Polémica tras el atentado de Barcelona por un funcionario que separó las víctimas en catalanas y españolas

Fue Joaquín Forn, secretario del Interior local. Los coletazos siguieron con el pedido de utilizar la bandera "Estelada" en todo el país y la denuncia sobre falta de colaboración de la policía regional con la Nacional y la Guardia Civil. El próximo 1 de octubre habrá un referéndum por la independencia

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Independentistas catalanes muestran la bandera
Independentistas catalanes muestran la bandera “Estelada”, símbolo de la independencia de Cataluña, durante una marcha anterior (Reuters)

El viernes por la noche, apenas un día después del ataque que dejó un saldo de al menos 15 muertos en Barcelona y Cambrils, y mientras el terrorista Younes Abouyaaqoub seguía prófugo, el consejero del Interior catalán Joaquín Forn separó entre víctimas catalanas y españolas, como si fueran dos nacionalidades distintas.

"Hay 13 muertos, de los cuales hemos identificado ya a siete personas: una mujer italiana, una mujer portuguesa, una mujer con doble nacionalidad española y argentina, dos personas catalanas y dos personas de nacionalidad española", dijo Forn provisoriamente a la televisión pública local TV3.

La distinción provocó una reacción en toda España y en la Sociedad Civil Catalana, una asociación contraria al independentismo de la región y que promueve la unidad, que le reprochó a Forn si le había preguntado a las víctimas por su postura.

También la Asamblea Nacional Catalana vinculó la causa independentista a la situación de emergencia vivida en el país, cuando en su cuenta de Twitter para el público estadounidense pidió el viernes que se utilice la "Estelada", símbolo de la independencia catalana, y no la bandera española para expresar solidaridad con las víctimas del ataque, un tuit que generó un fuerte repudio en redes sociales.

Por otro lado, este martes, la Asociación Unificada de los Guardias Civiles y el Sindicato Unificado de Policía, que representan los intereses de los miembros de la Guardia Civil y la Policía Nacional, dos agencias de seguridad que operan en toda España, denunciaron un "aislamiento a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado en la gestión del atentado de Barcelona" para fortalecer la imagen de un "Estado catalán autosuficiente".

Según el comunicado publicado en sus sitios web y redes sociales, los Mossos d'Esquadra, la policía catalana, intentaron blindar las pesquisas sobre los cuerpos y se mostraron reacios a colaborar con las fuerzas nacionales mientras corrían a contrarreloj para frenar otros atentados y desarticular a la célula de Ripoll.

La Policía Nacional y la
La Policía Nacional y la Guardia Civil acusa a los Mossos d’Esquadra, fuerzas de seguridad locales, de marginarlos de la investigación (Reuters)

De esta manera, la Guardia Civil y la Policía Nacional expresaron que fueron "marginadas de forma dolosa en la investigación", con un único objetivo: el de transmitir una imagen al exterior de las fronteras de España de un Estado catalán autosuficiente, según el texto.

Si bien destacaron la labor de los Mossos, que "han arriesgado sus propias vidas para proteger la de los ciudadanos", las fuerzas nacionales pidieron no relegar la "acción conjunta" y solvencia de otras agencias del Estado.

El 1 de octubre de este año, los catalanes celebrarán un referéndum impulsado por el gobierno local para intentar avanzar en el proceso de autodeterminación bajo la pregunta: "¿Quiere que Cataluña sea un Estado independiente en forma de república?".

Los catalanes ya votaron por
Los catalanes ya votaron por la independencia en un plebiscito de 2014 y por una coalición que la promueve en las elecciones legislativas de 2015

En una consulta popular anterior no vinculante realizada en 2014, la secesión de España obtuvo un apoyo del 80,76%, aunque con una participación del 37 por ciento. Posteriormente, en las elecciones legislativas de 2015 para el Parlamento de Cataluña se impuso la coalición proindependencia Junts Pel Sí, aunque no pudo formar un gobierno en soledad.

Sobre estas dos bases, la Generalitat buscará ahora dar un paso concreto en un largo camino que el gobierno central en Madrid rechaza y considera ilegal.

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