"Hoy no tengo un peso para hacer campaña", afirmó Alejandro Guillier en una entrevista reciente. No llamaría la atención si fuera el candidato de una pequeña fuerza política sin grandes aspiraciones. Pero siendo el postulante oficial del gobierno de Michelle Bachelet, resulta bastante llamativo. ¿Cómo se explica que no tenga recursos para ganar una elección alguien que —se supone— cuenta con el apoyo directo o indirecto del aparato estatal?
"La Contraloría General de la República en Chile ejerce una fiscalización bastante exhaustiva en materia de intervención electoral directa vía transferencias desde el nivel de gobierno central. No obstante, a nivel de gobiernos locales aún existen espacios para la intervención electoral. Por tanto, ser gobierno no garantiza per se arcas presupuestarias abundantes para enfrentar la campaña", dijo a Infobae el politólogo Jorge Ramírez, coordinador del Programa Sociedad y Política del centro de estudios Libertad y Desarrollo.
La explicación va en línea con algo que muestran diferentes estudios, como los de Transparencia Internacional: la corrupción en Chile está claramente por debajo de la media latinoamericana. Pero eso no alcanza para entender lo que está ocurriendo con Guillier, ya que nunca antes había pasado que el candidato del oficialismo protestara por falta de fondos. Las razones de que la carrera hacia las elecciones presidenciales del 19 de noviembre sea tan extraña hay que buscarlas en el estallido del "caso Penta".
La Ley sobre Fortalecimiento y Transparencia de la Democracia bajó un 50% el límite del gasto electoral
El Servicio de Impuestos Internos descubrió en 2015 que el poderoso holding de empresas Penta estaba emitiendo facturas por servicios nunca prestados para encubrir el financiamiento ilegal de varios dirigentes políticos, la mayoría pertenecientes a la Unión Demócrata Independiente (UDI). Luego se conoció un escándalo similar, conocido como "caso SQM", protagonizado por la firma Sociedad Química y Minera de Chile. Las investigaciones revelaron que la compañía usó la misma mecánica para financiar a dirigentes de partidos de derecha y también de la hoy gobernante Nueva Mayoría.
Urgida por dar una respuesta ante la indignación de una ciudadanía que no está acostumbrada a leer en los diarios sobre escándalos de corrupción, la clase dirigente chilena reaccionó sancionando una nueva norma de financiamiento político. La Ley sobre Fortalecimiento y Transparencia de la Democracia, promulgada por Bachelet en abril del año pasado, bajó un 50% el límite del gasto electoral y prohibió los aportes de personas jurídicas —especialmente empresas y fundaciones—, entre otras restricciones.
"Cuando estallaron esos casos mucha gente empezó a decir que había que separar a la política del dinero, con una mirada muy purista. Se aplicaron medidas draconianas y ahora están cosechando lo que sembraron. El financiamiento es muy restringido y las campañas reciben poco dinero", afirmó Patricio Navia, profesor de ciencia política en la Universidad Diego Portales, consultado por Infobae.
Guillier, ¿un candidato pobre?
Una de las estrategias a las que pueden acudir los políticos chilenos para financiar sus campañas es pedir créditos a los bancos. La idea es devolverlos después de la elección, con el dinero que da el Estado a todos los postulantes en proporción a los votos obtenidos. Pero Guillier tuvo problemas en este rubro. Fue a pedirle prestado al BancoEstado, el único público del país, y la entidad rechazó su solicitud.
"Lo aceptamos como una señal de que no tenemos fiato con los grupos de interés, los grupos de presión, los intereses macroeconómicos", aseveró el ex periodista. Lo que no dijo es que el BancoEstado no le da dinero a funcionarios públicos desde 1995, ya que la ley los inhibe de celebrar contratos con el estado. Guillier es senador, así que no había dudas de que iba a obtener una respuesta negativa.
Perfectamente podría haberle pedido a una entidad privada. Aunque quizás habría recibido mucho menos de lo que pretendía, porque los bancos prestan en función de los números que proyectan las encuestas, ya que es la mejor forma de saber cuánto dinero van a recibir los políticos tras las elecciones. En el último sondeo de Criteria Research, Guillier cayó a un 18% de intención de voto, y fue superado en el segundo puesto por la candidata del izquierdista Frente Amplio, Beatriz Sánchez, que alcanza un 22 por ciento. Muy cómodo en la cima aparece el ex presidente Sebastián Piñera, con un 38 por ciento.
Otra de las razones de las dificultades financieras que atraviesa la campaña del senador es que no pertenece formalmente a ningún partido, sino que es un candidato independiente, impulsado por las fuerzas que conforman la coalición gobernante (con la excepción de la Democracia Cristiana, que dejó la Nueva Mayoría y presenta a su propia candidata, Carolina Goic). Guillier sostuvo que eso dificulta que los partidos que lo apoyan le transfieran recursos. Pero el problema no sería sólo burocrático, sino también de estrategia.
