Opositores cubanos denunciaron este jueves una campaña de "intimidación" oficial que busca impedir que disidentes se presenten como candidatos en el proceso electoral que conducirá al relevo de Raúl Castro en febrero próximo.
"Ya tenemos en la Plataforma 'Otro18' dos candidatos que han sido (…) condenados para que simplemente no se puedan presentar en las elecciones", dijo en rueda de prensa Manuel Cuesta, dirigente de esa plataforma que agrupa a pequeñas organizaciones opositoras.
Cuesta citó los casos de Rolando Columbié, "condenado a seis meses de prisión domiciliaria y 500 pesos de multa por un supuesto delito de hurto", y Rolando Cáceres, sentenciado "a cinco años de prisión" por "una vieja causa pendiente por desorden y desacato en 2011, que fue activada".
La plataforma "Otro 18", ilegal como toda la oposición en la isla, asegura que presentará 171 aspirantes a concejales en las municipales de octubre, primer eslabón de una larga cadena que, en teoría, podría llevarla a formar parte del Parlamento que elige al jefe de Estado.
En las municipales de abril de 2015, la disidencia logró presentar dos aspirantes que fueron derrotados.
Los precandidatos a "delegados" son electos en reuniones barriales de vecinos, propuestos a mano alzada, y electos en las urnas en votación directa y secreta.
"De hecho, la preocupación del gobierno es justamente esa, que estos ciudadanos pueden llegar y ganar", añadió Cuesta, un opositor moderado que se reunió dos veces con el presidente Barack Obama, durante los 8 años de su mandato.
Por eso, dijo, "muchos de estos candidatos están siendo intimidados en sus propias circunscripciones", y añadió su preocupación por lo que calificó como una "deriva venezolana" de la ley.
“El gobierno lo que quiere es evitar la legitimación de las voces alternativas e independientes”
Cuesta precisó que la campaña de intimidación incluye arrestos temporales, el decomiso de bienes de los opositores y hasta la persuasión de los electores para que no voten por los candidatos independientes.
"El gobierno lo que quiere es evitar la legitimación de las voces alternativas (independientes)", apuntó.
El gobierno de Raúl Castro niega tener presos políticos, y atribuye la detención y enjuiciamiento de los disidentes a presuntas violaciones a la ley penal.
Raúl Castro, de 86 años, dejará en febrero de 2018 el poder que asumió en 2006, tras la enfermedad de su hermano Fidel, fallecido en noviembre pasado, aunque continuará al frente del poderoso Partido Comunista de Cuba.
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Con información de AFP
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