Qué sanciones evalúa aplicar Estados Unidos contra el régimen de Nicolás Maduro y qué efecto tendrían

"Estados Unidos no permanecerá de brazos cruzados mientras Venezuela se derrumba. Si el régimen de Nicolás Maduro impone su Asamblea Constituyente el 30 de julio, tomaremos acciones económicas fuertes y rápidas", afirmó Donald Trump el pasado lunes 17. Fue un día después de la impactante demostración de resistencia pacífica que dio la sociedad civil venezolana, cuando más de 7 millones y medio de personas expresaron su rechazo a la reforma constitucional y pidieron "elecciones ya" en el plebiscito organizado por la opositora Asamblea Nacional.

Fiel a su estilo, Maduro redobló la apuesta. "Si Donald Trump se ha atrevido a decir Constituyente no, nosotros le decimos Constituyente sí. Sí, sí va, Constituyente ahora más que nunca", respondió el martes en un discurso. Decidido a avanzar a pesar de haber perdido la legitimidad popular, todo indica que el régimen va a llevar a cabo los comicios sectoriales del 30 de julio para conformar una Asamblea que anule a la actual y modifique la carta magna para asegurar la permanencia del chavismo en el poder.

Uno de los mayores interrogantes de las próximas semanas es qué tipo de sanciones aplicará Washington. El gobierno de Barack Obama ya había tomado medidas, pero todas dirigidas contra altos funcionarios y mandos militares involucrados en la escalada represiva de 2014, no contra el Estado o la economía venezolana en su conjunto. Con una orden ejecutiva firmada el 9 de marzo de 2015, el ex presidente suspendió las visas y congeló los activos en territorio estadounidense del director general del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (SEBIN), Gustavo Enrique González López; de su predecesor, Manuel Gregorio Bernal Martínez; del ex director de la Policía Nacional, Manuel Eduardo Pérez Urdaneta; de los ex comandantes de la Guardia Nacional, Antonio José Benavides Torres y Justo José Noguera Pietri; del inspector general de la Fuerza Armada Nacional, Miguel Alcides Vivas Landino; y de la fiscal Katherine Nayarith Haringhton Padrón.

Este tipo de penalidades continuaron este año, ya con Trump en la Casa Blanca. En febrero le tocó al vicepresidente Tareck El Aissami, por sus vínculos con el narcotráfico y con organizaciones extremistas de Medio Oriente. En mayo los afectados fueron ocho magistrados del Tribunal Supremo de Justicia, incluido su presidente, Maikel Moreno. Fue luego de que emitieran un insólito fallo asumiendo las funciones del parlamento, lo que desató la ola de protestas que continúa hasta hoy. Son la alternativa más fácil de tomar, pero no parecen haber tenido impacto.

"Aún no sabemos exactamente qué tipo de sanciones tiene en mente la administración Trump. Podrían ser más sanciones individuales a altas figuras del régimen, entre las que se menciona a Diosdado Cabello (vicepresidente del partido de gobierno) y a Vladimir Padrino (ministro de Defensa), como congelamiento de activos y prohibición de entrar a Estados Unidos. También podrían ser sanciones económicas a PDVSA como empresa. Pero ciertamente la posibilidad en mente de muchos es la 'opción nuclear': suspender las importaciones de petróleo venezolano", explicó Juan Carlos Hidalgo, analista de políticas públicas para América Latina del Cato Institute, de Washington DC, en diálogo con Infobae.

Los riesgos de la "opción nuclear"

El petróleo es el único producto de exportación relevante que tiene Venezuela, y es su principal fuente de divisas. Sin ellas no podría importar todos los bienes de consumo básico que necesita, de los cuales produce apenas un tercio. Tampoco podría pagar sus elevados compromisos financieros internacionales. Estados Unidos es su principal mercado, lo que vuelve muy vulnerable a PDVSA, porque no le sería nada fácil encontrar otro comprador. Una sanción de peso sería impedirle participar de nuevos contratos con el gobierno federal a través de su subsidiaria, CITGO.

Pero el castigo podría ir mucho más allá: bloquear todas las importaciones de crudo provenientes de Venezuela. La administración Trump está facultada para hacerlo sin pasar por el Congreso, ya que estaría amparada por la Ley de Poderes Económicos de Emergencia Internacional (IEEPA, por su sigla en inglés), que le de al presidente la posibilidad de tomar este tipo de medidas en caso de que haya una amenaza externa a la seguridad de Estados Unidos. El régimen de Maduro sería esa amenaza. Uno de los grandes obstáculos para avanzar en esa dirección es que también tendría un costo para la economía estadounidense.

"Las empresas que importan petróleo de Venezuela han invertido en optimizar sus refinerías para procesar este tipo de crudo, que es más ácido y pesado de lo común. Por otro lado, las exportaciones de derivados de petróleo de Estados Unidos hacia Venezuela han subido substancialmente en los últimos años, ya que la producción de gasolina para consumo doméstico de PDVSA ha caído abruptamente por falta de mantenimiento e inversión en sus refinerías. Estas firmas posiblemente perderían este nuevo mercado de haber sanciones sectoriales a la industria petrolera venezolana", dijo a Infobae el politólogo venezolano Harold Trinkunas, director asociado de investigación en el Centro para la Seguridad y la Cooperación Internacional de la Universidad de Stanford.

