La oposición venezolana nombrará una corte suprema paralela en su ofensiva para obligar al presidente Nicolás Maduro a suspender la elección de una polémica Asamblea Constituyente.
"Mantenemos la presión, nombraremos a los magistrados y el sábado de nuevo a las calles. La próxima semana será la recta final para lograr el cambio en Venezuela y hacer retroceder esa falsa Constituyente", dijo el diputado Freddy Guevara.
Los legisladores de la oposición citaron a una sesión parlamentaria pública para este viernes en una plaza del este de Caracas, donde designarán a 33 magistrados para integrar una corte suprema paralela.
La estrategia opositora continúa tras concluir este viernes a las 10:00 GMT el paro general que convocó por 24 horas y que dejó cuatro personas muertas en violentos disturbios, elevando aún más los fallecidos en casi cuatro meses de protestas, que ya superan los 100.
Haciendo uso de sus facultades, @AsambleaVE designa este viernes #21Jul a los magistrados TSJ. A las 10:00 am, #PzaAlfredoSadel #LasMercedes pic.twitter.com/f9vmysov09
— Unidad Venezuela (@unidadvenezuela) July 20, 2017
Fuertes choques entre fuerzas de seguridad y manifestantes se registraron durante el paro en Caracas y otras ciudades, con un saldo de 367 detenidos sobre todo en Caracas y en los estados Zulia, Nueva Esparta y Carabobo, según la ONG Foro Penal.
Hasta la madrugada del viernes, pequeños grupos de manifestantes mantuvieron bloqueadas calles con barricadas de escombros.
La oposición estimó en 85% el cumplimiento del paro, con comercios cerrados y autobuses a media marcha, pero según Maduro fue un fracaso, pues aseguró que sectores claves de la economía, como la industria petrolera, operaron al 100%.
La oposición escaló las protestas animada por 7,6 millones de votos que asegura obtuvo en el plebiscito simbólico que hizo el pasado domingo contra la Constituyente, cuyos 545 asambleístas se elegirán el 30 de julio para reformar la Carta Magna.
¿Estado paralelo o constitucional?
La oposición rechazó participar en la Constituyente, argumentando que no fue convocada en referendo y que el sistema electoral es un "fraude" con el que Maduro busca aferrarse al poder, con apoyo de los militares y los poderes electoral y judicial.
Acelerando su ofensiva contra la Constituyente, la oposición convocó a sus seguidores a mitad de la mañana del viernes para asistir a la sesión parlamentaria donde se nombrarán 33 nuevos magistrados para integrar una nueva corte suprema.
La noche del jueves, el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) declaró nulo ese proceso, pues persiste el "desacato" en el que declaró al congreso en enero de 2016, cuando asumió su control la coalición Mesa de la Unidad democrática (MUD).
El TSJ abrió un procedimiento contra la fiscal general, Luisa Ortega Díaz, chavista devenida en fuerte crítica del gobierno, justamente porque afirmó que esos 33 magistrados fueron designados irregularmente por la anterior mayoría legislativa oficialista y con sus fallos rompieron el orden constitucional.
Luisa Ortega Díaz criticó el nombramiento de jueces paralelos
La fiscal general de Venezuela, Luisa Ortega Díaz, criticó el nombramiento por parte del Parlamento -de mayoría opositora- de nuevos jueces del TSJ en un proceso unilateral, al margen del resto de los poderes, para renovar esa corte al no reconocer su legitimidad.
"Ése es el mismo problema también que designaron una vicefiscal al margen de la ley, y designan unos magistrados… Yo creo que el Estado hay que ordenarlo", dijo Ortega en una entrevista en el canal privado Venevisión, al ser preguntada sobre la designación de los magistrados paralelos.
La fiscal se refería al nombramiento por parte del TSJ de Katherine Haringhton como vicefiscal, que fue designada en el cargo por el tribunal tras anular por supuestas irregularidades el nombramiento de Rafael González para el puesto, hecho por la propia Ortega.
La titular del Ministerio Público no ha aceptado la designación de Haringhton, y la Fiscalía le ha impedido hasta ahora el paso a sus dependencias.
"La gente lo que quiere es que haya orden. La gente lo que quiere es seguridad, tranquilidad, decencia. La gente está cansada de esas cosas anormales que no permiten que el Estado funcione y avance", concluyó quien se ha convertido, tras romper con el oficialismo, en una de las voces más duras con el régimen de Nicolás Maduro.
Venezuela vive una guerra abierta de poderes entre el Legislativo, en manos de la oposición, por un lado, el Ejecutivo y el Judicial. Este último es acusado de servir al Gobierno del presidente Maduro y cuya legitimidad no reconocen ni el Parlamento ni la propia fiscal.
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