El rechazo de una corte federal de apelaciones al pedido del Departamento de Justicia de los Estados Unidos de reactivar el veto migratorio contra inmigrantes de siete países musulmanes trenzó al Gobierno del presidente Donald Trump en una lucha legal que podría durar años y zanjarse en la Corte Suprema.
El decreto que prohibía temporalmente el ingreso de quienes provienen de Siria, Irak, Sudán, Somalía, Yemen, Libia e Irán fue publicado el viernes 27 y enseguida causó caos y confusión en los aeropuertos y dejó varados a un gran número de nacionales de esos países que viven, trabajan o estudian en los Estados Unidos.
Una semana después, el juez federal de Seattle, James Robart, dio lugar al pedido de un fiscal general e invalidó la medida mientras analizaba los argumentos, con efectos a nivel nacional, lo que fue apelado por el Departamento de Justicia un día después.
Pero la corte de apelaciones del noveno circuito, basada en San Francisco, rechazó el pedido de la Casa Blanca y le dejó pocas opciones salvo recurrir a la Corte Suprema de Justicia de los Estados Unidos.
El primer paso se dará este lunes, ya que la corte de apelaciones pidió argumentos por escrito de los Estados de Washington y Minnesota, que lideran la oposición al veto migratorio, y otorgó a los abogados del Departamento de Justicia tiempo hasta las 11:00 p. m. (GMT) para responder, según reporta el periódico The Washington Post.
Con estos documentos, la corte podría en los próximos días organizar una audiencia entre las partes o volver a pronunciarse sobre la validez del fallo de Robart.
Si se reafirma la decisión de suspender el decreto, el Departamento de Estado elevará el caso a la Corte Suprema de los Estados Unidos.
"Con este cronograma acelerado que dispuso la corte de apelación, no planeamos acudir directamente a la Corte Suprema, sino continuar el proceso de apelación", dijo el vocero del Departamento de Justicia Peter Carr según The Washington Post.
La llegada del polémico decreto a la máxima instancia judicial del país podría traer problemas adicionales, ya que la Corte Suprema se encuentra con una vacante desde hace más de un año y los restantes jueces están divididos en cuatro de orientación conservadora y cuatro progresistas.
La administración Trump necesitaría el voto de cinco de estos jueces para anular el fallo de Robart y el proceso podría dilatarse por meses o incluso años.
Esta batalla judicial se da en medio de los esfuerzos del gobierno de nombrar a Neil Gorsuch como reemplazo de Antonin Scalia, quien falleció en febrero de 2016 y desde entonces no se logró el consenso para cubrir su vacante.
Mientras tanto, los ciudadanos que cuenta con visas válidas y provienen de los países vetados comenzaron a llegar al territorio de Estados Unidos aprovechando la contienda legal y ante el temor de que todo pueda, una vez más, revertirse.
Este domingo, el presidente aprovechó el momento para continuar su catarata de ataques al sistema judicial de su país y al juez Robart. "No puedo creer que un juez pueda poner a su país en tal peligro. Si algo pasa culpen a él y al sistema judicial. La gente está llegando. Malo!", dijo.
Just cannot believe a judge would put our country in such peril. If something happens blame him and court system. People pouring in. Bad!
— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) February 5, 2017
Otros mandatarios ya se han trenzado en fuertes peleas judiciales con la Corte Suprema, que invalidó el New Deal de Franklin Rossevelt, ordenó a Richard Nixon que entregara las grabaciones del Watergate y rechazó el pedido de Bil Clinton de postergar su juicio por abuso sexual, entre otros fallos.
Ninguno, sin embargo, confrontó con el sistema judicial tan pronto en su mandato.
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