Por qué el conflicto en Cataluña escaló hasta poner en jaque a toda España

Cataluña, la comunidad autónoma más rica de España —genera el 18,8% del PIB— y la segunda más poblada —con 7.5 millones de habitantes—, se convirtió en la mayor amenaza para la supervivencia del Estado español. Su decisión de suspender la vigencia de la Constitución en su territorio para realizar un referéndum secesionista el 1 de octubre desató una crisis sin precedentes en la historia reciente del país.

Tras años de una tensión en aumento, el conflicto entró en una nueva fase con las elecciones regionales del 27 de septiembre de 2015, que le dieron el triunfo a Junts pel Sí, la coalición de los partidos que pretenden la independencia. Como la victoria no le concedió la mayoría suficiente para controlar el Parlamento catalán en soledad, debió afrontar un largo proceso de negociación para conseguir el apoyo de la también independentista Candidatura de Unidad Popular (CUP), de extrema izquierda. El pacto se consumó el 9 de enero de 2016, cuando el desprestigiado presidente regional, Artur Mas, dio un paso al costado y propuso en su lugar a Carles Puigdemont, que asumió tres días después. Su mandato era inequívoco: avanzar con la ruptura como fuera necesario.

El Parlamento catalán dio el paso decisivo el 6 de septiembre pasado con la aprobación de las dos leyes necesarias para la secesión. La del Referéndum, que fijó fecha para la convocatoria electoral, y la de Transitoriedad Jurídica y Fundacional de la República, que suspende la vigencia de la Constitución española en la región, creando de facto un régimen sui generis. La reacción fue inmediata. El gobierno de Mariano Rajoy denunció el quiebre del orden institucional y el Tribunal Constitucional suspendió ambas normas, declarándolas ilegales.

Eso no fue suficiente para disuadir a Puigdemont, que aseguró que seguirían adelante con el proceso, desconociendo el fallo. El conflicto de Estado se volvió así inevitable. La tensión llegó a su punto máximo este jueves, con la ejecución de la "Operación Anubis". Por orden de un juez de instrucción de Barcelona, la Guardia Civil arrestó a 14 altos funcionarios del gobierno catalán considerados responsables operativos del referéndum. Además incautó las 9,8 millones de boletas que iban a ser utilizadas en la consulta.

"El Estado español ha traspasado la línea roja que lo separaba de los regímenes represivos y autoritarios. Se ha convertido en una vergüenza democrática", dijo Puigdemont tras conocer las novedades. Sin embargo, incentivó a la gente a salir a la calle a manifestarse e insistió en que las elecciones se realizarían de todos modos. Las protestas fueron masivas, incluso después de que la Justicia liberara a los detenidos.

Para demostrar que está dispuesto a usar la fuerza con tal de evitar el referéndum, el gobierno de Rajoy resolvió el viernes crear un "mando único" policial en Cataluña. En los hechos, eso significa poner a los Mossos d'Esquadra, la policía autonómica, a las órdenes de su ministro del Interior. En este contexto de extremo nerviosismo, falta sólo una semana y todavía no se sabe si la consulta popular se realizará.

"Una crisis como la actual, única en los países democráticos, es fruto de la coincidencia de bastante factores. Principalmente es la combinación de la estrategia del Partido Popular (PP, de Rajoy) de atacar el intento de llegar a un nuevo acuerdo con los partidos catalanistas por parte del gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero (2004—2011), junto a la crisis económica, que produjo en todo el país un incremento de la desafección con los partidos e instituciones políticas surgidas en la Transición (tras la muerte del dictador Francisco Franco)", explicó Javier Astudillo, vicedirector del Departamento de Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad Pompeu Fabra, consultado por Infobae.

Lo que termina de configurar un cóctel explosivo es la consolidación en los dos polos políticos de figuras que se muestran intransigentes frente a su contraparte. Esto da lugar a una dinámica en la cual las posiciones se van radicalizando, lo que hace cada vez más inviable bajar un escalón y adoptar una estrategia conciliadora.

"Se ha llegado a un punto en el que las posturas están muy ideologizadas. Se plantean dos argumentos contrapuestos que se arrogan para sí la legitimidad democrática. Para el gobierno, ser demócrata es ser constitucionalista, y eso, desde su punto de vista, significa defender a ultranza la unidad del país. Para el movimiento independentista, la democracia está en las calles y en la expresión popular que quieren articular a través de la consulta. A pesar de que en la calle y en el Parlamento catalán también haya opiniones distintas a la suya", dijo a Infobae Laura Adrián Lara, profesora del Departamento de Ciencia Política de la Universidad Complutense de Madrid.

