Desde la clandestinidad, habló uno de los 33 jueces perseguidos por Maduro: "Nuestro único delito es habernos postulado al TSJ"

Ramsis Ghazzaoui sabe que corre peligro. Lo sabe porque tres de los magistrados que, como él, fueron designados por la Asamblea Nacional para ocupar los 33 cargos del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), ya están tras las rejas.

Lo sabe también porque Nicolás Maduro no dudó a la hora de las amenazas: "Todos (los magistrados) van a ir presos y a todos les van a congelar los bienes, las cuentas y todo….y nadie los va a defender", dijo el presidente venezolano.

Por eso es que desde el día 23 de este mes mantiene en secreto su paradero, se oculta de las autoridades, y toma recaudos a la hora de ofrecer una entrevista a Infobae: "Que sea por llamada de WhatsApp, no puedo usar mi línea telefónica porque estoy siendo vigilado".

"Veintiocho de mis compañeros están ocultos, como yo. Tres fueron detenidos, uno está en los Estados Unidos, y el otro no sabemos dónde ni cómo está", explica Ghazzaoui, quien hasta este mes era abogado en ejercicio y profesor universitario.

Desde la clandestinidad, se mantienen en contacto y hasta han logrado reunirse con el objetivo de trazar una agenda de trabajo. "Nosotros aspiramos y trabajamos para ocupar el cargo. Pero sabemos que si nos arriesgamos nos van a detener", afirma.

-¿De qué los acusa el Gobierno? ¿Cómo fue el proceso?

A nosotros no nos hicieron ningún proceso, eso es lo más grave. El 21 de julio fuimos elegidos para el TSJ y el presidente de la Sala Constitucional dictó una sentencia sin procedimiento, acceso a las pruebas ni expedientes. Sin que podamos ejercer nuestro legítimo derecho a la defensa, tampoco. Lo único que dice la sentencia es que estamos usurpando funciones de los magistrados del Tribunal Supremo; es decir, nos acusan de traición a la patria y por eso rige una orden de captura contra nosotros en todo el país.

-¿Y cómo fueron elegidos?

Fuimos designados a través de un proceso, cumpliendo con todos los procedimientos. Nos votaron más de las dos terceras partes de la Asamblea Nacional, como dicta la Constitución. Por eso decimos que nuestro delito es habernos postulado y, después, haber sido elegidos. A nosotros nos eligen porque la Asamblea Nacional anuló el proceso en el que fueron designados los 33 magistrados anteriores. Después de una investigación, descubrió que esa designación, en diciembre de 2015, había estado viciada.

-¿Cuáles fueron los vicios que tuvo el proceso de entonces?

Hay varias cosas. El proceso de designación de 2015 duró apenas 10 días, cuando debería durar poco más de un mes. Esto es porque la ley establece, entre otras cosas, un plazo de 15 días para las impugnaciones a los candidatos, algo que es un derecho de cualquier ciudadano. Por otro lado, uno de los magistrados designados entonces era parte de la Asamblea Nacional de ese momento, es decir, que se votó a sí mismo en una clara violación de la división de poderes. Esas fueron algunas de las irregularidades por las que el actual cuerpo legislativo anuló todo el procedimiento.

-¿Cómo cree que se va a desarrollar la situación este domingo, durante la votación de la Constituyente?

Creo que vamos a una jornada marcada por la violencia. La oposición al Gobierno llamó a movilizarse en las calles, y eso va en contra del decreto que prohíbe las manifestaciones durante la jornada. Así que creo que, lamentablemente, estamos ante un día difícil.

El Centro Latinoamericano de Derechos Humanos (CLADH) y Human Rights Foundation (HRF) acaban de presentar ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) una solicitud de medidas cautelares para que "se exija al Estado de Venezuela, con carácter urgente, garantizar la vida, integridad física y libertad personal de los 33 magistrados, designados legítimamente el 21 de julio de 2017 por la Asamblea Nacional". Actualmente, están a la espera de una respuesta.

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