Luiz Inácio Lula da Silva, condenado a nueve años y medio de prisión por corrupción, afirmó este domingo que el dinero depositado en fondos de pensión y bloqueado por la Justicia lo obtuvo en conferencias que impartió tanto dentro como fuera del país.
"Entre 2011 y 2014, después de dejar la Presidencia y dejar de ser funcionario público, Lula realizó 72 conferencias para 45 instituciones y empresas de diversos sectores económicos, nacionales y extranjeros", señaló en un mensaje publicado en las redes sociales.
Al final de ese periodo, el ex presidente de Brasil decidió destinar "parte de los recursos" obtenidos en esas charlas a un fondo de pensión privado de cerca de siete millones de reales (unos 2,2 millones de dólares) y cuyos beneficiarios son sus hijos.
"Otro plan, también bloqueado por valor de 1,8 millones de reales (unos 600.000 dólares), tenía como beneficiaria la esposa de Lula, Marisa Letícia, fallecida este año", agregó el comunicado.
Ambos fondos de pensión fueron bloqueados por el juez federal Sergio Moro, encargado del caso Petrobras en primera instancia, con objeto de "garantizar" recursos para eventuales sanciones pecuniarias que serían aplicadas a Lula en caso de que la sentencia sea confirmada por un tribunal superior.
El ex mandatario aseguró que "todo está dentro de la ley y hecho con toda la documentación".
En este sentido, citó que ofreció charlas para "Microsoft, Iberdrola, Telmex, Nestlé y Bank of América", además de otras en el Museo de Historia Natural de Londres, la Biblioteca del Congreso de Estados Unidos, en Washington y también para "grandes bancos y constructoras" en Brasil.
"La realización de cada una de las conferencias fue comprobada al Ministerio Público Federal por medio de fotos, videos y registros de la prensa", explicó.
La empresa LILS Palestras Eventos e Publicidade, abierta por Lula para organizar esas conferencias, fue salpicada por el caso Petrobras ya que medios locales, citando fuentes de la Policía Federal, publicaron que recibió "contribuciones y donaciones" de una de las constructoras implicadas en la red de corrupción.
Lula fue condenado en primera instancia el pasado 12 de julio por los supuestos delitos de corrupción pasiva y lavado de dinero, una vez comprobado, según Moro, que se benefició de la trama corrupta que desvió fondos millonarios de la estatal Petrobras.
Además de los fondos de pensión bloqueados, otros 606.727 reales (unos 192.002 dólares) que el ex presidente tenía en cuatro cuentas bancarias también fueron embargados esta semana por el mismo tribunal.
Lula, quien ha negado todos los cargos, sostiene que es inocente y víctima de una "persecución política y judicial" que tendría como objetivo impedir que postule nuevamente a la presidencia, que ejerció entre 2003 y 2010.
Sus aspiraciones a disputar la presidencia en las elecciones de 2018 dependen ahora del fallo en segunda instancia. Si la sentencia de Moro llega a ser ratificada, las leyes electorales le impedirían postular para cualquier cargo público.
Con información de EFE
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