El presidente de Brasil se negó a responder al interrogatorio que la Policía Federal le mandó por escrito esta semana sobre asuntos de corrupción y pidió que se archive la investigación que la Corte Suprema abrió en su contra a partir de la denuncia de Joesley Batista, dueño del frigorífico JBS, de que el mandatario coordinaba el pago de sobornos.
Los abogados de Michel Temer comunicaron en un documento dirigido al magistrado del Supremo Luiz Edson Fachin, que autorizó la investigación contra el mandatario, la negativa de Temer a responder a las más de ochenta preguntas que realizó la Policía.
"El presidente y ciudadano Michel Temer es blanco de una serie de abusos y agresiones a sus derechos individuales y a su condición de mandatario de la nación", dice el documento, al enumerar las razones que lo llevaron "a no responder el cuestionario" que contenía 82 preguntas.
El presidente brasileño recibió el lunes el interrogatorio, que fijaba un plazo máximo para responder de 24 horas, que luego fue ampliado hasta este viernes.
Los abogados del mandatario consideran que hay preguntas "verdaderamente invasivas, y por tanto inoportunas, que buscan simplemente entrar en la vida personal del presidente (Temer) chocando con su intimidad y sin ninguna conexión con las investigaciones".
La defensa agregó que muchas de las preguntas hacen referencia a "hechos extraños a las funciones presidenciales; otras se refieren a períodos fuera de su mandato y algunas a la relación entre terceras personas". En su opinión, el cuestionario no busca "la verdad" sino que intenta "revelar meras circunstancias de delitos que ya estarían probados".
Igualmente, la defensa de Temer concluyó su escrito solicitando a Fachin "promover el archivo de la presente investigación, como expresión del ideal de la Justicia".
Las preguntas de la Policía se basaron en los testimonios prestados por varios ejecutivos del grupo JBS ante la Justicia en el marco de un acuerdo de colaboración.
En sus declaraciones, los propietarios del grupo JBS dijeron que entregaban coimas a Temer desde 2010 y aportaron una explosiva grabación en la que el mandatario escucha en silencio o asiente ante el relato de posibles delitos.
Las grabaciones llevaron a la Corte Suprema a abrir una investigación en contra del presidente por su presunta participación en posibles delitos de corrupción pasiva, obstrucción a la Justicia y asociación ilícita.
En paralelo, Temer afronta estos días un juicio en el tribunal electoral que puede anular su mandato si se demuestra que la campaña de 2014, a la que acudió como candidato a vicepresidente y compañero de la ex presidente Dilma Rousseff, fue financiada ilegalmente.
La crisis política e institucional derivada de estos dos frentes judiciales ha amenazado la continuidad de su gobierno y ha paralizado el trámite en el Congreso de importantes reformas económicas.
La oposición y hasta algunos legisladores de su base oficial han pedido su inmediata renuncia, hechos que se suman al abandono de varios partidos aliados. Sin embargo, Temer, en el poder desde mayo pasado tras la destitución de Dilma Rousseff, ha insistido en repetidas ocasiones en que terminará su mandato, que expira el 1 de enero de 2019.
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