Guillier cayó a un 18% de intención de voto, y fue superado en el segundo puesto por la candidata del izquierdista Frente Amplio, Beatriz Sánchez
"Los partidos podrían comprarle anuncios de campaña, pero están usando los fondos para las campañas de sus candidatos a diputados y senadores —dijo Navia—. Como Guillier quiso mantenerse como independiente, ahora tiene que pagar los costos. Los partidos pensaron que iba a ser muy atractivo electoralmente, una especie de Bachelet que iba a poder ganarle a Piñera. Ahora estalló la burbuja, entonces prefieren preocuparse por crecer en el Congreso y prepararse para volver a competir en 2021″.
La tercera causa por la que Guillier no tiene dinero es que no participó de las elecciones primarias. De haber competido contra algún otro precandidato, el Estado tendría que haberle transferido recursos. Ante un escenario tan adverso desde el punto de vista financiero y electoral, Guillier optó por hacer de la necesidad virtud, reivindicando la superioridad moral de hacer una campaña austera. "Yo creo que hay demasiada plata en política —dijo—. Por lo tanto, ha sido parte del esfuerzo de transparencia que estamos haciendo para sacar el dinero de la política. Nadie va a poder decir que nos financiaron la campaña".
El que no tiene problemas de dinero es Piñera, que en vez de ir por fuera de los partidos es presidente de uno (Renovación Nacional), participó de las primarias, lidera las encuestas y, además, amasó como empresario una de las mayores fortunas del país. "Cuando se inicie el periodo de campaña podrá recibir nuevos aportes y tendrá también abierta la vía de obtener créditos, si algún banco así lo decide. Pero lo más probable es que se financie en buena parte con sus propios recursos y luego recupere la inversión con el dinero que le pagará el estado según los votos que obtenga", contó a Infobae el economista Gonzalo Urcullo Cossío, especialista en gestión y políticas públicas de la Corporación Iberoamericana de Asuntos Públicos y Empresariales.
Luces y sombras de una ley en conflicto con la realidad
"El caso chileno tenía una forma de donación tripartita: anónima, reservada y pública. Las anónimas eran pequeñas y hasta un cierto monto. Las reservadas eran donaciones de mucho más valor y de las cuales podían participar las empresas. Eran como un fondo ciego en el cual supuestamente los candidatos no tenían forma de saber quiénes eran los aportantes, y de esa manera no se podían sentir presionados. Pero en diversos estudios descubrimos que los candidatos se enteraban de quiénes eran las empresas que donaban. Así las posibles presiones quedaban invisibilizadas para la opinión pública", contó Emilio Moya, profesor de sociología y ciencia política de la Universidad Católica de Temuco, consultado por Infobae.
Alberto Precht, director ejecutivo de la ONG Chile Transparente, socia local de Transparencia Internacional, sostuvo que la norma de financiamiento aprobada el año pasado es de avanzada. "La Contraloría General ha progresado mucho en la normativa y en la fiscalización. De hecho objetó en las últimas elecciones municipales gastos realizados por los candidatos que podrían ser entendidos como publicidad", dijo en diálogo con Infobae.
"También hay un avance grandísimo que tiene que ver con la limpieza en el sentido estético y ecológico —continuó— . Estamos cerca de una elección presidencial y hoy en día no se ve en Santiago ningún cartel, ninguna propaganda en la calle, porque está prohibido y sólo se puede hacer 30 días antes de los comicios. Lo mismo ocurre con la publicidad en medios audiovisuales, que paga el estado de manera igualitaria. Incluso se avanzó en la rendición de cuentas de la campaña, que ahora se debe publicar en línea, y así se puede saber quiénes son los aportantes".
Sin los controles adecuados se puede generar un mercado informal de financiamiento
Sin embargo, reconoció que la ley "dista mucho de la perfección". Una de las fallas es el vacío que hay en torno a lo que se conoce como precampaña, que es todo el período previo al comienzo formal de la competencia. "Al no existir fiscalización, podría estar habiendo algún tipo de financiamiento irregular, de fuentes lícitas o ilícitas. La idea es regularizar algo que ya ocurre: nadie podría decir que un candidato empieza a hacer campaña sólo 60 días antes, no ocurre en ninguna parte del mundo, porque los políticos están siempre en campaña", indicó Precht.
Pero el conflicto entre lo que establece la ley y cómo funciona la política en la realidad no se limita a los períodos preelectorales. "En 2008 —dijo Moya— hicimos una investigación en la que los candidatos nos decían que sobrepasaban dos o tres veces los límites de financiamiento que establecía la ley. Ahora se redujo a la mitad ese tope". Si antes, que la normativa era más flexible, la mayoría de los postulantes acudía a mecanismos de financiamiento irregular, todo indica que eso se va a potenciar con una regulación que impone mayor austeridad.
"La pregunta que uno se hace es si las empresas van a a dejar de donar y los candidatos van a dejar de pedirles plata. Yo creo que va a seguir pasando, pero de formas que salen del marco legal. Tendría que haberse avanzado con más controles para evitarlo, porque la capacidad de fiscalización del Servicio Electoral es baja. Sin los controles adecuados se puede generar un mercado informal de financiamiento", concluyó Moya.
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