Cataluña: radicalización y posverdad

"Tengo la impresión de que esta tensión, que irá a más hasta el 1 de octubre, es una estrategia de los independentistas para aparecer como víctimas y arrasar en las elecciones autonómicas que se tendrán que acabar de convocar más tarde o más temprano", afirmó a Infobae Cesáreo Rodríguez-Aguilera de Prat, profesor del Departamento de Ciencia Política y Derecho Público de la Universidad de Barcelona. "El gobierno de Puigdemont ha ido tan lejos en su desafío que ya no puede dar marcha atrás. Los tres partidos independentistas se vigilan entre sí y ay del que lo insinué", agregó.

Cataluña tuvo siempre un fuerte sentido de pertenencia nacional, que en buena medida lo alejó de España. Pero que el independentismo como proyecto político tenga la preeminencia que muestra hoy era impensable hasta hace poco. Las fuerzas políticas que lo encarnan crecieron muy rápidamente, aprovechando el vacío de legitimidad que padece la política española desde hace casi una década.

Ernesto Pascual Bueno, profesor de ciencia política en la Universidad Autónoma de Barcelona, apuntó contra el "discurso de posverdad" de algunos dirigentes catalanes, como Oriol Junqueras, el vicepresidente de la Generalidad de Cataluña. "El independentismo había estado habitualmente entre el 10 y el 15%, 20% como máximo. Pero pasó a un 35, 40, y hasta 45%, que es lo que arrojaron las últimas elecciones. Es que, si en el contexto de un crisis económica, prometen que el día que seamos independientes el maná nos caerá del cielo, la gente va a tener mucho más dinero y pensiones más altas, muchos tienden a creer ese relato. Otra cosa es que sea cierto, porque las finanzas catalanas están quebradas", dijo en diálogo con Infobae.

Uno de los éxitos políticos que no se le pueden negar a los secesionistas es su capacidad para hegemonizar el debate público. Tanto al nivel de las instituciones, como en los medios de comunicación y en la calle, lograron instalar que toda Cataluña quiere irse de España. Pero lo cierto es que la sociedad está partida en mitades. El problema es que quienes se oponen al proceso están muy atomizados políticamente, representados por distintos partidos que no se ponen de acuerdo entre sí.

"Si entre el 70 y el 80% de la población estuviera a favor, hace tiempo que se habría declarado unilateralmente la independencia —continuó Pascual Bueno—. Pero los dos gobiernos saben que la cosa está muy dividida. Las últimas encuestas decían que el bloque soberanista perdería la mayoría absoluta si hubiera elecciones ahora, porque es muy grande el costo emocional de toda esta situación para la gente que vive normalmente".

Rajoy y las consecuencias de la intransigencia

"Jurídicamente —dijo Rodríguez-Aguilera—, el gobierno de Rajoy no tenía otro remedio que adoptar estas decisiones. Lo criticable es su absoluta ausencia de propuestas políticas para intentar desencallar una situación cada vez más enquistada. Pero no podía autorizar esta consulta, porque el Gobierno catalán pretende darle valor jurídico vinculante, algo absurdo dado que una ley autonómica suspendida no puede ir contra la Constitución y el Estatuto".

La mayoría de los analistas consultados por Infobae coincidió en que los argumentos legales del gobierno catalán son muy endebles. Desde ese punto de vista, la reacción de Rajoy era esperable y, quizás, inevitable para preservar la unidad española y el Estado de derecho. El problema es que, muy probablemente, si hubiera actuado con menos intransigencia y con mirada de largo plazo, podría haber evitado años atrás que la crisis estallara.

"Tal y como están las cosas en este momento, es previsible que el conflicto siga agravándose —dijo Lara—. Las actuaciones por parte del gobierno para evitar la celebración del referéndum, aunque estén amparadas por la ley, son sentidas y planteadas como una actuación autoritaria por parte de las autoridades catalanas. Es una aval que de algún modo refuerza su planteamiento de que el Gobierno de la nación está actuando de manera antidemocrática y que la verdadera democracia está en las urnas que no les dejan poner".

