En su último informe, que Jahangir presentará el próximo día 13 ante el Consejo de Derechos Humanos de la ONU, la experta independiente señala que la República Islámica "ha ejecutado presuntamente el número más elevado de delincuentes juveniles en el mundo en la última década".
Pese a la prohibición internacional a esta práctica, el código penal iraní sigue aplicando la pena de muerte a menores por homicidio, adulterio o sodomía.
Una enmienda de 2013 exige a los jueces que evalúen la capacidad mental del menor antes de dictar la pena de muerte y desde 2015 todos los tribunales deben aplicar esta práctica de manera retroactiva para los casos decididos antes de 2013.
También elimina la pena capital para menores condenados por delitos relacionados con las drogas.
En julio de 2016 el Gobierno iraní presentó una legislación al Parlamento para que la Judicatura considere un castigo alternativo de entre dos a ocho años de cárcel en una institución para menores para delitos que conllevan la pena de muerte o prisión de por vida.
La relatora recuerda que, de las 41 recomendaciones que recibió Irán durante el Examen Periódico Universal (EPU) -evaluación sobre el cumplimiento de la leyes fundamentales a la que tienen que someterse todos los estados miembros de la ONU-, 29 estaban relacionadas con la pena capital.
Entre estas recomendaciones hubo llamamientos a la abolición de la pena de muerte para menores, una moratoria sobre la pena de muerte para delitos no considerados los más graves por los estándares internacionales, una moratoria sobre la pena capital y la prohibición de la lapidación y las ejecuciones públicas.
Organizaciones de derechos humanos calculan en al menos 530 las ejecuciones que tuvieron lugar en 2016 en Irán, la mayoría por delitos de drogas.
La experta igualmente ha recibido numerosas informaciones sobre el uso de la tortura y otros tratos o castigos crueles, inhumanos y degradantes en Irán, que incluyen amputaciones, la privación de la vista o provocar la ceguera, latigazos, tortura física y mental para conseguir confesiones, periodos prolongados de confinamiento solitario y la denegación de acceso adecuado a tratamiento médico.
La relatora también considera que Irán necesita acometer profundos cambios jurídicos y estructurales para mejorar significativamente los derechos humanos y expresa su esperanza de que la Declaración de los Derechos de los Ciudadanos adoptada "sea un paso positivo en esta dirección".
Preocupa a la experta además la proliferación de entes judiciales y pide a Teherán la abolición de tribunales revolucionarios y religiosos, que detenga las detenciones arbitrarias, deje de acosar y detener a personas que ejercen su libertad de opinión y expresión y libere a "todos los presos políticos y presos de conciencia, a fin de dar esperanza a los ciudadanos de que la situación de los derechos humanos en el país puede mejorar".
Igualmente pide al Gobierno iraní que el aparato de seguridad e inteligencia no tome represalias contra familias y activistas de derechos humanos o expresen opiniones contrarias a las políticas gubernamentales y denuncia las nuevas restricciones a la libertad de movimiento de mujeres y niñas y el código de vestimenta obligatorio.
Asimismo, preocupa a Jahangir la persistencia de matrimonios con menores y de la discriminación de las minorías reconocidas y no reconocidas, como los bahaí.
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