La fiscalía ordenó a la policía impedir el referéndum independentista de Cataluña convocado para el 1 de octubre

La decisión deja entre la espada y la pared a los Mossos d'Esquadra, obligados a cumplir las instrucciones de la fiscalía pero dependientes políticamente del gobierno regional

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La policía fue instruida por
La policía fue instruida por la fiscalía para impedir el referéndum del 1 de octubre en Cataluña (AFP)

La fiscalía superior de Cataluña reunió este martes a todos los cuerpos policiales que operan en esta región española para ordenarles que impidan el referéndum de autodeterminación convocado por el gobierno independentista regional y prohibido por la justicia.

Por la mañana, las cúpulas de la Guardia Civil, la Policía Nacional y los Mossos d'Esquadra, el cuerpo regional dependiente del ejecutivo catalán, acudieron a la fiscalía que les transmitió sus instrucciones ante el escrutinio programado el 1 de octubre.

La instrucción, difundida por la fiscalía después de la reunión, va dirigida a "todas las unidades de policía", pidiéndoles que actúen contra autoridades, funcionarios o particulares "a fin de evitar la consumación de los delitos".

"Los funcionarios policiales (…) procederán directamente a adoptar las medidas necesarias para intervenir los efectos o instrumentos destinados a preparar o celebrar el referéndum ilegal", señaló la fiscalía en un comunicado.

Entre estas medidas, especifica la requisación de "urnas, sobres electorales, manuales de instrucciones para los miembros de las mesas electorales, impresos electorales, propaganda electoral, elementos informáticos, así como cualquier otro material de difusión, promoción o ejecución del referéndum ilegal".

Manifestación por el Día de
Manifestación por el Día de Cataluña (AP)

El gobierno regional, presidido por el independentista Carles Puigdemont, convocó la semana anterior un referéndum de autodeterminación y pretende seguir con su plan a pesar de la prohibición del Tribunal Constitucional y el rechazo del ejecutivo central de Mariano Rajoy.

La fiscalía se querelló contra él y su gobierno, acusándolos de presuntos delitos de desobediencia, prevaricación y malversación de caudales públicos, éste último penado con hasta 8 años de cárcel.

Además, también pidió el cierre de la web informativa del referéndum y requirió a los directores de medios de comunicación no difundir publicidad institucional.

Esta orden deja entre la espada y la pared a los Mossos d'Esquadra, obligados a cumplir las instrucciones de la fiscalía pero dependientes políticamente del gobierno regional contra el que deben actuar.

A la reunión asistió su comisario jefe Josep Lluís Trapero, convertido en un héroe en la región desde la actuación de sus agentes tras los atentados yihadistas acontecidos en la región el 17 y el 18 de agosto que causaron 16 muertos.

"Los Mossos están para servir a los ciudadanos, a todos, no a unos pocos", dijo en la televisión TVE el ministro de Justicia español, Rafael Catalá.

Por su parte, Puigdemont pidió en una entrevista en la radio Rac1 que dejen "tranquilos" a los Mossos. "Tienen como función principal garantizar la seguridad de la gente (…) Su prioridad es esta, la policía no tiene que hacer política"; negándose a decir directamente si dará órdenes contrarias.

Con información de AFP

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