Ismael Peña-López, profesor de derecho y ciencia política en la Universidad Abierta de Cataluña, fue más allá en su crítica y sostuvo que la respuesta de Rajoy fue completamente excesiva, al punto de violar la autonomía catalana. "La aplicación de la ley, aunque esperable por parte del Estado español, ha pasado muchas veces en las últimas semanas lo estrictamente legal. Está entrando en terreno claramente totalitario y antidemocrático, vulnerando derechos como la libertad de prensa, de reunión o de expresión, así como aplicando tipos legales a personas físicas que solamente pueden aplicarse a personas jurídicas o incluso a la Administración. No es que el Gobierno español no haya podido encontrar una solución negociada, es que jamás lo intentó. Al contrario, se negó a ello dando como única respuesta la represión policial y judicial", dijo a Infobae.

Esta estrategia agresiva hacia el autonomismo catalán por parte de Rajoy y del PP se remonta a 2006, cuando se sancionó el Estatuto de Autonomía que regula el funcionamiento institucional de la comunidad. En su afán por ganar votos en el resto del país, sobre todo entre los sectores que siempre vieron a Cataluña con recelo, hizo campaña para derogar varios artículos del Estatuto, a pesar de que también estaban presentes en otras comunidades. Muchos catalanes lo sintieron como una ofensa, que se convirtió en amenaza cuando Rajoy llegó al poder, en 2011.

"El PP no ha sabido dar una salida al problema político que tenemos en Cataluña. No ha dado una puerta de salida a los independentistas para bajarse de estas posiciones extremas. Artur Mas había ido a negociar con Rajoy 17 temas que eran de primordial interés en Cataluña, y la respuesta que obtuvo fue siempre negativa. Es una falta de conocimiento de la realidad catalana", dijo Pascual Bueno.

Una crisis sin salida a la vista

El conflicto ya es una película de suspenso en la que nadie se anima a vaticinar lo que puede ocurrir mañana. Sin embargo, casi todos los estudiosos de la realidad política española coinciden en que es muy poco factible que el próximo domingo se realice el referéndum en plenitud.

"Hay muchos escenarios —dijo Peña-López—. El primero es que el Estado consiga acabar con la compleja logística del referéndum y el 1 de octubre veamos una movilización o unas protestas, pero sin voto real. El segundo es que se acabe votando, pero que la participación sea baja, por las barreras estatales o por la pérdida de credibilidad. El tercero es que no se pueda votar en absoluto. Habrá que ver cómo reacciona el movimiento independentista, pero es poco probable que abandone la lucha".

Algunos medios alertaban sobre la posibilidad de que hubiera algún estallido violento en caso de que el Gobierno central sea exitoso en impedir la votación o en limitarla lo suficiente como para que carezca de valor. Pero por el momento no hay indicios de que el conflicto pueda llegar a ese punto. El riesgo es que Puigdemont decida avanzar de todos modos con la secesión.

"Es bastante probable que al final haya algún tipo de votación, en la que sólo concurrirán los que están a favor, y que el Gobierno catalán proclame la independencia, porque la ley de referéndum no fijó un umbral mínimo de participación para que considerarlo vinculante —dijo Astudillo—. Acto seguido, el Tribunal Constitucional dictaminará que dicha proclamación es inconstitucional. Muy probablemente sea entonces cuando el Estado suspenda la autonomía catalana. A partir de ahí entramos en territorio desconocido".

Algo más optimista, Lara aún considera posible llegar a un acuerdo. "Creo que ahora mismo la Generalitat está mostrando su fuerza y el apoyo en las calles para lograr una posición más ventajosa en la negociación que habrá después, algo impensable hace unos meses. Esto no va a ser fácil porque toda negociación implica cesiones y la postura en Cataluña está muy radicalizada, sobre todo en ciertos sectores".

Más allá de lo que suceda en las próximas semanas, es evidente que la crisis catalana es expresión de una crisis de Estado más profunda, que se vio también en la necesidad de repetir elecciones a nivel país para resolver si Rajoy continuaba o no como presidente. Lo más probable es que, en el largo plazo, la única salida sea discutir un nuevo marco institucional para la política española, que entre otras cosas incluya cambios en las comunidades autónomas, recogiendo algunas de las demandas de los soberanistas catalanes.

LEA MÁS: