Amnistía Internacional (AI) pidió la liberación inmediata de un funcionario de la ONU secuestrado por una disidencia de las FARC en el departamento del Guaviare, en el sureste de Colombia, y expresó su preocupación por el "silencio" que rodea el caso.
El funcionario, identificado como Harley López, de nacionalidad colombiana, trabaja para la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC), y fue secuestrado el pasado miércoles en Barranquillita, un remoto caserío del municipio de Miraflores (Guaviare), al parecer por el Frente Primero de las FARC, que se opone al proceso de paz con el Gobierno.
"Amnistía Internacional urge la inmediata liberación del funcionario de Naciones Unidas Harley López (…) Su privación ilegal de la libertad es un llamado de atención para las autoridades colombianas sobre la urgente necesidad de protección que tienen miles de personas en el país", dijo Amnistía en un comunicado.
Su privación ilegal de la libertad es un llamado de atención para las autoridades colombianas
La organización consideró "preocupante" este secuestro cuando está en marcha la implementación territorial del acuerdo de paz con las FARC, firmado en noviembre pasado.
Por esa razón hizo un llamamiento urgente al Gobierno colombiano, a las FARC y a la Misión de Monitoreo y Verificación de la ONU "para que demanden la inmediata liberación de Harley López, se pronuncien censurando estos hechos y tomen medidas que garanticen no solo la liberación del funcionario, sino que prevengan que este tipo de hechos vuelvan a ocurrir".
"Preocupa el silencio del Gobierno y de las FARC en relación a este grave incidente y, en general, a la crítica situación de seguridad en el país", dijo la directora para las Américas de Amnistía Internacional, Erika Guevara-Rosas.
En su opinión, si no se garantizan las condiciones para la implementación territorial del acuerdo de paz, "los resultados pueden ser devastadores para las comunidades, organizaciones sociales y organismos internacionales que acompañan este proceso".
Preocupa el silencio del Gobierno y de las FARC en relación a este grave incidente y, en general, a la crítica situación de seguridad en el país
El pasado jueves, al recibir en Bogotá a los miembros del Consejo de Seguridad de la ONU que vinieron a ver sobre el terreno la aplicación del acuerdo, el presidente colombiano, Juan Manuel Santos, aseguró que una delegación se trasladó al sitio para facilitar la liberación de López.
Este domingo el alto consejero presidencial para el Posconflicto, Rafael Pardo, dijo que el Gobierno esperaba de esa comisión "buenas noticias" sobre el funcionario de la ONU, pero de momento no se sabe nada más del caso.
Amnistía agregó que aunque el acuerdo de paz "puede constituir una oportunidad valiosa para Colombia" advierte "con preocupación que se están recrudeciendo graves violaciones de derechos humanos que afectan a comunidades históricamente victimizadas en el marco del conflicto armado y que pueden poner en jaque la construcción de la paz en Colombia".
"Los secuestros, desplazamientos colectivos, confinamiento de comunidades, homicidios de personas que defienden los derechos humanos que están viviendo numerosas comunidades en Colombia no deben ocultarse bajo la bandera del acuerdo de paz", subrayó Amnistía.
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