Amnistía Internacional (AI) denunció "crímenes contra la humanidad" en la campaña antidroga del presidente de Filipinas, Rodrigo Duterte, al asegurar que ésta encubre asesinatos a sueldo, falseo de atestados y robos perpetrados por la policía.
"La policía ha convertido en objetivo principal a personas pobres e indefensas de todo el país colocando 'pruebas', reclutando a asesinos a sueldo, robando a quienes mata y falseando los atestados", señaló la ONG en un nuevo informe titulado "Si eres pobre te asesinan: ejecuciones extrajudiciales en Filipinas".
Para elaborar este documento AI examinó 33 casos en los que fueron asesinadas 59 personas en diversas partes del país y entrevistó a 110, entre ellas testigos, familiares de las víctimas y agentes de las fuerzas del orden.
Uno de los agentes confesó a la organización que la Policía les paga entre 8.000 y 15.000 pesos (entre 160 y 300 dólares, o 150 y 280 euros) por cada ejecución, y además reciben comisión de las funerarias cercanas.
La organización sentenció que "si no se toman pronto medidas tajantes, la comunidad internacional debe recurrir al Fiscal de la Corte Penal Internacional (CPI) para una investigación preliminar de estos homicidios, incluida la participación de altos funcionarios del Gobierno".
El informe fue publicado dos días después de que Duterte suspendiera temporalmente su campaña antidroga para centrarse en "limpiar" la policía después de que el escándalo del asesinato de un surcoreano evidenciara la corrupción y arbitrariedad de las fuerzas de seguridad.
En todo caso se comprometió a reanudar próximamente e incluso prolongar hasta 2022 (en lugar del próximo junio como estaba previsto) la "guerra contra las drogas" que ha dejado en siete meses más de 7.000 muertos, de ellos 2.527 a manos de los agentes en supuestos enfrentamientos con sospechosos.
Según AI, en muchos casos las víctimas se rindieron sin oponer resistencia pero aun así los agentes apretaron el gatillo, como en el caso de Gender Rondina, acribillado en su propia casa en la ciudad de Cebu con sus familiares como testigos.
Tras retirar el cadáver de Rondina, "objetos de valor como un ordenador portátil, un reloj y dinero" desaparecieron de la escena del crimen y nunca fueron reportados por la Policía, según el informe.
La organización también aseguró que las listas de traficantes y adictos -y por tanto víctimas potenciales- incluyen a individuos que no tienen relación con las drogas ya sea "por venganzas personales o por los incentivos para matar a muchas personas".
"No es una guerra contra las drogas, sino una guerra contra los pobres. Bajo débiles evidencias, las personas acusadas de tomar o vender drogas son asesinadas por dinero", resume Tirana Hassan, directora de respuestas a crisis de AI, en el informe.
Con información de EFE
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