El vicepresidente de EEUU, Mike Pence, contrató a un abogado personal para lidiar con las peticiones y consultas que se le requieran en el marco de las investigaciones sobre una posible colusión entre la campaña del presidente Donald Trump y Rusia para interferir en las elecciones de 2016.
Según informó este jueves el diario The Washington Post, Pence ha contratado a Richard Cullen, un abogado con sede en Richmond (Virginia) que anteriormente se desempeñó como fiscal federal en el Distrito Este de Virginia, y cuya minuta será pagada por el propio vicepresidente, y no con dinero de los contribuyentes.
"Puedo confirmar que el vicepresidente ha contratado a Richard Cullen de McGuire Woods para ayudarlo a responder a las preguntas del fiscal especial", dijo Jarrod Agen, vocero de Pence, al Post. Y agregó: "El vicepresidente está concentrado enteramente en sus tareas y en promover la agenda del presidente y espera con interés la rápida conclusión de este asunto".
La decisión de Pence llega menos de un mes después de que Trump contratara a un abogado privado por el mismo motivo, Marc Kasowitz, y un día después de que el mismo diario informara de que el fiscal especial para el caso, Robert Mueller, ha extendido sus pesquisas para dilucidar si el mandatario intentó obstruir la Justicia.
Mueller fue nombrado fiscal especial para el caso ruso tras el despido fulminante en mayo del ex director del FBI James Comey, quien después aseguró que Trump, antes de destituirle, le pidió que "dejara pasar" las pesquisas sobre los vínculos de su ex asesor de Seguridad Nacional, Michael Flynn, con Rusia.
Mueller, quien fue el predecesor de Comey al frente del FBI durante 12 años y cuenta con la confianza tanto de demócratas como de republicanos, tiene ahora la responsabilidad de dilucidar si el presidente incurrió en un intento de obstrucción a la Justicia sobre las pesquisas rusas.
El mismo Comey, al ser preguntado por el asunto durante su audiencia en Senado, no quiso dar su opinión al respecto y dijo confiar plenamente en Mueller para dirimir lo sucedido, de manera que el fiscal especial tiene en sus manos la gran responsabilidad de marcar el futuro político del multimillonario.
El delito de obstrucción a la Justicia puede provocar un proceso de destitución ("impeachment") contra Trump en el Congreso, algo que apoyan legisladores de la oposición demócrata si se dan las circunstancias pertinentes, pero que no cuenta con el respaldo de la mayoría republicana.
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