Una comisión del Senado recomendó este miércoles que sea aprobada la reforma laboral propuesta por el Gobierno del presidente de Brasil, Michel Temer, denunciado esta semana por la Fiscalía por un supuesto delito de corrupción pasiva.
El proyecto, que abre la puerta a una flexibilización del mercado de trabajo, fue aprobado por 16 votos frente a 9, más una abstención, en una sesión de la Comisión de Constitución y Justicia del Senado que duró más de 13 horas.
La reforma continúa su trámite y pasará ahora al plenario del Senado, donde Temer conserva aún mayoría, en un momento en el que su continuidad en el poder se tambalea tras el terremoto político que ha provocado la denuncia en su contra presentada este lunes.
Antes, el texto pasó por la Comisión de Asuntos Económicos, que también se mostró favorable al mismo, y por la Comisión de Asuntos Sociales, que optó por rechazar la propuesta.
La reforma laboral, una de las más polémicas presentadas por el Gobierno, es esperada por las patronales y rechazada por los sindicatos y en uno de sus puntos propone dar valor de ley a los convenios colectivos, se ajusten o no a la normativa vigente.
No obstante, la decisión tomada por la Comisión de Constitución y Justicia supone un cierto alivio para Temer, quien intenta en los últimos días mantener intacta su base aliada en el Congreso ante las graves acusaciones que pesan en su contra.
Las denuncias se fundamentan en las revelaciones a la Justicia de ejecutivos del grupo JBS, quienes acusaron al gobernante brasileño de recibir sobornos desde 2010 y aportaron una grabación en la que el mandatario escucha en silencio o consiente posibles delitos.
En este sentido, la sesión de este miércoles en la comisión de la Cámara Alta se convirtió durante algunas fases en un debate sobre la delicada situación del jefe de Estado.
La oposición denunció su falta legitimidad e hizo un llamado para salir a las calles este viernes, cuando está prevista la segunda huelga general para protestar contra el paquete de reformas económicas emprendido por el Ejecutivo, entre ellas la laboral.
A raíz del escándalo, destapado en mayo pasado, varios partidos minoritarios con representación parlamentaria han abandonado la coalición de Gobierno, pero aún así el oficialismo conserva una clara mayoría en ambas cámaras legislativas.
Un asunto clave para Temer pues, la denuncia presentada por la Fiscalía debe recibir el aval de la Cámara de Diputados (Cámara Baja) como uno de los requisitos para ser aceptada definitivamente, como así recoge la Constitución.
Si al menos dos tercios de los 513 diputados votan por aceptar la denuncia, el trámite regresará al Tribunal Supremo, que decidirá si finalmente instaura el juicio contra Temer, quien en ese caso sería suspendido del cargo durante los 180 días que duraría el proceso.
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