Bajo una fuerte tensión, la oposición venezolana inicia este miércoles una huelga de 48 horas para obligar al presidente Nicolás Maduro a suspender la elección, el domingo, de una Asamblea Constituyente.
El paro se inició a las 06:00, locales, con bloqueos de calles en todo el país, lo que hace temer brotes de violencia, pues la semana pasada otro cese de labores, de 24 horas, dejó cinco muertos en protestas hechas en las barricadas.
En vísperas de la huelga, muchos venezolanos acudieron a los supermercados y panaderías para abastecerse de alimentos, en tanto que miles cruzaron la frontera para comprar provisiones o salir del país, ante la incertidumbre de lo que pueda pasar estos días.
El domingo se celebrará la polémica elección de los 545 miembros de Asamblea Constituyente, convocada por Maduro para reformar la Carta Magna creada bajo el Gobierno de su mentor, el fallecido presidente Hugo Chávez.
La coalición opositora Mesa de la Unidad Democrática (MUD) convocó para el viernes a una gran marcha en Caracas, bajo la advertencia de que si Maduro insiste en la elección, boicoteará la votación.
El fuerte rechazo a la Constituyente —según Datanálisis, de más del 70%— intensificó aún más las protestas que se iniciaron hace cuatro meses para exigir la salida de Maduro, y que ya dejan un centenar de muertos, miles de heridos y cientos de detenidos.
"No más chantajes"
El gobierno de Maduro enfrenta también el malestar de muchos venezolanos –el 80% según esa encuestadora– por la profunda crisis económica en la que cayó el país, donde la comida y la medicinas escasean y los precios suben todas las semanas.
La oposición acusa a Maduro de convertir a Venezuela en una dictadura y destruir su economía -caerá un 12% este año según el FMI-, pese a su riqueza petrolera, pero el mandatario sostiene que sus adversarios buscan derrocarlo con el apoyo de los Estados Unidos, para afincar el neoliberalismo.
La patronal Fedecámaras exigió a Maduro no avanzar en su intención de "imponer" una Constituyente que traerá más "hambre" al país, en tanto que las principales centrales obreras anunciaron que se sumarán a la huelga.
Sin embargo, el gobierno controla la estratégica empresa petrolera PDVSA, fuente del 96% de divisas del país, y el sector público, de más de tres millones de empleados.
El Gobierno comprobará que los beneficiarios de sus programas sociales participen en la elección, para lo cual deberán presentar en las urnas el "carné de la Patria", que los acredita como tales, lo cual es denunciado por la oposición como un mecanismo de presión y control.
El opositor Henrique Capriles pidió a los empleados públicos no aceptar "más chantajes" del Gobierno. "Trabajadores públicos deben terminar de romper las cadenas".
La oposición asegura que el paro de la semana pasada fue cumplido en un 85%, pero el gobierno lo consideró un fracaso.
(Con información de AFP)
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