El ministerio del Interior de España informó este domingo que había desactivado el llamado "censo universal" utilizado por el Gobierno de Cataluña para corroborar que no haya fraude en el referéndum, impidiendo un mínimo de rigor en la consulta popular que el Tribunal Constitucional considera ilegal.
También se informó que al momento de la apertura de las mesas ningún centro de votación tenía conexión a internet, ya que la Guardia Civil, que junto a la Policía Nacional están intentado impedir el referéndum por orden de la fiscalía, había ocupado el sábado los Centros Informáticos de las autoridades catalanas, según reportó el periódico El País.
Sin acceso a internet ni al censo universal, las autoridades de mesa no tienen forma de corroborar que la persona no haya votado ya múltiples veces, lo que resta rigor al proceso electoral.
En consecuencia los centros de votación estaban pasando los datos a mano y registrando en papel los votos.
Esta herramienta informática había sido anunciada por el consejero y portavoz de la presidencia catalana, Jordi Turull, como una forma de permitir que las personas votaran en cualquier centro electoral con una papeleta impresa en sus casas, luego de que las fuerzas de seguridad comenzara a desalojar los colegios destinados al referéndum.
1-La @guardiacivil desactiva el censo universal. Ahora mismo una misma persona puede votar varias veces en distintos colegios #EstamosporTI pic.twitter.com/uit0PRanr0
— Ministerio Interior (@interiorgob) October 1, 2017
"La Guardia Civil desactiva el censo universal. Ahora mismo una misma persona puede votar varias veces en distintos colegios", señaló la cuenta de Twitter del Ministerio del Interior. "Con censo caído, cualquier voto, independientemente de procedencia o lugar de residencia de la personas, sería también aceptado", agregó.
La consulta ilegal por la independencia de Cataluña se estaba realizando el domingo en un contexto de alta tensión, con amplios operativos de las fuerzas de seguridad nacional, acusaciones contra la policía local, los Mossos d'Esquadra, por no cumplir con las órdenes de la fiscalía y declaraciones del gobierno catalán de que el 73% de las mesas estaban funcionando con normalidad y con gran concurrencia.
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