Cuando en marzo asesinaron a uno de sus colegas en el periódico de la ciudad de México, Javier Valdez hizo una declaración apasionada sobre la importancia del trabajo de los periodistas que cubren la red del crimen organizado, el narcotráfico y la corrupción que mortifican a México. "Que nos maten a todos, si esa es la condena de muerte por reportear este infierno", tuiteó. "No al silencio".
Esas palabras resultaron espantosamente proféticas cuando la semana pasada Valdez se convirtió en la víctima más reciente de la narcoviolencia que se ha cobrado decenas de miles de vidas mexicanas en la última década. La vida y la muerte de este periodista valiente debería funcionar como inspiración y estimular al gobierno mexicano para que emprenda las reformas que hacen falta para terminar con la impunidad que permite que la ausencia de ley florezca en el país.
Valdez, de 50 años, fue baleado y asesinado el mediodía del 15 de mayo en una calle muy transitada en el estado noroccidental de Sinaloa. Las autoridades dijeron que atacantes no identificados hicieron 12 disparos contra su automóvil. Sinaloa es un destino para el tráfico de drogas acaso mejor conocido como la tierra del capo narco mexicano Joaquín el Chapo Guzmán; Valdez, un corresponsal de La Jornada, co-fundó allí en 2003 un periódico regional semanal, por su fe en la necesidad de una cobertura honesta —a pesar del peligro— del delito y la corrupción que convierte a los mexicanos en víctimas.
Es el sexto periodista asesinado en México este año, y uno de los más de 100 periodistas que han sido asesinados desde 2000. Once días antes de la muerte de Valdez, una delegación del Comité para la Protección de Periodistas (CPJ) se reunió con el presidente Enrique Peña Nieto para mostrarle su informe recién publicado, No Excuse: Mexico Must Break Cycle of Impunity in Journalists' Murders (Sin excusas: México debe romper el ciclo de impunidad en los homicidios de periodistas). Entre las recomendaciones se hallaban una protección mejor para los periodistas en riesgo, la investigación a tiempo de las amenazas y la capacitación de los fiscales para perseguir los delitos contra la libertad de expresión.
Es buen que Peña Nieto haya condenado de inmediato y con fuerza el homicidio de Valdez, pero claramente no es suficiente. Se deberían adoptar las recomendaciones del informe del CPJ, y habría que abordar el fracaso crónico del sistema judicial en las investigaciones y las demandas. Un buen punto para comenzar es que se convierta en prioridad el descubrimiento de quiénes mataron a Valdez y quiénes lo ordenaron.