El régimen militar de Nicolás Maduro inhabilitó a otro líder político de la oposición

El dirigente opositor indígena Liborio Guarulla anunció el domingo que fue inhabilitado políticamente por la Contraloría General de la República (CGR) para participar en eventos electorales por 15 años a raíz de un proceso administrativo que le abrieron por presuntas irregularidades en su cargo como gobernador del estado de Amazonas.

Guarulla escribió en su cuenta de Twitter: "No tenemos la desesperación del Régimen Rojo [chavista] así que el martes en Caracas hablaremos de nuestra pretendida inhabilitación política por la CGR". El gobernador prometió "seguir la lucha".

El gobernador se convirtió en el quinto dirigente de alto perfil de la oposición inhabilitado políticamente. En 2004 la CGR, acusada de estar controlada por el chavismo, impuso una inhabilitación de casi 10 años al dirigente encarcelado Leopoldo López.

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Mientras que a María Corina Machado, la legisladora más votada de Venezuela en las elecciones legislativas de 2010, le retiraron la investidura parlamentaria en 2014 y le impusieron una sanción que la inhabilitó para ejercer cargos públicos por un año. Esto le impidió postularse a las elecciones parlamentarias de 2015, que ganó abrumadoramente la oposición.

Recientemente fueron inhabilitados por 15 años al líder opositor y ex candidato presidencial Henrique Capriles, quien estuvo a punto de derrotar al actual presidente Nicolás Maduro en las elecciones presidenciales de 2013, así como al ex alcalde del municipio central de San Diego, Enzo Scarano.

Guarulla, un ex miembro del partido oficialista Patria para Todos (PPT), ha tenido una accidentada carrera política desde que materializó su alejamiento del régimen de Maduro.

En 2011 fue elegido gobernador de Amazonas, un año después del resto de los gobernadores, como consecuencia de un fallo del máximo tribunal que ordenó la repetición de los comicios en ese estado.

La decisión de la CGR ocurre en momentos en los que la oposición reclama la realización de comicios generales, incluidos los de gobernadores y alcaldes que se quedaron en el limbo por decisión de unas autoridades electorales vistas como favorables al gobierno; así como la liberación de los presos políticos, la apertura de un canal humanitario para recibir alimentos y medicinas, y el respeto al Congreso.

(Con información de AP)

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