Una Nobel de la Paz en la mira: la ONU asegura que en el país que gobierna se está llevando a cabo una "limpieza étnica"

Aung San Suu Kyi se convirtió en un símbolo pacifista a fines de los ochenta, cuando regresó a Myanmar (ex Birmania) desde el exilio para liderar un movimiento que buscaba terminar de manera no violenta con la feroz dictadura que gobernaba desde 1962. La presión llevó al régimen a convocar a elecciones en 1990, de las que resultó amplio ganador su partido, la Liga Nacional por la Democracia (LND). Sin embargo, el resultado fue anulado y ella encarcelada. Por su lucha, le otorgaron en 1991 el Premio Nobel de la Paz, pero eso no evitó que siguiera siendo una presa política por los siguientes 20 años.

Debilitada, la junta militar la liberó en 2010 y convocó a nuevas elecciones, aunque con la LND proscrita. Tras un gobierno de transición encabezado por Thein Sein, volvieron a realizarse comicios libres en 2015. La LND arrasó y consiguió el 86% de las bancas en el Congreso, pero Suu Kyi no pudo ser electa presidente porque la Constitución sancionada por el régimen anterior estableció un veto sui generis contra personas que tengan hijos con pasaporte extranjero, como ella. De todos modos, el 30 de marzo de 2016 hizo elegir a Htin Kyaw, un hombre de su máxima confianza. A ella le crearon el cargo de consejera de Estado, que sumó a los de ministra de Relaciones Exteriores y ministra de la Oficina de Presidencia, convirtiéndose en la verdadera mandataria.

La esperanza de que con ella en el poder se terminaría la violencia en Myanmar se desvaneció rápidamente. El conflicto con la minoría rohingya, un grupo étnico musulmán que fue históricamente perseguido por la mayoría budista que manejó siempre el país, se agravó en los últimos meses. La crisis estalló definitivamente el 25 de agosto pasado en el estado de Rakhine, donde está concentrada esta población, que ronda el millón de personas. Una organización radicalizada que reclama la soberanía territorial para esta etnia perpetró una serie de ataques contra las fuerzas de seguridad que dejaron una decena de muertos.

"Este grupo se autodenomina Ejército de Salvación de los Rohingya de Arakan (ARSA por su sigla en inglés). En un comunicado, negaron tener vínculos con Al Qaeda y con ISIS. Pero sus atentados desencadenaron una agresiva represalia militar. Es la segunda gran campaña que realiza este grupo militante. La primera fue en octubre de 2016, cuando mataron a nueve agentes de seguridad", contó Ronan Lee, profesor de la Escuela de Humanidades y Ciencias Sociales de la Universidad Deakin, Australia, consultado por Infobae.

La respuesta del Ejército fue salvaje. En vez de focalizarse en los violentos, arremetió contra toda la población, quemando casas y campos. La ONU reveló este sábado que en los últimos 21 días ya fueron desplazados 409 mil miembros de la comunidad, que se vieron obligados a cruzar la frontera hacia Bangladesh. Se estima que más de 400 murieron por la represión.

"El Gobierno está usando los atentados de ARSA como una excusa para utilizar tácticas de terror masivo con el objeto de remover a toda la población rohingya. Los ataques contra la comunidad son completamente desproporcionados frente la amenaza que representa ARSA. En vez de buscar a los responsables de los episodios del 25 de agosto, están llevando a cabo un castigo colectivo que incluye a mujeres, niños y ancianos", explicó a Infobae Alicia de la Cour Venning, investigadora de la Iniciativa Internacional de Crímenes de Estado (ISCI por su sigla en inglés) de la Universidad Queen Mary de Londres.

El alto comisionado de Derechos Humanos de la ONU, Zeid Raad al Hussein, dijo esta semana que lo que está haciendo Myanmar es un "ejemplo de manual de limpieza étnica". Tras varios días de silencio, Suu Kyi defendió el accionar del Ejército y anunció que no asistiría a la próxima sesión de la Asamblea General. En un comunicado, sostuvo que prefería ocuparse de "los ataques terroristas en Rakhine". Nada dijo del éxodo rohingya.

"Los militares están limpiando étnicamente de Myanmar a los rohingya —dijo Lee—. La evidencia no deja lugar a dudas. Están forzándolos a irse de sus casas y de sus pueblos, que luego son quemados. Amnistía Internacional difundió imágenes satelitales que muestran 80 incendios de gran escala en zonas residenciales. Es una política diseñada para expulsar a los rohingya de Myanmar. La magnitud del sufrimiento humano es impactante. Hay pruebas creíbles de que los militares disparan con morteros y ametralladoras a los civiles que escapan hacia Bangladesh. No hay justificación posible para esto".

Sin dudar, Thomas MacManus, investigador del ISCI, fue un paso más allá en la descripción de lo que está ocurriendo. "Esto es un genocidio —dijo a Infobae—. El estado birmano, a través de las Fuerzas Armadas, está tratando de erradicar a los rohingya del territorio asesinándolos y aterrorizándolos para que se vayan. Limpieza étnica es un eufemismo de genocidio".

Los rohingya, el pueblo que Myanmar quiere borrar del mapa

La persecución contra esta comunidad no empezó ahora, lleva varias décadas. Pero en un ejemplo de cómo la política manipula los nacionalismos con total arbitrariedad según las circunstancias, los mismos rohingya a los que hoy se les niega todo derecho en algún momento sí eran reconocidos.

