La Organización de los Estados Americanos (OEA) abre este jueves dos meses de audiencias públicas en las que un grupo de expertos determinará si hay fundamento para denunciar al régimen de Venezuela por crímenes de lesa humanidad ante la Corte Penal Internacional (CPI).
Esta es la primera vez que la OEA, con sede en Washington, impulsa una actividad de este tipo, explicaron a EFE fuentes de la organización, y lo hace a iniciativa de su secretario general, el ex canciller uruguayo Luis Almagro.
El diplomático, una de las voces internacionales más críticas con el Gobierno de Nicolás Maduro, sorprendió a los Estados miembros de la OEA en julio con el anuncio de las audiencias y el nombramiento del ex primer fiscal de la CPI Luis Moreno Ocampo (2003-2012) como su asesor especial para crímenes de lesa humanidad.
El abogado argentino, que no cobra por este trabajo, estará al cargo de las sesiones y será, por tanto, quien modere y pregunte en las intervenciones de los denunciantes.
En las dos primeras audiencias programadas, para este jueves y el viernes, se escucharán los testimonios de representantes de la sociedad civil y de militares exiliados, respectivamente.
En representación de la Secretaria General estará Néstor Méndez, adjunto de Almagro.
Las sesiones se celebrarán en el gran salón de actos de la OEA, el Salón de las Américas, donde se dispondrán cuatro mesas formando un cuadrado: una para Ocampo y la Secretaría General, otra para los denunciantes y dos para los representantes de los Estados miembros.
A la misión de Venezuela se le ha enviado la misma invitación que al resto de delegaciones, según explicaron a EFE fuentes de esa legación. Es decir, se los ha convocado a escuchar las audiencias pero no a participar o defenderse de las acusaciones.
En cualquier caso, los representantes venezolanos no acudirán porque no quieren "validar" algo que consideran "ilegal", indicaron.
Si Ocampo y el resto de expertos concluyen que hay fundamento para denunciar a Venezuela ante la CPI, estará por ver si es Almagro quien lleva el caso ante el tribunal o si lo hacen alguno de los 28 Estados de la OEA que son parte del Estatuto de Roma.
(Con información de EFE)
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