El gobierno del presidente Donald Trump defendió este martes su polémico decreto antiinmigratorio en una corte de apelaciones, en medio de acusaciones del mandatario contra los medios y la justicia por subestimar amenazas terroristas.
En una sesión de una hora, que se realizó por teléfono, tres jueces federales del Tribunal de Apelaciones Federal de San Francisco escucharon los argumentos del gobierno y del estado de Washington, donde una corte bloqueó la prohibición de entrada a refugiados y nacionales de siete países de mayoría musulmana.
Esta corte determinará si los efectos del decreto siguen en pie mientras se lleva a cabo el juicio o suspendidos, como determinó un tribunal de Seattle.
"El presidente determinó que hay un riesgo real", señaló el representante del Departamento de Justicia, August Flentje, asegurando que el decreto estaba dentro de sus atribuciones.
"Este es un criterio de seguridad nacional que tradicionalmente se le asigna a la rama política y al presidente", añadió en su argumentación de unos 30 minutos.
Los jueces, que no abordaron la constitucionalidad del decreto como tal, se mostraron escépticos y en un punto el juez Richard Clifton calificó el argumento del gobierno como "abstracto".
Pidieron evidencias para conectar los siete países prohibidos -Irak, Irán, Siria, Yemen, Somalia, Sudán y Libia- con amenazas terroristas y lo presionaron para que explicara si la medida respondía a motivos religiosos como aseguraba la parte opuesta.
‘El presidente determinó que hay un riesgo real’, señaló el representante del Departamento de Justicia
"En 2015 y 2016 [antes de Trump asumir el poder], tanto el Congreso como el Ejecutivo determinaron que estos siete países representaron los más grandes riesgos de terrorismo", indicó Flentje.
El abogado que representa a los estados de Washington y Minnesota pidió que el caso continuara su curso.
‘No necesitamos probar que esta orden afecte únicamente a musulmanes o que afecta a cada musulmán, sólo necesitamos probar que fue motivada en parte para dañar musulmanes’, respondió el abogado.
"Siempre ha sido papel del poder judicial decir lo que es legal y supervisar abusos del Ejecutivo", indicó Noah Purcell, a quien los jueces cuestionaron que el decreto discrimine por religión, basado en que la población musulmana de los siete países representa un pequeño porcentaje de la mundial.
"Esta regla judicial nunca ha sido más importante en tiempos modernos como ahora, pero el presidente les pide que reactiven la orden ejecutiva sin una revisión judicial y lanzar el país al caos", añadió y aseguró que si se mantenía el fallo de suspender la orden, la corte en Washington daría celeridad al caso.
El juez Clifton, designado por el ex presidente republicano George W. Bush, no se mostró convencido sobre el argumento de discriminación religiosa pues los siete países representan 15% de la población musulmana mundial.
"No necesitamos probar que esta orden afecte únicamente a musulmanes o que afecta a cada musulmán, sólo necesitamos probar que fue motivada en parte para dañar musulmanes", respondió el abogado.
La audiencia de este martes fue seguida por 137.000 personas, un récord desde que el Noveno Circuito comenzó a transmitir sus sesiones por YouTube hace dos años.
Si la corte en San Francisco mantiene la suspensión, la batalla legal se trasladará a la Corte Suprema, que necesitará una mayoría de cinco contra tres para rechazar el fallo del tribunal de apelaciones.
Pero ese escenario es una incógnita: las ocho bancas del máximo tribunal están igualmente divididas en cuatro magistrados conservadores y cuatro progresistas.
"Sentido común"
Decretada el 27 de enero, la prohibición generó la confusión inicial de las propias agencias migratorias encargadas de implementarla, sembró el caos en los aeropuertos y desencadenó protestas mundiales. Tras un apoyo popular inicial, una leve mayoría de los estadounidenses la rechaza ahora, según dos nuevos sondeos.
Antes de la audiencia, Trump, acompañado de un grupo de comisarios de policía, insistió en que su orden era de "sentido común" y "muy importante para el país" a fin de protegerlo, según él, de ataques terroristas.
Los tres jueces no deben dar un fallo este martes sino luego en la semana, aunque la presidencia minimizó el alcance de la próxima decisión de la corte.
"La cuestión esta tarde está relacionada con la suspensión temporal (del decreto), no tiene nada que ver con el fondo del asunto", dijo Sean Spicer, portavoz de la Casa Blanca, durante su encuentro cotidiano con la prensa. "Por ello estamos confiados" en la decisión del organismo judicial, señaló.
Pero el presidente republicano, que multiplicó este fin de semana los tuits incendiarios contra el juez de Seattle que suspendió la aplicación del decreto y el sistema judicial en general, ¿está listo para aceptar una nueva derrota en los tribunales?
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"Por supuesto, el presidente respeta a la rama judicial pero tiene el poder de hacer lo necesario para garantizar la seguridad del país", respondió su portavoz.
En un tuit, Trump había intentado hacer responsable al juez de un eventual ataque terrorista en suelo estadounidense. "Si algo sucede, háganlo responsable, así como a todo el sistema judicial", escribió, lo que generó fuertes condenas en todo el país.
Con información de AFP
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