El Gobierno brasileño puso este miércoles a disposición del sector privado 57 activos entre empresas públicas, terminales aeroportuarias, líneas eléctricas y autopistas con los que espera recaudar cerca de 14.000 millones de dólares y reducir el abultado agujero en las cuentas públicas del país.
El nuevo plan del Ejecutivo del presidente Michel Temer incluye la privatización y concesión de 14 aeropuertos, la mayoría en las zonas nordeste y centro-oeste del país, 15 terminales portuarias y 11 lotes de líneas de transmisión eléctrica, además de importantes empresas estatales, incluida la ya anunciada Eletrobras.
Entre las nuevas propuestas está el aeropuerto de Congonhas, en San Pablo, que es el segundo mayor del país en número de pasajeros; la Casa de la Moneda, entidad encargada de la impresión de los billetes de la moneda brasileña y los pasaportes; y Lotex, encargada de la venta de lotería y apuestas, entre otras.
También en el sector aéreo, el Gobierno pretende vender la participación accionarial del 49 % de la Empresa Brasileña de Infraestructura Aeroportuaria (Infraero) en los aeropuertos de Guarulhos (Sao Paulo), Confins (Belo Horizonte), Brasilia y Galeao (Río de Janeiro).
La puesta en marcha de esta nueva fase fue decidida este miércoles en una reunión del Consejo del Programa de Asociaciones en Inversiones (PPI) de la Presidencia, un órgano multiministerial que es el que decide cómo se realizan los procesos de privatización de estatales brasileñas y las concesiones a la iniciativa privada.
El ministro de la Secretaría de la Presidencia de Brasil, Wellington Moreira Franco, subrayó en una rueda de prensa que el objetivo con este nuevo paquete es generar empleo y "también garantizar la calidad del servicio prestado".
Los 44.000 millones de reales (unos 14.000 millones de dólares) que el Gobierno espera recaudar a partir de este año con el nuevo plan también servirán para reducir el enorme déficit en las cuentas públicas de Brasil, que en palabras del propio presidente Michel Temer es "asustador".
La estrategia de privatizaciones y concesiones es uno de los pilares de la agenda del mandatario, en el poder desde el año pasado tras la destitución de Dilma Rousseff, pues al poco de asumir definitivamente el cargo anunció la apertura al capital nacional y extranjero de una treintena de activos con los que reducir el tamaño del estado brasileño.
Esta medida ha venido complementada con una serie de reformas económicas de corte liberal que incluyen un severo ajuste fiscal y recortes en los gastos del presupuesto anual para, según el Gobierno, superar la crisis que atraviesa el gigante suramericano.
La economía brasileña se retrajo un 3,8 % en 2015, su peor resultado en 25 años, y un 3,6 % en 2016, con lo que completó dos años seguidos de crecimiento negativo, algo que no ocurría desde la década de 1930.
Sin embargo, la menor recaudación tributaria y la rebaja en las perspectivas de crecimiento por parte del mercado financiero, que proyecta una leve expansión del PIB de menos del 0,34 % para 2017, han obligado al Gobierno a ajustarse más el cinturón y revisar la meta de déficit público anual.
El Gobierno brasileño aumentó la semana pasada su meta de déficit fiscal para 2017 hasta los 159.000 millones de reales (unos 49.680 millones de dólares), lo que supone un alza de casi un 15 % sobre su previsión inicial.
El Ejecutivo se había impuesto inicialmente como objetivo terminar 2017 con un déficit primario, que no incluye el pago de los intereses de la deuda pública, de 139.000 millones de reales (unos 43.440 millones de dólares), que suponen alrededor del 2,0 % del Producto Interno Bruto (PIB) nacional.
De acuerdo con datos oficiales, 2017 será el cuarto año consecutivo que el Gobierno cerrará con déficit en un momento en el que la economía brasileña intenta salir de una de las peores crisis de las últimas décadas.
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