Ex presidentes en el banquillo y presos: ¿Hasta dónde puede llegar el Mani Pulite en América Latina?

Cuatro ex presidentes latinoamericanos fueron arrestados en los últimos 22 meses. El primer caso fue también el más impactante, ya que aún estaba en ejercicio cuando se precipitó la investigación judicial por la que terminó preso: Otto Pérez Molina renunció a la presidencia de Guatemala el 3 de septiembre de 2015, luego de que el Congreso le retirara la inmunidad por encabezar una millonaria red de defraudación aduanera. Cinco días más tarde le dictaron la prisión preventiva, y está encerrado desde ese momento.

Rafael Callejas, que gobernó Honduras entre 1990 y 1994, se entregó a la justicia de Estados Unidos el 14 de diciembre de 2015. Desde su rol como miembro de la Comisión de TV y Marketing de la FIFA, fue partícipe de la trama de corrupción que revolucionó al mundo del fútbol. El 12 de junio pasado le tocó al ex mandatario panameño, Ricardo Martinelli (2009 — 2014), que también fue arrestado en Estados Unidos, a pedido de la Corte Suprema de su país, que lo acusa de utilizar fondos públicos para espiar ilegalmente a más de 150 opositores durante su mandato.

Ollanta Humala, presidente de Perú entre 2011 y 2016, completa el cuarteto de presidiarios. Fue arrestado junto a su esposa, Nadine Heredia, el último 13 de julio. A ambos se los investiga por lavado de dinero y por recibir 3 millones de dólares de Odebrecht para financiar su campaña electoral. Por el escándalo con la constructora brasileña, la Justicia también emitió una orden de captura contra otro ex mandatario, Alejandro Toledo (2001 — 2006). Pero éste se encuentra prófugo en Estados Unidos. Perú tiene el récord en la región si se suma también a Alberto Fujimori (1990 — 2000), que tras un lustro de exilio en Japón fue arrestado en Chile en noviembre de 2005, extraditado a su país en septiembre de 2007 y condenado el 7 de abril de 2009 a 25 años de cárcel por los crímenes de lesa humanidad cometidos durante su gobierno.

En los últimos meses también debieron sentarse en el banquillo otros ex jefes de estado, que aún no fueron a prisión, pero están cada vez más cerca. El más resonante es el de Lula da Silva (2003 — 2010), que el 12 de julio fue condenado en primera instancia a 9 años y medio de cárcel por corrupción y lavado de dinero. Permanecerá en libertad hasta que se expida el Tribunal Regional Federal de Porto Alegre.

También sacudieron a la región los tres procesamientos que le dictaron a la ex presidente Cristina Kirchner (2007 — 2015), por distintas causas de corrupción. Otro ex mandatario argentino, Carlos Menem (1989 — 1999), fue condenado el 21 de junio pasado a siete años de prisión por la Cámara Federal de Casación Penal, que lo encontró culpable de contrabando de armas a Croacia y Ecuador. Permanece en libertad porque es senador y tiene fueros que impiden su detención.

A estos casos se puede sumar el de Mauricio Funes, que gobernó El Salvador entre 2009 y 2014. Luego de que se abriera una investigación por enriquecimiento ilícito en febrero de 2016, decidió no correr riesgos y pidió asilo político en Nicaragua. El régimen amigo de Daniel Ortega se lo concedió el 6 de septiembre del año pasado.

Cambios en la justicia latinoamericana

"Definitivamente es una etapa muy positiva para la lucha anticorrupción en la región. Se están viendo los réditos de la inversión institucional que se ha hecho desde hace décadas, con ayuda la cooperación internacional y de los propios gobiernos. Los organismos judiciales están empezando a mostrar una cierta capacidad instalada para manejar estos casos con la delicadeza y el profesionalismo que se necesita, porque comprobar hechos de corrupción es bastante difícil. Hace 30 años ninguna procuraduría tenía la preparación para gestionar este tipo de casos", explicó Gerardo Berthin, experto internacional en transparencia y anticorrupción, consultado por Infobae.

La Convención Interamericana contra la Corrupción, creada en 1996, fue clave en ese intento de fortalecer las instituciones políticas de la región. En el corto plazo no tuvo ningún efecto, pero dio impulso a reformas que se fueron implementando con el correr de los años para mejorar los niveles de transparencia y de control. También posibilitó una mayor cooperación entre los distintos países.

"La asistencia penal internacional entre los ministerios públicos ha sido muy importante, cruzando información y evidencias", dijo a Infobae Xavier Zavala Egas, doctor en derecho por la Universidad Católica de Guayaquil y ex miembro de la Comisión Anticorrupción de Ecuador. La deuda pendiente en este punto es mejorar los mecanismos de extradición para que los acusados que abandonen sus países no tengan garantizada la impunidad.

