Marcha hacia las cárceles: la oposición venezolana denuncia que la policía chavista bloquea el paso hacia Ramo Verde

En el marco del plan de lucha para la restitución de la democracia, los líderes del arco contrario al chavismo convocaron a una serie de marchas hacia las principales cárceles del país: exigen la libertad de todos los presos políticos.

La gente se reunió antes del mediodía en los puntos previamente definidos por la Mesa de la Unidad Democrática (MUD) para emprender la caminata hacia los penales. Sin embargo, rápidamente se presentó un problema.

El diputado Richard Blanco informó en su cuenta de Twitter que la Guardia Nacional Bolivariana (GNB) hace un "piquete" en Ramo Verde para dificultar la llegada de los manifestantes a la cárcel donde está recluido Leopoldo López. Esa denuncia también la hizo la parlamentaria Olivia Lozano, quien además publicó una fotografía del lugar.

El presidente de la Asamblea Nacional, Julio Borges, subrayó que la idea era realizar una parada especial en la puerta de Ramo Verde, el penal donde se encuentra recluido Leopoldo López, condenado por el régimen militar de Nicolás Maduro.

Por su parte, el gobernador de Miranda y ex candidato presidencial, Henrique Capriles, denunció la presencia de una "guarimba protegida por la Policía Nacional Bolivariana con autobuses del Sistema Público en la Panamericana". Esto dificulta el paso de los manifestantes.

La dirigente nacional de Voluntad Popular y diputada, Adriana Pichardo, aseguró que el régimen de Nicolás Maduro ha quedado retratado frente a la Comunidad Internacional como una dictadura atroz que viola los derechos humanos.

"Tenemos una fiscal general que públicamente le dijo al mundo que en Venezuela se violan todos los Derechos Humanos y vemos también como estamos frente a un régimen capaz de secuestrar arbitrariamente a un diputado en funciones como Gilber Caro pese a su inmunidad parlamentaria. Nicolás Maduro ha quedado retratado ante el mundo como un dictador y queda de nuestra parte seguir manifestando en las calles para lograr la libertad de los presos políticos y de toda Venezuela".

Por su parte, la diputada por el estado Táchira, Gaby Arellano, indicó a los funcionarios del SEBIN presentes que la responsabilidad penal por las torturas es personalísima y que ningún funcionario público podrá escudarse bajo el cumplimiento de órdenes en lo que respecta a la violación sistemática de los DDHH.

"Hoy estamos cumpliendo el mandato de la Asamblea Nacional frente a una de las cárceles icónicas de la dictadura donde mantienen a decenas de presos políticos, frente al edificio que se ha convertido en el centro de tortura más grande del país".

En tanto, el también diputado por el estado Táchira y antiguo preso político del régimen de Nicolás Maduro, Rosmit Mantilla, denunció que el caso de Aldo Rosso carece de cualquier fundamento legal tal como sucede en el caso de otros presos políticos. Asimismo, extendió la invitación hecha por Gaby Arellano al Defensor del Pueblo, Tarek William Saab, a quién responsabilizó por el bienestar de todos los presos políticos.

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