La represión de la dictadura de Cuba tras las protestas del 11 de julio de 2021 (11J) transformó a las familias de los presos políticos, quienes pasaron de ser ciudadanos comunes a convertirse en actores cívicos frente al autoritarismo de Miguel Díaz-Canel. Según un informe titulado “Cuba: familias presas de la política totalitaria”, publicado por el laboratorio de ideas Cuba Siglo 21 y elaborado por el historiador Leonardo M. Fernández Otaño, estas familias enfrentan no solo un costo económico y social devastador, sino también un proceso de politización que las ha llevado a articularse con la sociedad civil dentro y fuera de la isla.
El informe considera al 11J como un punto de inflexión. Aquel día, decenas de miles de personas se manifestaron en 61 localidades del país. La mayoría eran jóvenes de entre 20 y 35 años. Las movilizaciones surgieron como una respuesta al deterioro de las condiciones de vida, el desabastecimiento, la inflación, el colapso sanitario agravado por la pandemia y la frustración frente a la dictadura.
La reacción del régimen fue una ofensiva represiva que incluyó más de 1800 detenciones, desapariciones forzadas y procesos judiciales acelerados. Entre julio y septiembre de 2021 se celebraron cientos de juicios, muchos de ellos por delitos como sedición o desórdenes públicos. “La liberación inmediata e incondicional de todos los presos políticos es una demanda no negociable”, subraya el informe.
El estudio también describe cómo el castigo se extiende a sus familias, quienes deben enfrentar una combinación de estigmatización social, acoso por parte de la Seguridad del Estado, dificultades económicas y aislamiento. Fernández Otaño señala que muchas de estas familias experimentan una “muerte social”, provocada por la marginación en sus comunidades y la pérdida de vínculos laborales.
Además, deben asumir el costo económico del proceso judicial, los traslados a las cárceles y el envío regular de alimentos y medicamentos a los reclusos. El informe detalla que un juicio podía llegar a costar hasta 4200 pesos cubanos, en un contexto en el que el salario medio mensual rondaba los 3800 pesos, equivalentes a unos 16 dólares en ese momento.
El estudio identifica un proceso de politización gradual entre las familias afectadas. En general, el activismo comienza desde una postura apolítica y evoluciona en cuatro etapas: ruptura del silencio, reclamación institucional, denuncia digital y protesta pública. Muchas de estas familias, sin experiencia previa en el activismo, han logrado integrarse en redes de la sociedad civil dentro y fuera del país.
“El estrés, el miedo y la ansiedad circulan incluso en los más pequeños”, advierte el psicólogo José Otoniel Vázquez, citado en el estudio. El texto detalla que al menos un 40% de los entrevistados presenta cuadros emocionales severos, como depresión o crisis nerviosas, y que muchos niños desarrollan síntomas de ansiedad. Esta situación se vuelve aún más compleja en hogares con adultos mayores o niños pequeños a cargo.
El acoso de la dictadura cubana se manifiesta de distintas formas. De acuerdo con Leonardo M. Fernández Otaño, incluye desde amenazas directas y vigilancia constante hasta campañas de difamación en redes sociales. El resultado es un clima de temor e inseguridad que limita las posibilidades de apoyo comunitario. Muchas familias han perdido el respaldo de vecinos y colegas, que temen represalias por mostrar solidaridad.
Frente a este entorno adverso, han surgido iniciativas como el Movimiento Cuba de Luto o la entrega de un proyecto de Ley de Amnistía ante el Parlamento cubano por parte de Wilber Aguiar. Estas acciones, según el autor del informe, demuestran un proceso de articulación colectiva y fortalecimiento de la sociedad civil.
El texto también destaca cómo estas familias han logrado superar su inexperiencia en el activismo para convertirse en símbolos de resistencia y madurez cívica. A pesar de las represalias, han establecido alianzas con la sociedad civil nacional e internacional, manteniendo viva la exigencia de libertad para los presos políticos.
La documentación recogida por Fernández Otaño ha sido respaldada por observación directa y busca dar visibilidad al papel que han asumido estas familias como nuevos actores cívicos. “El 11J no solo fue un evento coyuntural, sino el detonante de un movimiento social que ha forzado a las familias a cruzar el umbral entre la vida privada y el activismo público”, señala el informe.
A nivel internacional, sus denuncias han tenido eco en organizaciones de derechos humanos y foros diplomáticos. Internamente, se han convertido en una voz persistente en favor de una Cuba democrática, al exponer cómo el aparato judicial y el sistema de control social funcionan como mecanismos de castigo político.
El estudio concluye que la lucha de estas familias no es solo una reacción frente al encarcelamiento, sino una transformación profunda que las ha llevado a ocupar un lugar central en la exigencia de justicia, amnistía y libertad para los presos políticos en Cuba.
El informe completo de “Cuba: familias presas de la política totalitaria”
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