Para Jahir Dabroy, politólogo e investigador de la Universidad de San Carlos de Guatemala, lo que está pasando en América Latina es parte de un proceso global. "Vemos incluso que entes supranacionales como la FIFA no están quedando de lado en esa reconfiguración social que trata de evitar el lucro a costa de negocios ilícitos. Probablemente en América Latina es más sensible y evidente porque durante siglos nos permeó la lógica de las componendas y los arreglos entre el sector económico, la clase política y las fuerzas armadas en un contubernio que dio como resultado un descalabro en las instituciones gubernamentales", dijo en diálogo con Infobae.

Presiones sociales y políticas

"Los jueces están teniendo presiones de la ciudadanía para fallar en contra de actos de corrupción que en otra época eran sancionados en el mejor de los casos con penas muy leves —continuó Dabroy—. El ideal es que la ciudadanía se aproveche de manera responsable de los mecanismos de comunicación que le otorgan las redes sociales para incentivar esa presión ciudadana que antes estaba sólo limitada a las protestas en las calles".

Los avances que se vieron estos últimos años, que obviamente no son lineales, porque la corrupción se sigue viendo en niveles grotescos, se explican en buena medida por cambios sociales que le están dificultando el trabajo a los corruptos. En una época en la que hay una pulsión generalizada por ver y contar todo, y en la que además hay medios materiales que lo hacen posible, la demanda social por transparencia es cada vez mayor.

"Creo que la transparencia está de moda producto de la presión social ante los casos y la magnitud de cifras de corrupción divulgados —dijo Zavala Egas—. Eso es positivo, esperemos que se mantenga así y se pueda lograr mayor institucionalidad y pulcritud en los estados de la región. Tradicionalmente la función judicial ha sido objeto de manipulación por los poderes de turno y también por los medios de comunicación, que a través de juicios paralelos o mediáticos, condenan o absuelven a los eventuales involucrados, y censuran a los jueces dependiendo de uno u otro caso. Pero, insisto, es loable que la lucha contra la corrupción esté de moda y que los magistrados no se queden rezagados".

El politólogo Norberto Emmerich, director de posgrado del Instituto de Estudios Superiores Adela de Cornejo, de Ciudad Juárez, México, advirtió sobre una faceta potencialmente riesgosa de esa demanda ciudadana de transparencia: cuando aparecen dirigentes políticos que la usan con un criterio especulativo, para atacar a sus rivales. "La corrupción se ha posicionado como un ingrediente esencial del ejercicio de la política y el gobierno en la región —dijo a Infobae—. Si bien está siendo utilizada como herramienta de presión de los nuevos gobiernos sobre los anteriores, es patrimonio de la política y de los gobiernos en general, de derecha o de izquierda".

Cuando la impunidad deja de estar garantizada

"El efecto visual de ver en la cárcel a alguien como el ex presidente Humala, o a un líder con el poder de Lula, es muy importante. Va al centro de uno de los elementos claves del problema, que es la impunidad. No es que ya no habrá más corruptos, pero sirve para ir construyendo esta imagen de que nadie, por más poderoso que sea, está por encima de la ley", dijo Berthin.

Sin dudas, el principal efecto a futuro de que ex presidentes que cometieron delitos y se enriquecieron con recursos públicos sean enjuiciados y encarcelados como delincuentes comunes es subirle el precio a la corrupción. Durante mucho tiempo, en algunos lugares parecía que para los políticos era gratuito robar. Ahora ya no está tan claro. Brasil será un buen campo de prueba en los próximos años. Cuesta imaginar que los dirigentes que se están formando en la era del Lava Jato no vayan a tener presente lo mal que pueden terminar si repiten los errores de sus predecesores.

"En la lucha contra la corrupción el factor impunidad es totalmente significativo. Hay una ecuación absolutamente proporcional en la que con más impunidad tenemos mayor corrupción, así como inversamente proporcional entre transparencia y corrupción. El efecto disuasivo de la condena es fundamental en esta lucha, especialmente si hablamos de personajes públicos, políticos o de alto perfil. Deberíamos aspirar a que este escenario de pulcritud en el manejo de recursos públicos se mantenga y, además, aprovecharlo para reforzar nuestras instituciones, así como establecer mecanismos permanentes de prevención, vigilancia y alertas, especialmente en las compras públicas, en la rendición de cuentas del funcionario y en las declaraciones tributarias", afirmó Zavala Egas.

De todos modos, también es cierto que por más riesgoso que sea delinquir en la función pública, siempre va a haber gente dispuesta. "Hay un dicho que dice 'hay gente que ve la tempestad y no se arrodilla' —dijo Dabroy—. Muchos políticos parece que no están entendiendo el mensaje y, a pesar de que ahora es mucho más probable que te castiguen si cometes actos de corrupción, siguen creyendo que pueden jugar bajo las reglas anteriores. Esta oportunidad de cambios actitudinales en la manera de hacer política está más enfocada en los jóvenes interesados por la cosa pública, las nuevas generaciones de 30 años o menos, que tendrán la oportunidad de jugar a la política con otras reglas e incentivos".

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