El 28 de noviembre de 2016, el avión que transportaba al plantel de Chapecoense a Medellín para disputar la final de la Copa Sudamericana se precipitó antes de llegar a destino por falta de combustible, lo que provocó la muerte de 71 personas.
Casi seis meses despúes de aquel lamentable episodio, cuyos responsables aún no se han determinado, nuevas revelaciones complican más a la compañía boliviana LAMIA, la cual no volvió a operar desde entonces, y a los Estados de Bolivia y Colombia.
Una carta remitida a LAMIA el pasado 21 de febrero por la compañía de seguros Bisa, a la que tuvo acceso la cadena de noticias CNN, muestra que la póliza de la aerolínea estaba suspendida por falta de pago desde octubre de 2016. Por lo tanto, el seguro no estaba vigente.
Por otro lado, los documentos revelan que el seguro no cubría vuelos con destino a Colombia (entre otros países), nación en la que finalmente se estrelló el avión.
Según las leyes aeronáuticas bolivianas, el Estado tiene la obligación de fiscalizar este tipo de irregularidades y tiene la potestad de suspender las actividades de una compañía que no está en regla, a través de la Dirección General de Aeronáutica Civil. Por lo tanto, los familiares también podrían demandar al Estado de Bolivia.
Esta responsabilidad también es compartida con la Aviación Civil colombiana, que no puede desconocer este tipo de irregularidades de empresas cuyos aviones despegan y aterrizan en su territorio.
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