El presidente de Brasil, Michel Temer, enfrenta la segunda huelga general convocada por los sindicatos contra las reformas económicas de su Gobierno, debilitado en medio de los escándalos de corrupción que lo han salpicado.
Las centrales sindicales protagonizan este viernes el segundo paro en dos meses para expresar su rechazo a la reforma laboral y a la modificación del sistema de pensiones y jubilaciones que se debaten en el Congreso.
Algunos sindicatos también reclaman la renuncia del presidente brasileño, quien esta semana fue denunciado por la Fiscalía por el delito de corrupción pasiva tras la confesión realizada por uno de los dueños del grupo JBS, que lo acusó de recibir sobornos desde 2010.
Temer, en sus horas más bajas, es investigado, además, por los delitos de obstrucción a la Justicia y asociación ilícita, por lo que el fiscal general, Rodrigo Janot, podría presentar una acusación en los próximos días, después de que la policía concluyera en un informe que el mandatario "obstruyó la investigación" y omitió informar de corrupción.
Força Sindical y la Unión General de los Trabajadores (UGT), dos de las tres mayores centrales del país, creen que la movilización prevista para este viernes será menor que la del pasado 28 de abril, debido, principalmente, a la menor adhesión que se espera por parte de los trabajadores del sector de transportes.
"Se ha creado una expectativa que quizás no pueda confirmarse. Lo que sí habrá serán manifestaciones y paralizaciones en diversas partes de Brasil", afirmó a la agencia de noticias EFE João Carlos Gonçalves, secretario general de Força Sindical.
La huelga supondrá una nueva prueba de fuego para Temer, que lucha para sobrevivir en el Gobierno después de pasar a la historia como el primer presidente brasileño en ser acusado por la Fiscalía, en pleno ejercicio del poder, por un delito penal.
Acorralado por la Justicia, Temer articula desde hace semanas el apoyo de sus aliados para sacar adelante la reforma laboral y la del sistema de pensiones, dos de los ejes centrales de la política económica del Gobierno.
La modificación de las leyes laborales, que abre la puerta a una flexibilización del mercado de trabajo, podría ser aprobada por el Congreso en las próximas semanas, pero los analistas creen que, después del escándalo que salpica directamente a Temer, el Ejecutivo tendrá dificultades para lograr la aprobación de la reforma de las jubilaciones.
El Gobierno considera fundamental contar con las medidas para dar aliento a la maltrecha economía brasileña, que continúa estancada a pesar de la subida del 1% en el primer trimestre del año.
En 2015, el Producto Interior Bruto (PIB) del país se contrajo un 3,8%, la mayor caída en 25 años, y en 2016 se retrajo un 3,6%, que acumuló dos años en terreno negativo por primera vez desde la década de 1930.
A comienzos de este año, el Ejecutivo esperaba para 2017 un crecimiento del 1%, pero el ministro de Hacienda, Henrique Meirelles, volvió a rebajar la víspera la proyección, que se sitúa ahora por debajo del 0,5%.
En la hoja de ruta de la huelga prevista para este viernes también está la alerta contra el desempleo, que supera el 13%, con cerca de 14 millones de personas sin trabajo en Brasil, la mayor economía de Sudamérica.
(Con información de EFE)
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