"Antes tenían carnet de identificación nacional como cualquier otra persona en el país. Con la introducción de las políticas discriminatorias por parte del régimen de Ne Win en los 70, les fueron confiscando los carnets. Con la operación Nagamin, realizada entre 1977 y 1978, se buscó echarlos a todos del país. Pero la mayoría de los refugiados volvieron luego a los lugares en los que vivían. A pesar de todas estas maniobras, los rohingya siguieron siendo considerados ciudadanos hasta 1982, cuando se sancionó la norma con la que oficialmente dejaron de serlo", contó a Infobae Ahsan Ullah, profesor de Geografía, Ambiente y Desarrollo de la Universidad de Brunei Darussalam.

Antes de que se desatara la crisis actual, vivían en el estado de Rakhine 1.1 millón de personas pertenecientes a esta comunidad. A pesar de tener antepasados en la región que se remontan varias generaciones, son tratados como inmigrantes ilegales. Son un pueblo sin estado, con severas restricciones para moverse dentro del país, sin acceso a la educación y a los servicios de salud, y sin el derecho a trabajar ni a casarse. Adicionalmente, hay más de de 100 mil rohingyas confinados en campos de detención.

"En 2014 realizamos una investigación para determinar en qué medida la persecución de las últimas décadas sigue la trayectoria de otros genocidios conocidos —dijo De la Cour Venning—. Nuestra conclusión fue que esta comunidad ha sido víctima de estigmatización, acoso, aislamiento y debilitamiento sistemático. Padecen desnutrición, malnutrición y hambrunas; enfermedades físicas y mentales severas; restricciones al movimiento, al casamiento, la procreación y la propiedad de la tierra; y la siempre presente amenaza de la violencia y la corrupción".

La Nobel que no trajo paz a su país

"El gobierno de Suu Kyi no tiene un control directo sobre las Fuerzas Armadas —afirmó Lee—. Sólo responden a sí mismas y retienen un poder muy significativo en la Constitución. Al tener garantizado un cuarto de las bancas en el parlamento, tienen un efectivo poder de veto sobre cualquier intento de reforma constitucional. También mantienen el control sobre ministerios claves, que se ocupan de la seguridad y del control de las fronteras".

Nadie puede negar el poder de las Fuerzas Armadas en Myanmar. Lógicamente, en un país que fue durante más de medio siglo controlado por una dictadura militar, que se fue imponiendo condiciones a sus sucesores, las Fuerzas Armadas tienen una autonomía superior a la que se esperaría de cualquier nación democrática. Sin embargo, quizás el mayor problema no es que Suu Kyi no pueda controlarlos, sino que no quiera hacerlo.

"Ella es la conciencia moral de Myanmar y es reverenciada por la mayoría de la población. Pero no ha mostrado demasiada empatía por el sufrimiento de los rohingya. No hizo ningún llamamiento a los militares para que se contengan. De hecho, apoyó sus acciones contra los rohingya. Son las políticas del gobierno civil de Myanmar, que es conducido por Suu Kyi, las que confinaron a los rohingya a Rakhine y los convirtieron en personas sin estado. El gobierno de Suu Kyi tiene una buena cuota de responsabilidad en lo que está pasando", dijo Lee.

La crisis, y la evidente complicidad de la Consejera, son de una gravedad tal que ya se escuchan voces que piden que se le retire el Nobel de la Paz. Otras figuras laureadas con el mismo premio, como Desmond Tutu y Malala Yousafzai, la han cuestionado duramente.

"Suu Kyi llegó al poder con el mandato de defender los derechos humanos y la libertad —dijo MacManus—. Pero les niega a los rohingya el derecho a la identidad y usa su propio capital político para desviar la atención internacional de las Fuerzas Armadas, dándoles el tiempo y el espacio para matarlos y expulsarlos".

Un desastre sin soluciones fáciles

"Myanmar declaró recientemente a Rakhine polo de negocios y pidió por inversiones externas —dijo Ullah—. Entonces, el Gobierno necesitaba borrar a los rohingya de su hogar para avanzar con su plan. La presión internacional podría hacerlo desistir de ese proyecto. Dado que el Estado les niega sus derechos, la comunidad internacional tiene que hacerse responsable y trabajar para que les devuelvan la ciudadanía".

Todos los analistas consultados por Infobae coinciden en que la única solución posible a este conflicto es que Myanmar reconozca lo obvio, que los miembros de este grupo étnico tienen tanto derecho a ser ciudadanos como cualquier otra persona nacida en el territorio. Pero todos saben que es muy difícil avanzar en esa dirección ante la resistencia monolítica del establishment políticomilitar birmano.

"No hay voluntad política dentro de Myanmar para encontrar una solución, más allá de la destrucción de los rohingya —dijo MacManus—. Necesitan la protección de la comunidad internacional frente a los abusos a los derechos humanos. Para ello se pueden aplicar sanciones contra el país y se puede investigar y enjuiciar a los líderes birmanos por crímenes internacionales".

Implementar medidas económicas que golpeen al gobierno es una de las opciones que se evalúan. El problema es que sean lo suficientemente focalizadas como para afectar principalmente al Estado, y no a toda la sociedad. De todos modos, aún siendo precisas, es innegable que esta alternativa ha sido ineficaz en muchas ocasiones para disuadir a los gobiernos de violar los derechos humanos.

"La comunidad internacional tiene que enviar una señal mucho más fuerte al gobierno y a las Fuerzas Armadas, indicando que el mundo está mirando y que no se van a tolerar atrocidades como las que se están cometiendo. Los donantes externos tienen que dejar en claro que la continuidad de las inversiones y de la ayuda para el desarrollo depende de que las autoridades hagan intentos genuinos de frenar inmediatamente los abusos que están siendo perpetrados en Rakhine. Las sanciones dirigidas contra los líderes militares y sus socios empresariales pueden ser cruciales", concluyó De la Cour Venning.

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