El trágico vuelo que cayó en Colombia y causó la muerte de 71 personas presentó serias irregularidades en el plan de vuelo que fueron advertidas y documentadas por las autoridades bolivianas antes de su partida, pero quedaron desestimadas por la tripulación de la nave con un mensaje que intentó llevar calma: "Eso está bien, ahí nomás déjemelo".
Al presentar el plan de vuelo, Álex Quispe, despachador de la empresa LAMIA, recibió cinco observaciones por parte de la Administración de Aeropuertos boliviana (Aasana) en la terminal de Viru Viru, entre las que resaltaba que el tiempo de vuelo y la autonomía de la nave eran los mismos, lo que no contemplaba el tiempo destinado ante un eventual desvío o maniobras inesperadas.
Según el documento, citado por el periódico boliviano El Deber, la funcionaria Celia Castedo describió la conversación que mantuvo con el tripulante por dichas faltas. En respuesta a las peligrosas observaciones, Quispe le explicó que el capitán del vuelo, Miguel Quiroga, había proporcionado dicha información y la consideraba suficiente.
Ante la insistencia de Castedo, Quispe intentó calmar sus dudas.
"No señora Celia, esa autonomía es la que me han pasado, nos alcanza bien… Así nomás lo presento, lo hacemos en menos tiempo, no se preocupe. Es así nomás, tranquila, eso está bien, ahí nomás déjemelo", señaló el tripulante.
Pese a la negativa inicial de Castedo, el pedido de la aerolínea prosperó. La información de El Deber no detalla de quién fue la responsabilidad final de aprobar el plan de vuelo.
Una vez en el aire, con la constancia documentada de que el combustible podría no alcanzar para llegar a destino, Quiroga optó por no declarar inicialmente el estado de emergencia en su contacto con los controladores aéreos, y sólo solicitó la prioridad, que no fue suficiente para adelantar la espera.
"Es muy doloroso que no haya declarado la emergencia por problemas personales que tuviera que afrontar después", manifestó Alfredo Bocanegra, el director de Aeronáutica Civil de Colombia. Se especula que Quiroga, también accionista de la empresa, podría haber temido sanciones económicas y hasta una potencial inhabilitación personal y denuncias criminales.
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