, dice Ugueto, los guardias les plantaron bombas molotov y cascos entre sus pertenencias.
"Nos querían asustar, pero al principio no estábamos asustados, porque éramos inocentes", dice Ugueto, ex estudiante de comunicaciones oriundo de la ciudad portuaria Catia La Mar. "Pero fue ahí que empezaron a golpearnos."
Ugueto dice que lo tuvieron en esa base durante 30 días, donde los guardias lo golpeaban regularmente en la cara y el cuerpo. Lo acusaron de incitación a la violencia y lo liberaron a condición de presentarse periódicamente ante las autoridades.
Human Rights Watch tiene documentado un caso ocurrido en mayo en la ciudad de Valencia, donde 40 personas fueron arrestadas cerca de una fábrica de alimentos que había sido saqueada el día anterior, y fueron llevados ante un juez militar bajo el cargo de rebelión. "Al menos 15 dijeron haber sido forzados a comer fideos secos con excremento humano, y al parecer los guardias les ponían gas pimienta contra la nariz para obligarlos a abrir la boca", consigna el informe de HRW.
Según los relatos, las condiciones de detención son deplorables, y algunos detenidos se ven obligados a dormir sobre el piso de cemento y a veces a defecar en bolsas de plástico. Yusneimi López, una mujer arrestada cuando iba camino a una manifestación, se vio tan afectada por las condiciones de detención que intentó arrojarse por la ventana del juzgado durante su audiencia preliminar, según Gonzalo Himiob, quien estaba presente como miembro de la agrupación Foro Penal.