No se puede soslayar que Venezuela provee el 8% del crudo que entra a Estados Unidos, lo que convierte a la República Bolivariana en el tercer importador después de Canadá y Arabia Saudita. Es cierto que los flujos vienen en baja desde hace más de diez años, y que eventualmente podrían ser reemplazados por los de otros países, pero igualmente el bloqueo traería consecuencias.

"En las últimas semanas —contó Hidalgo— varias refinadoras que procesan crudo venezolano han hecho lobby con la administración Trump para evitar que eso ocurra. Creo que es muy improbable que la Casa Blanca recurra a esa medida puesto que tendría un impacto en los precios domésticos de combustibles y afectaría la economía de la región del Golfo de México, puntualmente Texas y Luisiana, donde se ubican las plantas que procesan el crudo venezolano".

Pero no sólo hay que mirar las consecuencias para las compañías. Es muy posible que los efectos, aunque leves, también los sientan los estadounidenses en su vida cotidiana. "Es probable que cause un incremento en el costo del combustible y de la energía en general para consumo doméstico. En muchos aspectos, la legitimidad de Trump como presidente descansa en su capacidad, como empresario, para tomar decisiones que corrijan el rumbo de la economía y liberen a muchos ciudadanos de las cargas que están enfrentando. Si se prohibiera la importación de petróleo venezolano, el resultado podría ir en contra de esa meta", afirmó Jennifer Cyr, profesora de ciencia política y de estudios latinoamericanos en la Universidad de Arizona, consultada por Infobae.

De todos modos, aún no se puede descartar la "opción nuclear". Sobre todo porque el contexto político parece ser especialmente propicio para adoptar una decisión fuerte. "El presidente Trump es impredecible y en este momento enfrenta varias crisis domésticas por las revelaciones sobre la relación de Rusia con su campaña presidencial y la imposibilidad de pasar en el Congreso la derogación del Obamacare. Esto lo podría hacer más proclive a una medida extrema contra Venezuela con el fin de 'cambiar la narrativa', por lo menos por unos días. De igual forma, si hay un momento para suspender las importaciones de petróleo venezolano es este, ante el bajo precio y la sobreproducción de crudo. Sin embargo, esta opción siempre tendría algunas repercusiones negativas sobre Estados Unidos, por lo que la sigo considerando improbable", sostuvo Hidalgo.

¿Sanciones para el régimen o para la sociedad?

"Las consecuencias para Venezuela de las sanciones a la industria petrolera serían severas —dijo Trinkunas—. Estados Unidos no sólo es su mayor socio comercial, es uno de los pocos países, aparte de India, que paga precios de mercado por su petróleo. Los otros consumidores de la producción venezolana reciben precios o financiamiento subsidiados, y otra parte importante se exporta a China para el pago de deuda, por lo cual no genera divisas".

El país quedaría muy expuesto porque, incluso sin el castigo, ya se encuentra al borde del default por la escasez de dólares. Sus reservas están en el nivel más bajo de los últimos 15 años: menos de 10.000 millones de dólares. "Bajo estas condiciones —continuó Trinkunas—, Venezuela es considerada como un país de alto riesgo por los mercados internacionales de capitales, por lo cual le resultaría muy difícil contraer nueva deuda para amortiguar el efecto de las sanciones. Y por sus dificultades de flujo de caja ya tiene una moratoria sobre el pago de sus deudas a China, así que esta alternativa también la tiene bloqueada".

Este combo le daría un durísimo golpe al régimen de Maduro, de eso no hay dudas. El problema es que el impacto quizás sería aún mayor para la población, que viene padeciendo desde hace por lo menos tres años una crisis humanitaria cada vez más dramática. "No está claro el alcance total del daño que causaría una prohibición de las importaciones petroleras. Pero es muy probable que afecte negativamente a los mismos venezolanos que Estados Unidos estaría intentando defender, a la oposición y a la gente en general. Así que podría ser contradictorio", reflexionó Cyr.

Dany Bahar, investigador del programa de Economía Global y Desarrollo en The Brookings Institution, think tank de políticas públicas con sede en Washington, consideró que se trata de una pregunta ética: ¿es un castigo al gobierno o al pueblo de Venezuela? El dilema no es de fácil respuesta. "La crisis ya es tan grave, con escasez de alimentos y de medicamentos, que va a seguir empeorando con o sin el embargo —dijo a Infobae—. El Gobierno continuó pagando religiosamente a los tenedores de bonos de Wall Street, recortando gastos en importaciones y generando mayor desabastecimiento, porque su prioridad es mantenerse en el poder a expensas del pueblo. Un bloqueo podría hacerles el escenario mucho más adverso, porque no podrían seguir satisfaciendo a su círculo".

No obstante, por más que se reduzca su margen de acción, no hay ninguna garantía de que sea suficiente para obligar al chavismo a una salida negociada. Delcy Rodríguez dio una clave esta semana durante un acto. "Nos moriremos de hambre, pero igual defenderemos la patria", aseguró la ex canciller. Si donde dice patria se lee gobierno, se puede comprender que el régimen está dispuesto a todo para conservar el poder. Poco importa si tiene que trasladar a la población todo el costo de una eventual sanción.

"Ahí tenemos el ejemplo de Cuba más de 50 años después del embargo. Ya está documentada la vocación del régimen de Maduro de sacrificar la importación de alimentos y medicinas con tal de pagar a los acreedores venezolanos. Un embargo petrolero aceleraría el inminente default de Venezuela, pero aun así el régimen podría mantenerse, al tiempo que se consolidaría la crisis humanitaria que vive el país", concluyó Hidalgo.

LEA MÁS: